A regañadientes y, sólo ante el fallo de un juez, se logró la publicación de los estados financieros de la Nueva EPS a corte de 2024. Pero como es ya costumbre en este agonizante gobierno, la respuesta entregada a la justicia fue parcial e incompleta. Parcial porque quedaron pendientes los vencidos estados financieros de 2025. De 2023 únicamente aparecen los correspondientes al tercer trimestre que dejó la administración que venía desde el gobierno anterior. Corolario de una fallida intervención que se justificó en la necesidad de mejorar la gestión.

Incompleta, porque lo entregado para 2024 sólo corresponde a estimaciones de la administración sobre la situación financiera de la EPS. En la carta que se anexa a la publicación de los estados financieros la revisora fiscal, Gladys Asprilla, pudorosamente afirma que “la firma incorporada…tiene por finalidad dejar constancia del estado que se reciben y remiten…, pero no constituye dictamen, opinión de auditoría, aprobación integral, ni certificación sobre la razonabilidad de las cifras…”.

Mejor dicho, el país -después de 18 meses- recibió los estados financieros 2024 de la EPS que vela por la salud de 12 millones de colombianos ¡sin el requerimiento legal de aprobación por parte del Revisor Fiscal de la entidad! Pese a lo anterior, y como era de esperarse, el presidente Petro señaló como responsables de los desastrosos “hallazgos” a la junta y administraciones anteriores. Gobierno intangible: Intervino, pero no gerenció, actuó, pero no asumió. Sólo shu, shu, shu y nada de paletas.

Pero la dura realidad la han padecido los pacientes. Capítulo final de la catástrofe que han representado las intervenciones ordenadas a través de la Superintendencia Nacional de Salud y que tienen al sistema en cuidados intensivos. Han generado miles de muertes, millones de pacientes han dejado de recibir atención y dispensación de sus medicamentos; en una situación que se agravó diariamente -de manera acelerada- ante la impasividad de un ministro irresponsable y unos superintendentes negligentes, por decir lo menos.

Como si fuera poco, la validez de las estimaciones financieras también está en entredicho. Incluyen un sospechoso ajuste a las cifras que venían de 2023 y que en su informe introducen en una columna titulada “2023 Re expresados”. Es imposible saber de dónde vienen esos ajustes y cómo se hicieron, porque tampoco hay estados financieros entregados al cierre de 2023. Sin ese ajuste, los resultados serían todavía peores y la pérdida del ejercicio de 2024 superaría los 11 billones de pesos.

Pero aún en medio de la oscuridad, las cifras entregadas por la intervención de la Nueva EPS muestran, de alguna manera, el naufragio financiero que recibirá el nuevo gobierno a partir del próximo 7 de agosto. Para la vigencia de 2024 reconocen una pérdida de 4,8 billones de pesos; 22 billones de obligaciones pendientes de pago y 8,6 billones de anticipos. Analizando esta situación, es posible que, con la compensación ex post que reciba a través de las estimaciones de la Cuenta de Alto Costo, el pasivo corriente de la entidad en 2024 gire alrededor de los 17 billones de pesos. Si se proyectan los datos a 2025 y 2026, ese pasivo podría superar los 40 billones.

Esa es la prueba fehaciente que la Unidad por Capitación (UPC), calculada por el ministerio de Salud, no le alcanza a la entidad y la razón por la que mandaron a callar al actual interventor, cuando se manifestó en tal sentido. Los pasivos por reservas técnicas no cuentan con el mínimo respaldo necesario para amparar las obligaciones. Si se sigue la narrativa oficial del gobierno, que las administraciones anteriores se apropiaron de las reservas técnicas (sic), la pregunta que surge es ¿dónde están las reservas del ejercicio de 2024?, ¿quién del actual gobierno se las apropió? Obviamente estas preguntas se quedarán sin respuesta en los próximos 20 días de desbandada de gobierno.

Si fuéramos un país serio, las responsabilidades de los ministros de Petro -incluyendo sus superintendentes e interventores- deberían ser resueltas por las instancias de control del Estado y también por los jueces para hacer justicia a los fallecidos y discapacitados que dejaron sus acciones. Pero lo urgente para el gobierno De la Espriella es resolver la situación financiera de manera inmediata.

¿Qué debe hacer el nuevo gobierno ante la magnitud del desastre? Recibe contra la pared y no puede seguir la receta del gobierno Petro de no asumir las deudas de vigencias anteriores. Sería la quiebra de una estructura asistencial hospitalaria ahogada en carteras impagas. Un asunto son las responsabilidades del desastre, otro es cómo hacer reflotar el sistema de salud.

La entrante administración de la Nueva EPS deberá procesar y conciliar 18 billones de pesos de facturas de la vigencia 2024, más las indeterminadas y correspondientes a 2025 y 2026. Tarea que no hizo el presente gobierno. Además, tendrá que conciliar los anticipos y empezar a irrigar recursos de manera estratégica a la red para reactivar los servicios a sus afiliados. Debe recuperar la confianza de la red que dejó de prestarle servicios y fue reemplazada por operadores cuestionables.

Pero más allá de lo anterior, deberá definir rápidamente el futuro de la entidad. Es un escenario muy complejo porque liquidar, de entrada, llevaría a escenarios de desatención a los pacientes; a ralentizar los flujos financieros a las IPS y a generar riesgos al Estado, como ha sucedido en situaciones anteriores. Pero es una opción que aparece sobre la mesa, si se mira el problema desde un lente fiscal.

El riesgo sistémico de extirpar el cáncer de la Nueva EPS, puede ser peor el remedio que la propia enfermedad. Es necesario combinar los escenarios de corto y largo plazo del sistema para no morir en el intento. Hay que resolver la estructura futura del aseguramiento en salud, así como temas relacionados con la territorialización; el modelo de atención: redefinir condiciones de los mercados de aseguramiento y el plan de contingencia. Todo debería resolverse en conjunto con el futuro de la Nueva EPS y, tampoco, se puede deslindar de una ruta que incluya las decisiones sobre las demás EPS intervenidas.

Al nuevo gobierno le debe quedar en la retina: Incluir ideología y politiquería en el sistema de salud solo lo lleva a la hecatombe. Los aspectos técnicos del sistema deben blindarse de los intereses y las visiones políticas. Si no se entiende la lección sufrida por los pasados y desastrosos cuatro años, los colombianos estaremos expuestos a la peor crisis humanitaria que podamos imaginar.