Cuando Petro llegó a la Quinta a devolver la espada de Bolívar, cerró el círculo de un símbolo que él mismo había convertido en el eje de su relato presidencial. Esa espada, que debía seguir siendo una reliquia histórica, terminó transformada en la pieza central de un fetiche ideológico con el que ahora pretende sostener el cuento de una supuesta “segunda independencia”.
Escogió el gesto más teatral posible para escenificarlo: sacar el arma del Libertador de la Casa de Nariño y llevarla en procesión hasta la Quinta de Bolívar. Caminó por Bogotá rodeado de banderas del M-19, y proclamó que la espada “sale hacia la Quinta en ostracismo” y que “el 7 de agosto termina la independencia nacional de Colombia”. No es un detalle menor: es la confesión perfecta.
Nadie puede hablar en serio de independencia después de haber gobernado a merced de aliados narcoterroristas bajo la mal llamada Paz Total. Mientras Petro alzaba la espada como si fuera heredero directo de Bolívar, su gobierno negociaba, toleraba y, en no pocos casos, terminaba fortaleciendo a quienes viven del crimen, del control territorial y del asesinato selectivo. Esa espada no se forjó para acompañar pactos con estructuras criminales, sino para enfrentarlas. Basta recordar lo que realmente pensaba el Libertador sobre los grupos armados ilegales: jamás toleró guerrillas ni bandas que operaran al margen del Estado.
Cuando surgieron facciones o caudillos que desafiaron la autoridad republicana, los enfrentó con dureza, incluso con el fusilamiento. No negociaba con quienes usaban las armas para imponer su voluntad por fuera de la ley. Uno más entre los muchos engaños de Petro a los colombianos.
Estoy convencido de que Bolívar jamás habría hablado de una “segunda independencia” como lo hace el mitómano de Petro. Estoy convencido de que habría mirado, igual que la mayoría de los colombianos, con profunda desconfianza a un gobierno que termina su mandato habiendo debilitado la autoridad del Estado frente a organizaciones armadas que hoy controlan territorios y economías ilegales. A eso se suma lo ocurrido el 20 de julio, cuando presentó un informe de gestión tan pobre e incompleto, con apenas las cifras que le convenían, que raya en lo indecente. Seguridad deteriorada, inversión privada espantada, instituciones erosionadas, corrupción rampante, polarización llevada al extremo. Petro no entregó un país más libre. Entregó uno más frágil, más temeroso y más dividido. Y ahora, en su último tramo, intenta disfrazar su salida de acto de resistencia histórica.
Hay algo todavía más grave. Desde el primer día hasta el último, este gobierno buscó minar la propiedad privada, base material de cualquier democracia que merezca llamarse así. La amenazó, la deslegitimó, la presentó como un obstáculo por vencer. Bolívar no liberó medio continente para que, siglo y medio después, un presidente convirtiera lo que cada ciudadano construyó con su trabajo en botín retórico. La independencia auténtica empieza por garantizar que el Estado deje de ser una amenaza permanente sobre eso mismo.
Por eso, el gesto de devolver la espada a la Quinta, lejos de resultar solemne, se vuelve trágico e irónico. Petro no está custodiando un símbolo: está tratando de apropiárselo justo cuando el pueblo ya le retiró el mandato. Habla del ostracismo del arma cuando el verdadero ostracismo que se avecina es el de un proyecto político que confundió populismo con emancipación y debilidad con generosidad.
La mayoría de los colombianos vio el peligro a tiempo. No se dejó hipnotizar por el relato, ni por las manifestaciones de plaza pública ni, mucho menos, por procesiones simbólicas. Votó para recuperar el sentido común: que la paz no se construye cediendo el monopolio de la fuerza, que la independencia no se decreta desde un atril y que la propiedad privada no es un privilegio, sino una garantía de libertad.
El 7 de agosto no termina la independencia de Colombia, como sostiene Petro. Termina un gobierno que la puso en riesgo. La “segunda independencia” no la organiza quien se rodeó de personas que viven de la violencia. La organizamos nosotros, los colombianos que decidimos no regalarle más tiempo a un experimento que ya demostró su fracaso.
La espada de Bolívar puede volver a la Quinta. Pero que no vuelva cargada del relato falso de quien la usó como utilería mientras negociaba con los enemigos de la República. Su verdadera custodia no está en una vitrina de museo: está en la decisión colectiva de un pueblo que por fin se libra de quienes quisieron reducir la independencia a un eslogan vacío.
El 7 de agosto no marca el final de la independencia. Marca la posibilidad de volver a merecerla. A partir de esa fecha, la espada de Bolívar debe recuperar su sentido original: no es un talismán de redención ideológica ni el emblema de una “segunda independencia” inventada, sino un objeto de autoridad republicana. Bolívar la empuñó para liberar un continente y, después, para imponer orden sobre el caos. Nunca la usó para legitimar la debilidad del Estado frente a grupos armados, ni para disfrazar de paz total lo que, en el fondo, era tolerancia al crimen organizado.
Petro la convirtió en fetiche de su proyecto. La asoció a la Paz Total, a la negociación permanente con estructuras narcoterroristas y a una narrativa de continuidad bolivariana que el propio Libertador habría repudiado. Hizo con ella lo mismo que Chávez y Maduro hicieron en Venezuela: apropiarse del mito para revestir de dignidad histórica un gobierno que erosionó instituciones y convivió con el desorden.
Desde el 7 de agosto, la espada debe volver a significar otra cosa: el monopolio legítimo de la fuerza, el rechazo a la anarquía y una independencia real del narcotráfico, de los poderes paralelos y de los proyectos personalistas disfrazados de redención. Si se la deja con el significado que le impuso Petro, seguirá siendo símbolo de engaño. Si recupera su sentido histórico, recuperará también su dignidad.
El reto de Abelardo De La Espriella y de su gobierno es claro y no admite ambigüedades. No basta con administrar mejor ni con hablar con más autoridad. Se trata de restaurar el principio elemental que Petro diluyó durante cuatro años: que el Estado no negocia su autoridad con quienes viven del crimen y de las armas ilegales.
El presidente electo deberá demostrar, desde el primer día, que la espada de Bolívar vuelve a significar orden y no relato; que el monopolio de la fuerza no se comparte con estructuras narcoterroristas disfrazadas de actores de paz; que la debilidad no se presenta como virtud ni la tolerancia al delito como política de Estado.
Si su gobierno vacila, si confunde otra vez diálogo con rendición o legalidad con permisividad, habrá desperdiciado la oportunidad que el país le entregó. Colombia no necesita otro ciclo de gestos simbólicos. Necesita autoridad real, resultados concretos y la recuperación del territorio que el Estado abandonó.