El sistema judicial colombiano atraviesa una crisis de legitimidad profunda. No funciona en los casos estrella; la ciudadanía lo percibe, y ese es un diagnóstico que no admite matices. La indignación, aunque a menudo silenciosa, se manifiesta en el escepticismo ante cada fallo, en la exasperación por la inoperancia y en la indignante libertad de maleantes que se pasean sin restricciones por nuestras calles.
El problema trasciende la individualidad de sus protagonistas; es un fallo estructural. Ya sea por su diseño institucional, por sus vasos comunicantes con las demás ramas del poder o por una gestión ineficaz de sus recursos, los resultados del conjunto —léase altas cortes, órganos de control y Fiscalía— son, francamente, paupérrimos.
Comencemos por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que desde el proceso 8.000 se ha consolidado como un testigo mudo de la corrupción. Ya sea en el caso del elefante de Samper o en las graves denuncias contra el gobierno de Gustavo Petro, la constante ha sido la misma: la parálisis deliberada y la ausencia de justicia.
Respecto a la JEP, la indignación ante sus resultados es más que justificada. Es difícil defender un tribunal que, tras recibir cerca de 4 billones de pesos, se ha visto envuelto en polémicas por arriendos estrafalarios y los ‘viajes trotamundos’ de sus magistrados, mientras que, en la práctica, no ha recuperado un solo peso de los activos ocultos de las antiguas Farc, ni ha garantizado la reparación efectiva de las víctimas. A la fecha, el país sigue esperando una sentencia que represente un castigo proporcional a la gravedad de las atrocidades cometidas durante el siglo pasado.
El panorama en la Fiscalía, bajo la gestión de Luz Adriana Camargo, no es más alentador. La percepción de inacción es abrumadora: desde el caso de enriquecimiento ilícito y lavado de activos del hijo del presidente— quien permanece fuera de reclusión—, hasta la libertad por vencimiento de términos de protagonistas del escándalo de la UNGRD, como el exministro Ricardo Bonilla y la asesora Sandra Ortiz. A esto se suma el inquietante caso del contrabandista conocido como Papá Pitufo, en el que se denuncia el freno deliberado a capturas, el relevo repentino de los fiscales del caso y una preocupante falta de control sobre informantes que, a la vista de todos, exhibieron incrementos patrimoniales injustificados.
La Corte Suprema tampoco escapa al escrutinio. Resulta difícil de explicar el “espíritu de cuerpo” con el que sus magistrados respaldaron a la Sala de Instrucción, responsable de permitir el vencimiento de términos de los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Es legítimo que las instituciones se protejan de amenazas externas, pero es inaceptable que avalen comportamientos que rayan en la complicidad. Habrá que esperar si la imputación contra el congresista Álex Flórez —quien, en estado de alicoramiento y agresividad, intentó ingresar una menor de edad a un hotel— corre con mejor suerte que la del representante David Racero, declarado inocente en el caso Fruver, a pesar de las evidencias sobre el uso indebido de su UTL para negocios particulares.
La Corte Constitucional también sale mal librada. El involucramiento del magistrado Vladimir Fernández en el escándalo de la UNGRD, evidenciado en chats donde participa activamente en nombramientos y coordina entregas de dineros públicos, es un golpe demoledor a su credibilidad. Esto se suma a su postura —difícil de defender— sobre la constitucionalidad de la reforma pensional, aprobada en medio de denuncias por sobornos con recursos públicos, sin olvidar el precedente histórico del caso Pretelt.
Estas actuaciones, sumadas a los múltiples escándalos que apenas comienzan a desvelarse —desde las declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez sobre la ex primera dama Verónica Alcocer, hasta las irregularidades en la entrega de tierras, la contratación masiva e innecesaria en entidades públicas y el desfalco de la Nueva EPS—, exigen una revisión de fondo de la estructura, el presupuesto y la idoneidad de quienes dirigen nuestra justicia. ¿La Procuraduría y la Contraloría?, bien gracias.
Es indudable que las altas cortes han servido como contrapeso a los excesos del Ejecutivo en el pasado, pero hoy es imperativo impedir que se normalice la impunidad, la negligencia y las relaciones incestuosas con el poder político. Estas deficiencias no son culpa de una sociedad que no denuncie, ni de una academia que no forme buenos ciudadanos; son la realidad de un sistema permeable a granujas facinerosos, dotado de un poder inmenso que pocos se atreven a cuestionar.
El primer paso para recuperar la confianza es reconocer la necesidad urgente de una reestructuración que no será fácil. De lo contrario, muchos colombianos seguirán esperando que, ante la inoperancia local, sea la justicia estadounidense —con sus propios intereses, claro está— la que termine condenando a los intocables que agobian a nuestra sociedad. Ya lo está empezando a hacer, bajo la aprobadora mirada de los colombianos, con el retiro de visas y la inclusión de forajidos en la lista Ofac.