Soy víctima acreditada en el Caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el cual investiga el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado colombiano. Soy una de esas niñas a las que les robaron la infancia para convertirlas en instrumentos de guerra. Una de las miles que depositaron su esperanza en la promesa de verdad, justicia y no repetición, pero que hoy vemos cómo esa promesa se desvanece entre el silencio, la indiferencia y la impunidad.
Tenía apenas diez años cuando fui reclutada por las Farc. A esa edad debería haber estado jugando, estudiando y en los brazos de mi madre. En lugar de eso, fui arrancada de mi familia y arrojada a un mundo de violencia, miedo y sufrimiento.
Mi primera experiencia dentro de la organización terrorista de las Farc fue una tortura que jamás olvidaré: fui sometida contra mi voluntad a la implantación de un dispositivo intrauterino. Recuerdo cómo dos hombres y dos mujeres me cogieron a la fuerza, me quitaron el pantalón, me abrieron las piernas y me halaron el útero para implantarme la T de cobre. Perdí el conocimiento. Cuando volví a tener conciencia, vi mis piernas empapadas en sangre. El dolor físico fue impresionante, pero sobre todo la humillación y el terror de una niña que no entendía por qué su cuerpo era tratado como un objeto. Aquella fue la primera señal de que para las Farc no éramos niñas; éramos cuerpos sobre los cuales decidían sin preguntar.
Después llegaron los abusos y los castigos permanentes. Viví consejos de guerra, amenazas y humillaciones. Fui amarrada durante días. Cuando me rehusaba a que me violaran, el castigo era dejarme sola durante horas en medio de la noche en la selva, parada frente a las tumbas de personas ejecutadas. Utilizaban mi miedo como instrumento de control. Mi cuerpo comenzó a deteriorarse entre infecciones, heridas y golpes. Las cicatrices quedaron en mi piel, pero también en mi memoria. Hay heridas que nunca desaparecen porque fueron abiertas en el alma de una niña.
Años después, fui trasladada a San Vicente del Caguán durante la zona de distensión. Allí conocí a Sandra Ramírez, compañera sentimental de Manuel Marulanda Vélez. En aquel lugar aprendimos a obedecer y a guardar silencio. Sin embargo, hay una escena que me persigue hasta hoy: un día, Sandra Ramírez nos ordenó arreglarnos, nos entregó ropa interior de color negro y nos obligó a desfilar frente a ella. Nos dijo que debíamos hacer lo mismo ante los “camaradas” reunidos en un salón. Lo que ocurrió esa noche fue una violación colectiva.
Desafortunadamente, a mí me escogió Pablo Catatumbo. Fue una violación más, un desgarre más, un episodio doloroso que se repitió en tres ocasiones bajo las órdenes de Sandra Ramírez.
Durante años guardé silencio por miedo. Pero un día decidí contar la verdad y declaré durante ocho horas, removiendo mi dolor ante la magistrada del Caso 07, con la esperanza de que Sandra Ramírez fuera vinculada por su papel fundamental en estos hechos. Sin embargo, la esperanza se transformó en frustración. He exigido respuestas y explicaciones de por qué esta mujer, a pesar de su rol clave en estos crímenes, ni siquiera ha sido llamada a versión libre. Tras más de un año de dolorosa espera, el silencio de la JEP ha sido la única respuesta.
Lo que sí llegó fueron las consecuencias de hablar. He recibido amenazas, he tenido que esconderme y mi vida cambió por completo; incluso perdí mi trabajo. Hablar me ha costado demasiado. Lo más doloroso es ver que muchas víctimas seguimos viviendo con miedo y en la pobreza absoluta, mientras quienes fueron nuestros abusadores y reclutadores participan en escenarios públicos, ocupan cargos de poder y recorren el mundo dictando conferencias sin restricciones. Las limitaciones las enfrentamos quienes decidimos denunciar.
También he tenido que reportar situaciones intimidantes por parte del propio tribunal, un trato que no corresponde al que deberíamos recibir quienes estamos acreditadas ante un sistema creado supuestamente para protegernos. ¿Dónde quedaron las garantías prometidas?
Diez años después de la creación de la JEP, seguimos esperando que nuestra voz tenga el mismo valor que la de quienes empuñaron las armas. Seguimos esperando que la verdad avance con la misma rapidez con la que avanzan los beneficios para los responsables de crímenes de lesa humanidad. Para muchas víctimas, la JEP terminó convirtiéndose en un lugar donde las preguntas no tienen respuesta y la espera es interminable.
No pedimos privilegios. Pedimos verdad, justicia y que nadie sea excluido de las investigaciones cuando existen testimonios claros. La paz solo será verdadera cuando las víctimas ocupemos el centro de la historia y no la de sus victimarios, y ningún proceso puede llamarse justo si quienes sobrevivimos al horror seguimos sintiéndonos solos y perseguidos, mientras nuestros verdugos gozan de todas las garantías otorgadas en La Habana y de la protección de la JEP.