Pocas cosas son tan peligrosas para una sociedad como la instrumentalización ideológica de la justicia. Cuando las instituciones encargadas de perseguir el delito se someten a una agenda política y acomodan la ley para favorecer a los violentos, la impunidad se convierte en doctrina oficial. Eso acaba de ocurrir con el indignante giro en el proceso penal contra los 11 criminales de la banda conocida como los ‘PPP’, responsables de sembrar terror y desatar una brutal ola de violencia en Bogotá bajo la fachada de la protesta social entre 2024 y 2025.

El frenazo impuesto por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, resultó insólito, pues la audiencia de acusación ya estaba formalmente programada. Lejos de ser un error técnico, esta decisión responde a una clara inclinación ideológica. Al retirarle el expediente a la fiscal especializada que investigó el caso por delitos de terrorismo y trasladarlo a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa, la fiscal general alineó su gestión con la narrativa gubernamental: encubrir el terrorismo urbano bajo la etiqueta de “protesta social”.

¿Por qué razón unos criminales de este calibre reciben semejante beneficio? La opinión pública debe conocer la gravedad de sus actos y saber a quiénes se está protegiendo. Estamos ante una estructura criminal que, según la propia Fiscalía, estaba financiada por el ELN y coordinada por alias Salvatore. Sus integrantes utilizaban carnés falsos de estudiantes para infiltrarse en las universidades públicas, convirtiendo las instituciones de educación superior en centros de operaciones clandestinos para fabricar artefactos explosivos, planear ataques urbanos e instrumentalizar y reclutar jóvenes.

Estos delincuentes se tomaron las calles de Bogotá, donde sembraban el caos mediante el bloqueo violento de vías principales y agresiones directas contra la Fuerza Pública.

Los implicados en esta red, identificados con los alias Copete, Tolima, No educado, Chimoi, Topo, Chinche san, El pri, Garu, 83 y Slow, enfrentan cargos contundentes por terrorismo y concierto para delinquir, conductas registradas en numerosos videos.

Adoptar esta decisión frente a sujetos con semejante prontuario constituye una burla a los ciudadanos y, con razón, tiene alarmado al alcalde Carlos Fernando Galán. El mandatario ha rechazado esta decisión y ha advertido que puede terminar favoreciendo la impunidad y el regreso de estos sujetos a las calles.

Resulta imposible exigirles resultados en materia de seguridad a los alcaldes, si la Fiscalía y los jueces continúan adoptando decisiones que terminan favoreciendo a quienes siembran el terror.

El mensaje para la sociedad es nefasto: ser pillo paga, ser criminal paga, y si la violencia se disfraza de activismo y de protesta social, paga aún más.

Esta condescendencia tiene una raíz muy clara. El presidente Gustavo Petro ha justificado la violencia desde el día de su posesión, cuando defendió a la Primera Línea sabiendo perfectamente que varios de sus miembros cometieron delitos atroces. Esa postura responde a su propia militancia en el M-19, un grupo terrorista del que se enorgullece en público, al afirmar que eran “jóvenes rebeldes”. Sin embargo, los hechos judiciales e históricos documentan que el M-19 recurrió al secuestro, el homicidio, las masacres y el reclutamiento. Una organización que, además, mantuvo vínculos con el Cartel de Medellín de Pablo Escobar para la adquisición de armas, una verdad que el propio comisionado de paz de este Gobierno, Otty Patiño, terminó reconociendo ante la Comisión de la Verdad.

Hoy, la fiscal general se alineó con la misma línea ideológica del presidente Gustavo Petro, quien la ternó para el cargo. Mientras las víctimas siguen esperando justicia y nuestros policías y soldados ponen la sangre en las calles, el ente acusador se esmera en ponerse del lado de los violentos.

Lo que realmente preocupa es el trasfondo político: frente al llamado a la desobediencia civil del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda, quienes, sin una sola prueba, se negaron a reconocer el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella, surge una pregunta inevitable: ¿estará la fiscal allanándoles el camino para que, una vez se posesione el nuevo presidente, generen caos en la ciudad y disfracen esa violencia de protesta pacífica?