La discusión sobre la Jurisdicción Especial para la Paz parece haberse polarizado entre quienes defienden su continuidad a toda costa y quienes reclaman su terminación. En medio de esta controversia, han quedado expuestos sus elevados costos, los billonarios recursos públicos comprometidos y los cuestionamientos sobre sus resultados en sentencias y reparación efectiva a las víctimas. Sin embargo, este debate está dejando en segundo plano un asunto igualmente trascendental: ¿está garantizando realmente la JEP el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la seguridad jurídica de los comparecientes de la Fuerza Pública?
Después de años de funcionamiento, es legítimo preguntarse por sus resultados, sus tiempos y la utilización de los importantes recursos públicos destinados a su operación. La independencia judicial debe ser respetada, pero no puede confundirse con ausencia de transparencia o rendición de cuentas, una jurisdicción independiente no es una jurisdicción intocable.
Estas inquietudes ya no provienen únicamente de quienes hemos venido reclamando mayores garantías para la Fuerza Pública en esta jurisdicción. En los últimos días, distintas columnas de opinión, desde posiciones y tonos diferentes, han coincidido en cuestionar la demora de la JEP, la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos, la necesidad de mayor transparencia y la obligación de cumplir su mandato dentro de un horizonte temporal definido. Incluso, voces que participaron directamente en su concepción y que defienden su continuidad reconocen que, después de ocho años de funcionamiento, resulta razonable exigir mayor celeridad, resultados verificables y un plan concreto para superar los retrasos.
Otras opiniones van más allá y cuestionan los resultados frente a antiguos integrantes de las Farc, la reparación efectiva de las víctimas y los elevados costos de la jurisdicción. También advierten sobre el riesgo de que la presión por mostrar resultados termine afectando las garantías de los niveles superiores de mando de la Fuerza Pública. Estas críticas refuerzan la necesidad de exigir a la JEP resultados verificables, tratamiento equilibrado entre los actores y absoluto respeto por la responsabilidad individual y el debido proceso.
Es precisamente allí donde el debate general sobre resultados se encuentra con una preocupación especialmente sensible para la Fuerza Pública. Miles de sus integrantes comparecen ante la JEP y algunos han reconocido responsabilidad por graves conductas. Deben responder por ellas. Pero otros controvierten las imputaciones y tienen exactamente el mismo derecho que cualquier ciudadano al debido proceso, la defensa y la presunción de inocencia.
La responsabilidad penal es individual. Un patrón macrocriminal puede explicar un contexto, pero no reemplazar la prueba contra una persona, el grado militar no demuestra culpabilidad y ejercer el mando no puede convertirse, por sí mismo, en una presunción de responsabilidad. Mucho menos la necesidad de producir resultados debería conducir a flexibilizar los estándares probatorios frente a oficiales de niveles superiores.
Pero existe otra cara que tampoco puede seguir relegada: los miembros de la Fuerza Pública también fueron víctimas del conflicto. Militares y policías fueron secuestrados, asesinados, desaparecidos, mutilados por minas y sometidos a graves infracciones del derecho internacional humanitario. Ellos y sus familias tienen derecho no solo a un reconocimiento formal, sino a representación efectiva, verdad, búsqueda, reparación y un lugar justo en la memoria del conflicto.
Por eso también debemos preguntar cuáles han sido los resultados concretos de los antiguos integrantes de las Farc en el esclarecimiento de estos hechos, en la localización de desaparecidos y en la reparación de sus víctimas. La centralidad de las víctimas pierde sentido si no comprende, en igualdad de condiciones, a todas las víctimas.
La JEP fue concebida como un tribunal de cierre, para contribuir con la reconciliación nacional, no para abrir nuevas percepciones de desigualdad. Su legitimidad no puede medirse únicamente por su autonomía, su presupuesto o el número de personas sometidas a su jurisdicción; debe medirse por la verdad que logra establecer, las víctimas que consigue reparar, las responsabilidades que demuestra y las garantías que ofrece a quienes juzga.
No se trata de impunidad ni de privilegios. Quien cometió un crimen debe responder; quien fue víctima debe ser reconocido y reparado; quien es acusado tiene derecho a defenderse; y quien administra justicia y recursos públicos debe rendir cuentas.
La discusión, entonces, no debería ser simplemente si estamos a favor o en contra de la JEP. La verdadera pregunta es si estamos construyendo una justicia transicional capaz de entregar al país verdad sin sesgos, justicia sin privilegios, responsabilidad sin presunciones, garantías sin excepciones y resultados antes de que termine su mandato.
Esta también es parte fundamental del debate.