¿Qué delito cometieron los integrantes de Esperanza, Paz y Libertad para terminar perseguidos y asesinados? Uno imperdonable para las Farc: abandonar las armas, aceptar las reglas de la democracia y disputar el poder con votos.

Esa fue la tragedia de quienes creyeron que la paz les permitiría regresar a la vida civil. Más de 30 años después, sus sobrevivientes siguen reclamando que la justicia esclarezca plenamente los crímenes y las responsabilidades de quienes ordenaron su persecución.

En 1991, el EPL dejó las armas y buena parte de sus integrantes emprendió el camino de la participación política a través de Esperanza, Paz y Libertad. En Urabá, donde lograron respaldo entre trabajadores y campesinos, ese tránsito se convirtió en una sentencia de muerte para muchos de ellos.

Las Farc, que continuaban en la lucha armada, participaron en una persecución sangrienta contra quienes habían sido sus adversarios en la insurgencia y ahora competían por la representación popular.

Las masacres de La Chinita y Bajo del Oso recuerdan hasta dónde llegó aquella violencia. Entre las víctimas estaban quienes habían dejado las armas para ejercer sus derechos políticos. Por eso resulta indispensable esclarecer no solo quién disparó, sino quién ordenó los crímenes, con qué propósito y bajo qué estructura de mando.

Tres décadas después, los sobrevivientes denuncian que tampoco encuentran respuestas en la Jurisdicción Especial para la Paz. El Comité de Impulso de Esperanza, Paz y Libertad ha advertido que sus integrantes podrían renunciar a su acreditación como víctimas ante la JEP. Cuestionan la valoración de las pruebas, el reconocimiento de los móviles políticos de la persecución y el alcance de las responsabilidades investigadas.

Es una advertencia que no puede despacharse como una inconformidad procesal. Quienes entregaron las armas para confiar en las instituciones denuncian hoy que la justicia transicional no escucha sus reclamos. ¿Cómo explicar que víctimas de una persecución de semejante magnitud contemplen apartarse de la jurisdicción creada precisamente para reconocerlas?

La JEP ha investigado estos hechos en el Caso 04, correspondiente a la situación territorial de Urabá. Sería inexacto afirmar que nada ha hecho. Pero investigar no equivale a esclarecerlo todo. La cuestión de fondo es si ha reconocido suficientemente la dimensión política de la persecución y si está avanzando hacia la determinación de las responsabilidades de quienes dieron las órdenes.

¿Acaso el asesinato reiterado de militantes de una organización política, por su decisión de participar en democracia, no exige examinar rigurosamente la posible configuración de un genocidio político? Ya no hablo de la fuerza pública, que ha sido mi permanente preocupación. Hablo de una organización de izquierda armada.

La respuesta no puede depender de la identidad ideológica de las víctimas ni de la conveniencia política de sus victimarios. Corresponde a los magistrados valorar las pruebas y explicar sus conclusiones con argumentos jurídicos, no con silencios.

Especial atención merecen los testimonios de alias Karina y alias Garganta sobre órdenes atribuidas a mandos de las Farc. Según denuncia el Comité, durante siete años la JEP no los habría llamado a declarar. De ser así, la jurisdicción debe explicar qué diligencias adelantó, cómo examinó las versiones disponibles y por qué no practicó las pruebas reclamadas. La verdad sobre los ejecutores no puede sustituir la verdad sobre quienes planearon y dirigieron la persecución.

Hay otra institución que debe responder: la Defensoría del Pueblo. Iris Marín promovió una tutela contra mí por mis declaraciones sobre la Unión Patriótica, apoyándose en las decisiones de la justicia interamericana. Cumplí la orden judicial, aunque controvertí sus fundamentos, y el asunto fue seleccionado para revisión por la Corte Constitucional.

Ahora bien, ¿qué actuaciones ha adelantado la Defensoría para reclamar con igual determinación el esclarecimiento de los crímenes contra Esperanza, Paz y Libertad? No pretendo desconocer el sufrimiento de las víctimas de la Unión Patriótica ni las responsabilidades establecidas por los tribunales. Exijo que las víctimas perseguidas por las Farc reciban idéntica atención institucional. Los derechos humanos no admiten jerarquías ideológicas.

He sostenido que la JEP es un tribunal de impunidad, concebido a la medida de las Farc. Esa es mi posición política, y este caso alimenta mis reparos. Una jurisdicción que pretende cerrar las heridas del conflicto debe garantizar que las víctimas conozcan los hechos, las cadenas de mando y las responsabilidades individuales. Y debe explicar con transparencia las decisiones que adopta, incluso cuando no coincidan con lo solicitado por los sobrevivientes.

Los antiguos jefes de las Farc deben aportar toda la verdad que conozcan sobre la persecución de Esperanza, Paz y Libertad. Si los sobrevivientes consideran vulnerados sus derechos, deben poder acudir a los mecanismos judiciales pertinentes. Lo que no puede ocurrir es que el paso del tiempo termine convirtiendo sus preguntas en asuntos olvidados.

Si la JEP se niega a reconocer esta verdad, acompañaremos las acciones legales pertinentes y acudiremos, si es necesario, a la Corte Constitucional o al sistema interamericano. Los sobrevivientes de Esperanza, Paz y Libertad tienen derecho a agotar las vías para conseguir justicia.

Una justicia que mide a las víctimas con dos varas no merece una prórroga. Con o sin la JEP, se sabrá la verdad.