El derecho administrativo y las normas que regulan el orden público en Colombia señalan que la Policía Nacional cumple su función constitucional cuando se acerca al ciudadano, escucha sus necesidades y actúa antes de que el conflicto se produzca; esa capacidad de estar presente en la comunidad es hoy el criterio central para medir su eficacia institucional; y es precisamente desde ese criterio desde donde la cúpula de la Policía ha trazado la transformación que la institución viene adelantando.
El primer soporte de esa transformación es el bienestar del propio uniformado; la ley y la doctrina administrativa reconocen que el servidor público actúa con mayor capacidad y compromiso cuando tiene cubiertas sus necesidades básicas; por eso, los programas de salud mental y los subsidios de vivienda que hoy reciben las familias policiales son herramientas de gestión que inciden directamente en la calidad del servicio; un policía con estabilidad familiar y salud emocional está en mejores condiciones de dialogar, mediar y resolver con proporcionalidad; y eso, en términos jurídicos, se traduce en un ejercicio legítimo de la autoridad.
Sobre ese soporte se levanta el segundo: la formación académica y técnica de la institución; los registros institucionales muestran que la presencia policial en los barrios ha reducido los niveles de conflictividad mediante acciones preventivas; al mismo tiempo, una parte importante de los oficiales y suboficiales ha alcanzado formación de posgrado; lo que les permite aplicar las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos con criterio técnico y jurídico en cada actuación.
El tercer componente articula a la institución con la sociedad a la que sirve; los Profesionales Oficiales de la Reserva (Los POR) se constituyen en un componente de alto valor para la institucionalidad de la Policía Nacional y para la sociedad en su conjunto; pues su vinculación incorpora a la estructura policial el conocimiento especializado de médicos, abogados y expertos en políticas públicas, enriqueciendo la doctrina institucional con un criterio civil y técnico que fortalece la institución ante la ciudadanía; su presencia expresa, además, que la Policía es una organización abierta, que se nutre de la sociedad a la que sirve y que responde, con mayor idoneidad, a las demandas que el Estado social de derecho le impone.
Esta nueva cara de la Policía, forjada en el bienestar del uniformado, la formación académica y el aporte técnico de la Reserva, expresa en la práctica los principios constitucionales de dignidad humana, proporcionalidad y servicio a la comunidad; principios que el ordenamiento jurídico colombiano consagra como base de toda autoridad pública; y que la institución materializa, día a día, en cada contacto con el ciudadano.