Los colombianos nos hemos vuelto expertos en buscar motivos para generar debates y confrontaciones. La mayoría de ellos no contribuyen a la construcción del país que decimos buscar y, por el contrario, dividen y terminan sumidos en ese agujero negro de la memoria colectiva adonde va a parar todo lo fútil. En el circo político de nuestro país, cualquier aspecto que permita darle visibilidad a los tantos actores de la función de turno resulta propicio para generar la controversia necesaria para atraer la atención de micrófonos y cámaras, pues la popularidad parece medirse por el tiempo al aire y no por las ejecutorias en la gestión del servidor público.
Superados los debates —en los medios y en los tertuliaderos— sobre el resultado de las elecciones presidenciales y aquellos generados por el anuncio de no reconocimiento por parte de quien, paradójicamente, representa hoy la máxima expresión de la voluntad popular en las urnas, el país se enfrenta a un debate abierto sobre el lugar donde se podría realizar la posesión del nuevo mandatario de los colombianos.
En julio del presente año, una vez concluida la primera vuelta electoral, el entonces candidato Abelardo De La Espriella anunció que, de resultar electo presidente de Colombia, realizaría dicho acto en una guarnición militar y no en la Plaza de Bolívar, como ha sido tradicional a lo largo de las últimas décadas. Ese anuncio no mereció en su momento mucha atención, pues los políticos de oficio no pensaron que alguien sin ninguna experiencia en lo que quiera que sea hoy la política —un outsider— pudiera ganar unas elecciones presidenciales en Colombia.
Pese a todos los vicios y presiones existentes en el ejercicio de la política de nuestro país, el señor De La Espriella ganó las elecciones en la segunda vuelta y, una vez oficializado su triunfo, insistió en que el acto de posesión se realizaría en las instalaciones de alguna unidad militar. Fue entonces cuando el debate se abrió a la oferta y demanda de opiniones y comentarios, provenientes de especialistas o no, de contradictores, de seguidores y de los medios de todo tipo.
El debate real se debe dar, entonces, en el seno de la entidad en la que recae la responsabilidad de recibir el juramento del nuevo presidente de los colombianos, y esa no es otra que el Senado de la República. Esto implicaría que, para tal efecto, este deberá sesionar en pleno fuera de su sede natural, el Capitolio Nacional, lo que sería algo inédito en estos tiempos. La historia registra sesiones plenarias fuera de la capital del país durante los eventos fundacionales de la República, como fueron los congresos de Angostura, Cúcuta y Villa del Rosario. Sin embargo, solo comisiones específicas han sesionado en lugares determinados del territorio nacional, tras el cumplimiento de las normas estatutarias para ese fin.
No obstante, la Constitución Política de 1991 contempla en su artículo 140 que las cámaras podrán, por acuerdo entre ellas, trasladar su sede a otro lugar. De conformidad con esta apertura constitucional, el Senado debatió, votó y aprobó, por 55 votos a favor y 32 en contra, que dicho acto de posesión se realizara en otra ciudad de la patria. Quedó pendiente el trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde muy seguramente se aprobará, pese a que allí encontrará la mayor resistencia. En esa instancia se encuentran los representantes más fervorosos del petrismo y, en consecuencia, las posiciones son adversas al nuevo Gobierno, no por razones verdaderamente argumentativas, sino por la naturaleza de las personas que se han declarado en oposición.
Más allá de la posibilidad de que el Congreso en pleno se desplace a otra ciudad, al debate se le han incorporado otros aspectos que hacen más difusa la interpretación de lo que podría pasar, además de las consideraciones relacionadas con los costos, la logística y la seguridad de los asistentes al evento. Uno de los aspectos tiene que ver con la perspectiva desde la que los contradictores asumen el acto de posesión en una guarnición militar. Estos señalan que el presidente electo se estaría posesionando ante las tropas y no ante el Congreso, como está definido en la norma, lo que constituiría un rompimiento institucional que sometería el poder civil al militar y crearía las condiciones para la instauración de una dictadura.
Lo anterior es una visión convenientemente errada por parte de la oposición al nuevo Gobierno, pues el Congreso en pleno estaría presidiendo el acto y la toma del juramento la haría el presidente del Senado, como lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Que el escenario elegido sea una instalación militar no constituye ninguna suplantación por parte de los militares —como algunos representantes lo han sugerido—, por lo que la naturaleza política del acto de posesión no se pierde. El Congreso mantiene su preeminencia y el poder militar reafirma su subordinación a la política de la nación, lo que fortalece el carácter civilista de las Fuerzas Militares, que estas han mantenido durante toda la historia de la República y que han sido el verdadero soporte de nuestra muy maltratada democracia.
Otro aspecto tiene que ver con la conveniencia de trasladar el evento a otra región del país, intención calificada por algunos como una manifestación del egocentrismo de una persona que quiere imponer un capricho sin ninguna consideración (podría serlo, pero ¿qué gobernante no ha actuado así?). Resulta paradójico que las voces que se elevan en este sentido sean las mismas que por décadas han cuestionado el excesivo centralismo de los administradores anteriores —centralismo que ni el mismo Pacto Histórico rompió— y que, ahora que el nuevo Gobierno planea tener sedes alternas y posesionarse fuera de Bogotá (más que para hacer un homenaje a la Fuerza Pública, para enfatizar la intención de gobernar desde las regiones), busquen cómo bloquearlo.
La negativa del mandatario saliente, en calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, a que el evento se realice en una guarnición militar parece ser un obstáculo insalvable que pone en dificultades a los mandos militares en esta compleja y tirante transición de Gobierno, pues los deja en medio de una confrontación de egos y discursos. Mientras tanto, el Ejecutivo saliente organiza concentraciones paralelas a la posesión, con lo que muestra el talante y la forma como actuará a partir del 7 de agosto.
La verdad es que seleccionar el departamento del Cauca para realizar el acto de posesión del nuevo Gobierno trae consigo un mensaje muy importante, especialmente para una región que presenta graves problemas de gobernabilidad, seguridad y desintegración social, los cuales han frenado su desarrollo y su integración nacional. Hoy por hoy, esta es una región que genera las mayores pérdidas para el sector del transporte terrestre y reúne todas las manifestaciones del crimen organizado, que encuentran financiación en las industrias ilegales del narcotráfico y la minería. Precisamente, el hecho de que el Gobierno entrante mire a este departamento llena de esperanza a los miles de ciudadanos honestos y trabajadores, pero, paradójicamente, genera una enorme preocupación entre quienes se han aprovechado de la tristeza, la violencia y la miseria que lo mantienen cautivo. De allí surge la fuerte oposición.
Para aquellos que insisten en que el Congreso no debe salir de Bogotá, tengan presente que un hogar no es una casa, así como el Congreso no es el edificio capitalino. El hogar es cualquier lugar donde la familia está unida y encuentra refugio; el Congreso es el conglomerado de representantes del pueblo que se reúnen para tomar las decisiones para la construcción del país, y mientras este se reúna, el lugar donde lo haga no altera su esencia. Es sano para el país que los congresistas, como un todo, salgan a los territorios para que conozcan sus problemas, entiendan como un solo cuerpo de qué hablan cuando están legislando y hagan de la empatía un sentimiento colectivo que los une y no los acuerdos por debajo de la mesa. Que el ánimo, la vehemencia que los motiva hoy a debatir si Abelardo De La Espriella se debe posesionar o no en otra ciudad y en una guarnición militar, no los abandone cuando tengan que abordar las cosas esenciales de la nación.