Nunca en Colombia existió un gobierno tan cercado por el delito como el que acaba de terminar. Nunca se había hecho un uso tan descarado de los recursos públicos para generar contrataciones de personas e infraestructura buscando —de manera desesperada— la continuidad de ese circuito de latrocinio que representaron los pasados cuatro años. Realmente, Colombia se salvó de haber caído irremediablemente en el mayor abismo oscuro de su historia.
La izquierda había llegado al poder en Colombia aupada sobre la poderosa narrativa de la corrupción en los gobiernos que la habían antecedido. Tocaron la fibra del hastío de millones de colombianos con gobiernos donde siempre hubo algún episodio emblemático: el Proceso 8.000, la Yidispolítica, Odebrecht, los Centros Poblados, etc. Tanto los políticos del Pacto Histórico como sus influenciadores y sus bodegas supieron inducir en la mente de los colombianos la necesidad de cortar esta senda y asumir un supuesto cambio que ellos representaban.
Y habían transcurrido pocos meses del gobierno del “cambio” cuando me invitaron a un debate sobre la reforma de la salud. El escenario fue el emblemático auditorio Luis Carlos Galán, de la Universidad Javeriana y, en un momento de especial intensidad, el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón le recordó a Miguel Uribe (q. e. p. d.) la frase atribuida a su abuelo de “devolver la corrupción a sus justas proporciones”.
No obstante, fue muy valiente y contundente la respuesta del senador Uribe, pero ese momento redirigió todo el debate hacia la agenda que había llevado a Gustavo Petro a la Presidencia. Ese probi homine (prohombre) había dedicado la última parte de su vida política a perseguir la corrupción, con notables ejemplos como las denuncias sobre el “carrusel de la contratación” acaecidas durante la alcaldía de Samuel Moreno.
Después de cuatro años de gobierno de izquierda, los escándalos de corrupción fueron su mayor y único legado de un gobierno con abdicación de funciones y que fue incapaz de desarrollar las reformas sociales que prometió. Salieron por la puerta de atrás por presuntas incriminaciones que llegaron desde el propio palacio presidencial. Varios ministros y consejeras presidenciales en juicio; el hombre de confianza asilado en Nicaragua y huyendo de la justicia; miembros de la propia familia presidencial involucrados en hechos de corrupción y un presidente que sumó nueve meses por fuera del país en improductivos viajes al exterior. Los colombianos asistimos a las patéticas revelaciones de propios funcionarios de gobierno que rayan en lo absurdo.
Por eso, hoy la frase del presidente Turbay Ayala aplica como nunca al Pacto Histórico: la levedad y autocomplacencia por parte de los representantes del progresismo con la corrupción del gobierno Petro es realmente pasmosa. Escuchar esta semana al señor Carrillo aceptar que en el gobierno petrista hubo corrupción, pero que el problema fue la forma en que los medios de comunicación la magnificaron, es una vil muestra del tamaño de la putrefacción de los integrantes de ese movimiento y trae a colación la explícita aceptación de la proporcionalidad en la corrupción.
Si la izquierda no reacciona y redirecciona sus sucias intenciones, perderá lo alcanzado hasta el momento. Es indudable que Colombia necesita una izquierda robusta, que posibilite una alternancia del poder y elimine el monopolio de grupos políticos sobre el gobierno. Pero no una izquierda esquilmada por la ciega ideología y la voracidad sobre los recursos públicos. Es muy improbable que hagan un examen de conciencia y reconozcan sus crasos errores ante los colombianos. Su negación terminará manchando incluso a aquellos que han actuado de manera correcta y con respeto por los recursos públicos.
Y más allá de los cálculos políticos, los colombianos necesitamos saber a profundidad qué sucedió en el anterior gobierno con los dineros públicos de los ciudadanos. Urge trascender e investigar los rumores sobre las ventas de intervenciones a intereses particulares en instituciones públicas. Es menester que cada entidad estatal tenga un corte de cuentas forense de los pasados cuatro años. Así mismo, los organismos de control y, en especial, la Fiscalía General de la Nación tienen la inmensa responsabilidad ante el país de adelantar esa tarea investigativa y de responsabilidad fiscal y penal de manera pulcra, transparente y objetiva, sin que les fallen a todos los colombianos.