Fue un acierto retirar a los policías de la estación de Guamalito. Los uniformados en esos corregimientos del Catatumbo y en la mayoría de las cabeceras municipales no cumplen ninguna función relevante. Solo pueden aspirar a salir vivos. Lo sabe el alcalde del municipio de El Carmen, que ahora clama que necesita hablar directamente con el presidente y que han quedado muy preocupados y vulnerables.

Comprendo que tenga que hacer esa declaración, una de tantas mentiras piadosas, porque la realidad es que el territorio está bajo control del ELN desde hace rato y los pobladores estarán contentos y tranquilos, en absoluto inquietos, salvo contadas excepciones, de verlos partir. Unos, porque no sienten confianza alguna con los cuerpos de seguridad del Estado; otros, porque tienen familiares en la guerrilla, dado los lustros de dominio de la zona; el resto, por evitar el riesgo de convertirse en un daño colateral.

La policía, seamos sinceros, ni la quieren ni les sirve para nada en esas localidades de permanente zona roja. Cualquier delito o disputa vecinal suelen denunciarla al ELN, la verdadera y única autoridad local. Además, para un patrullero, que lo destinen a un corregimiento del Catatumbo, lo ven como un castigo, así no lo sea, y un serio peligro. Su única y auténtica misión consiste en aprender a sobrevivir en condiciones extremas y regresar a sus hogares sanos y salvos.

Son conscientes, además, de que casi nadie los quiere de vecinos; incluso en reiteradas ocasiones exigen su desalojo alegando la inseguridad que genera tenerlos en el centro de la localidad. Y en buena parte del Catatumbo están condenados a pasar las 24 horas de los siete días de la semana resguardados en la estación, edificaciones que en su mayoría están en precarias, malas o pésimas condiciones. No pueden ni asomar la cabeza para que no les dispare un francotirador y ni siquiera les venden una gaseosa cuando pisan la calle.

No tiene sentido alguno mantenerlos así y menos en estos tiempos de ataques con drones, que no pueden repeler. Por eso las noches se tornaron infiernos cargados de incertidumbre. Permanecen alerta mirando al cielo y aguzando los oídos para escuchar el zumbido de los aparatos no tripulados cargados de explosivos.

Nunca les han proporcionado los medios necesarios para realizar su labor; menos aún lo hizo el Gobierno Petro, empeñado en debilitarlos y dejarlos a su suerte. Sin olvidar que la policía necesita apoyarse en las instituciones estatales y en El Carmen son otros convidados de piedra.

Lógico que la medida significa un triunfo para los elenos, que remataron la faena destrozando por completo la estación, incursionando en el corregimiento en cuanto la abandonaron. Pero también es un golpe de realidad para el país y el Gobierno. Aunque habría que admitir que a la Colombia citadina el Catatumbo no le quita el sueño, le suena a noticia de Sudán.

Cabe recordar que, bajo el gobierno del impresentable payaso, la región sufrió en enero la mayor estampida humana de la historia. Fue el inicio de una guerra entre Farc y ELN que todavía continúa y no tiene visos de terminar pronto. Ahí es cuando los pobladores comprendieron que vivir bajo el yugo de un grupo, aunque sea un mal necesario para proteger la economía ilegal, ya sea coca o contrabando, termina siendo una pesadilla.

No sería la primera vez que ambas bandas criminales se enzarzan en una sangrienta confrontación. En Arauca libraron enfrentamientos de hasta dos años y cientos de muertos.

Para el Gobierno De La Espriella no será fácil encontrar una solución en el Catatumbo, la segunda área más cocalera de la nación, ante una problemática social enquistada por decenios: una población hastiada de la violencia y, al mismo tiempo, acostumbrada a convivir con las guerrillas y reacia a aceptar al Ejército y la Policía; una oposición irresponsable y cínica que callaba cuando los bombardeos de Petro mataron a 65 menores de edad y ahora intentan sacar al ministro de Defensa por tres adolescentes muertos. Por si faltara algo, persiste el santuario venezolano que protege y fortalece al ELN.

La misma situación de Guamalito la padecen policías de municipios como El Tarra, Hacarí o Convención, por citar solo tres. Pero también en poblaciones del Cauca, sur de Bolívar, Caquetá, Putumayo, Arauca o Chocó.

Envían a uniformados sin recursos ni planes efectivos. Con frecuencia terminan frustrados y decepcionados con el alto mando. O sucumben a la tentación y se corrompen.

El general Mora demostró que tiene el carácter para tomar medidas que son pragmáticas, aunque parezcan gestos de debilidad. Del petrismo recibió una Colombia acosada por grupos armados fortificados junto a unas Fuerzas Militares y Policía Nacional desfinanciadas y desmoralizadas, a las que inocularon el virus de la lucha de clases y la falta de voluntad de combate.

Recuperarlas llevará tiempo, pese a la absoluta determinación del Gobierno de cambiar el rumbo hacia el abismo que marcó Petro.