Miren que sí se podía. Apenas horas después del triunfo demócrata en la elecciones de midterm en EE. UU., queda claro que las grandes tecnológicas han perfeccionado una capacidad camaleónica de quedar bien con quien necesitan estar bien.

Nada más comenzar su segundo mandato, el presidente Donald Trump vio a las multinacionales más poderosas de la tecnología hacer fila para cortejarlo. No fue solo que Google aceptara sin más cambiar el nombre del Golfo de México o del lago Ontario, o que Tim Cook le llevara un literal trozo de oro como regalo, sino que una corte de los nombres más rutilantes de Silicon Valley firmó, como si nada, un documento que respaldaba la decisión absurda de cambiar el descriptor ‘Inteligencia Artificial’ por ‘Súper Inteligencia’.

Por el camino, las marcas que respaldaron, durante los años de Obama y de Biden políticas de inclusión y sostenibilidad, que ponían arcoíris en sus redes durante el mes del orgullo y que se ufanaban de sus prácticas incluyentes, las dejaron a un lado para no hacer olas, no hacer ruido, no despertar al dragón. A cambio, el futuro les prometía cero restricciones para el despliegue de sus data centers y, ante los reclamos de poner reglas al desarrollo de IA de frontera, la vía despejada de la autorregulación. El curso podría ser incómodo, pero era claro y lleno de certezas.

Bueno, con los demócratas obteniendo mayorías contundentes tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de EE. UU., las cosas cambian. Y las certezas operativas de la industria ya no lucen tan claras. Más de una treintena de jurisdicciones en nueve estados votó contra la instalación de data centers. Los votantes rechazaron rotundamente los centros de datos en casi todos los lugares en los que su presencia fue sometida a la voluntad popular y votaron a favor de moratorias, prohibiciones totales y otras medidas; algunas en respuesta directa a proyectos específicos que ya están en marcha.

En ningún lado fue más visible ese rechazo que en Texas, que se perfilaba como la tierra prometida para el despliegue de infraestructura física. La victoria de James Talarico en su aspiración al Senado y de Gina Hinojosa en la gobernación, así como el avance de bloques legislativos críticos del impacto social de los centros de datos marcan el fin de las facilidades irrestrictas. La campaña no solo expuso las tensiones en el estado, sino que convirtió los permisos de construcción de gran escala en un frente de batalla.

Esto es así porque las granjas de servidores optimizadas para el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje exigen densidades energéticas sin precedentes en la computación comercial. Un solo complejo de gran tamaño requiere capacidades de potencia medidas en gigavatios, equivalentes al consumo de ciudades enteras. A esa presión se suma el factor hídrico: las estimaciones de la Universidad de Texas señalan que el consumo de agua destinado a la refrigeración de servidores pasará de representar menos del 1 % del total estatal a sobrepasar el 9 % en las próximas décadas, si las construcciones continúan al ritmo actual.

Las propuestas de la industria

El asunto se complica porque las tecnológicas cotizadas en bolsa compiten no solo en la viabilidad de sus proyectos, sino en la velocidad con la que pueden ponerlos a operar. Cada mes de retraso en la puesta en marcha de un clúster de unidades de procesamiento gráfico se traduce en millones de dólares en depreciación de hardware inactivo. La posibilidad, ahora muy real, de moratorias prolongadas y la exigencia de inversiones obligatorias en generación renovable propia cambian el cálculo de retorno de inversión. La tierra barata y las promesas de desregulación ya no compensan la incertidumbre de una red eléctrica al límite de su capacidad y un entorno regulador vigilante y escéptico.

Enfrentadas a esta nueva realidad, las tecnológicas buscaron en el baúl y hallaron prácticas que acumularon polvo durante dos años. OpenAI afirmó, apenas horas después de las elecciones, que evitará los acuerdos de confidencialidad cuando negocie acuerdos con centros de datos y que tomará medidas para asegurase de que los residentes no paguen por la electricidad para alimentar esos proyectos.

Por su parte, Google, que se propone invertir 17.000 millones de dólares para construir su primer centro de datos en Wyoming, anunció, al momento de hacer su oferta, que pagará toda la energía que consuma y formará un Consejo Comunitario para abordar las preocupaciones de crecimiento. Anthropic, que ha señalado que podría gastar hasta 895.400 millones de dólares en potencia de cálculo en los próximos años, ha sido sumamente vocal en expresar su temor de que las moratorias retrasen, o de plano impidan, la construcción de las instalaciones que necesita.

Mientras las acciones de las empresas que construyen data centers cayeron —entre un 7 y un 10 % en las jornadas posteriores a los comicios—, algunos han tratado de tomarse el asunto con humor. Elon Musk, que invirtió casi 500 millones de dólares en apoyar candidatos republicanos y que famosamente se mudó, en diciembre de 2020, a Texas, a donde llevó la sede de SpaceX, escribió en su cuenta de X: “Los data centers en el espacio lucen bastante atractivos ahora mismo”.

Los impulsores de su construcción argumentan que los centros de datos generan ingresos fiscales locales sustanciales, financian beneficios comunitarios y son infraestructuras digitales esenciales, a menudo comparadas con el petróleo que impulsó los mercados que dieron forma al siglo XX. Pero el rechazo popular no puede atribuirse, de manera facilista, a la ignorancia o, como escuchaba recientemente decir a un analista nacional, a la idiotez.

Las encuestas muestran que la oposición pública suele suavizarse significativamente cuando los desarrolladores se comprometen con mejoras de la red, reciclaje de agua y fuentes de energía limpia, como la solar, o el almacenamiento en baterías. La elección, a futuro, no tiene que ser entre todo y nada. Más que estar a favor o en contra, el enfoque más sensato es exigir rendición de cuentas y una regulación estricta —como protecciones sensatas para los contribuyentes, transparencia en la aprobación de proyectos y mandatos de energía limpia— en lugar de prohibiciones totales o un desarrollo completamente sin restricciones.