Tres días después de la sanción de la ley de sometimiento, un ataque con drones cargados de explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, dejó tres soldados asesinados. Los atentados en inmediaciones del hospital de Balboa y contra la sede de RCN en Cali muestran hasta dónde llega la amenaza. Y el secuestro sigue condenando a familias enteras a la angustia del cautiverio. Urge recuperar el territorio. Y también el cielo. Hoy, en Tibú, Norte de Santander, otro ataque con drones dejó cuatro militares muertos.

Me opuse frontalmente a la paz total. Mientras Petro multiplicaba las mesas, los grupos armados ampliaban sus filas y su dominio sobre las comunidades. Cuando el Estado cede terreno, el ganadero sufre el abigeato y el secuestro, el comerciante paga extorsión, el transportador queda a merced de los retenes ilegales y las familias temen que les recluten a sus hijos. Esa es la herencia que recibió el nuevo Gobierno.

En esto, el Gobierno acertó. La Ley 2640 de 2026 abre un camino de sometimiento a la justicia bajo condiciones que fija la República. Quien quiera acogerse deberá entregar las armas, responder ante la justicia y contribuir al desmantelamiento de su organización. El mayor riesgo es que el sometimiento termine convertido en un relevo de personal: unos hombres comparecen ante un juez y otros heredan las rutas, las rentas y el control de las comunidades. Ahí se juega el éxito de la ley.

La autoridad es la primera garantía de la libertad. En un municipio donde una banda decide quién entra, quién sale y cuánto cuesta trabajar, los derechos existen en el papel. Imponer la paz significa devolverle a la ley su imperio y a los ciudadanos la libertad de decidir sobre su propia vida. Esa es la obligación que el Estado tiene con los colombianos, vivan donde vivan.

Colombia ya conoce el costo de ceder la iniciativa. Al fracaso del Caguán le siguió la seguridad democrática de Álvaro Uribe, que recuperó la iniciativa militar y debilitó a las Farc. Santos recibió esa ventaja y optó por la negociación de La Habana. Durante su gobierno se suspendió la aspersión aérea y el acuerdo privilegió la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Petro profundizó la política de concesiones con la paz total. Recuperar la autoridad exige golpear las economías criminales que financian las armas, compran complicidades y sostienen el dominio de las bandas sobre las comunidades.

La primera tarea es recuperar el cielo. Entre el 1.º de enero y el 1.º de octubre de 2026, la fuerza pública registró 318 ataques con drones, según la Fundación Ideas para la Paz. Es un ataque cada 20 horas. Las bases militares y las estaciones de Policía más expuestas necesitan sistemas de detección y protección, personal entrenado y equipos que demuestren su eficacia en el terreno. Esa brecha está costando vidas.

La segunda es fortalecer la inteligencia y la investigación financiera para desarticular las redes que sostienen a esas organizaciones. El narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión les permiten reponer hombres y armas. Y una vez recuperado el territorio, el Estado tiene que quedarse. La justicia debe estar al alcance de quien denuncia una extorsión y las comunidades deben contar con vías y condiciones para producir dentro de la legalidad.

La prueba más exigente vendrá después de la entrega de armas. Si al mes siguiente otro cobra la misma extorsión o vuelve a cerrar la misma carretera, la organización conserva su poder. Por eso, el Gobierno debe seguir lo que ocurre en cada municipio después del sometimiento y proteger a quienes se atreven a denunciar. De esa protección depende que la gente vuelva a confiar en la justicia.

La tercera es aprobar un estatuto antiterrorista eficaz y jurídicamente sólido. El Congreso debe darle prioridad a la iniciativa anunciada por el Gobierno, actualizar las herramientas para perseguir la financiación criminal y responder al uso de drones con explosivos. Cada facultad debe tener un propósito claro y controles que permitan exigir responsabilidades.

Las víctimas deben ocupar el centro de esta política. Tienen derecho a saber qué ocurrió con sus familiares desaparecidos, a participar con garantías y a recibir reparación efectiva con los bienes recuperados. Cada beneficio penal debe corresponder a obligaciones cumplidas. El Gobierno deberá rendir cuentas sobre las estructuras desmanteladas, las armas entregadas, los secuestrados liberados y los menores recuperados. También deberá mostrar si disminuyeron la extorsión, el reclutamiento y el desplazamiento.

Que se sometan los criminales. Al Estado le corresponde hacer cumplir la ley y recuperar el territorio. Sabremos que lo ha recuperado cuando el ganadero pueda volver tranquilo a su finca, el comerciante pueda abrir su negocio sin pagar extorsión y el transportador pueda recorrer las carreteras sin miedo.