El escándalo que hoy rodea a Juliana Guerrero no debe leerse como un episodio aislado de corrupción o de ambición juvenil; sería un error reducirlo a una persona. Juliana Guerrero es apenas el síntoma de una enfermedad mucho más profunda: la política de los afectos. Durante años, Gustavo Petro construyó su liderazgo sobre una promesa de superioridad moral. Convenció a millones de colombianos de que el problema del país no era solamente económico ni administrativo, sino ético; de que Colombia necesitaba un gobierno distinto porque quienes llegaban al poder hasta entonces habían confundido el Estado con un botín. Pero hay una diferencia enorme entre construir un relato moral y gobernar con ética. La moral es un discurso; la ética aparece cuando ese discurso incomoda a los propios. Es muy fácil denunciar la corrupción cuando está en la orilla de enfrente; lo verdaderamente difícil es actuar con el mismo rigor cuando los cuestionados hacen parte del propio círculo. Y es justamente ahí donde el poder desnuda a quienes lo ejercen.
Quien pasó décadas denunciando el clientelismo, la politiquería y las viejas prácticas terminó justificando, blindando o relativizando, incluso en televisión nacional, comportamientos que contradicen precisamente esa promesa de renovación moral. Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿por qué un presidente decide defender una y otra vez a personas de su círculo, aun cuando los cuestionamientos públicos son tan graves? Porque los gobiernos no solo administran presupuestos, también administran relatos. Y cuando un proyecto político construye toda su legitimidad sobre la idea de ser moralmente superior, defender a los propios deja de ser una simple decisión personal y se convierte en una necesidad política. Ya no se protege únicamente a un funcionario; se protege el relato que hizo posible llegar al poder. Admitir que quienes encarnaban el “cambio” terminaron reproduciendo las mismas prácticas que prometieron erradicar sería aceptar que la principal bandera del petrismo empezó a resquebrajarse, o, más bien, se rompió por completo.
Ahí aparece Juliana Guerrero, no como la enfermedad, sino como el síntoma, porque el verdadero problema no es una persona: es la instalación de una lógica donde la cercanía política empezó a pesar más que el mérito, donde la lealtad ideológica terminó valiendo más que la preparación y donde la afinidad personal pareció convertirse, demasiadas veces, en el principal requisito para administrar el Estado. Eso es la política de los afectos, que consiste en reemplazar las reglas por las lealtades, el mérito por la cercanía y la institucionalidad por la afinidad. Es la idea de que los nuestros merecen una indulgencia que jamás estaríamos dispuestos a concederles a los demás. Cuando la cercanía reemplaza a la idoneidad, el Estado deja de funcionar bajo reglas impersonales y empieza a operar mediante vínculos personales; las instituciones dejan de seleccionar a los mejores y comienzan a proteger a los propios; la ley deja de ser el mismo rasero para todos y empieza a doblarse dependiendo de quién esté al otro lado. Por eso resulta inevitable preguntarse qué mensaje recibe un joven que estudió durante años para servir al país cuando observa que el mérito parece negociable, mientras la cercanía con el poder abre puertas que deberían abrir únicamente la preparación y la capacidad. El daño de esa lógica es mucho más profundo que cualquier contrato irregular.
Los gobiernos no destruyen un país únicamente cuando desaparece el dinero; también lo hacen cuando vuelven inútil el esfuerzo. Cuando estudiar, prepararse y construir una trayectoria deja de ser el camino para llegar al servicio público, el mérito deja de ser una aspiración colectiva y termina convirtiéndose en una ingenuidad. Si las investigaciones confirman las denuncias sobre un presunto esquema de tráfico de influencias para acelerar contratos, Colombia no estará frente a un hecho aislado: estará frente a la consecuencia lógica de una cultura política donde el acceso al poder terminó siendo más importante que la responsabilidad de ejercerlo.
Ese puede ser el mayor fracaso del gobierno Petro: no haber gobernado mejor o peor que otros, sino haber confundido la moral con la ética, porque la moral puede proclamarse desde una tarima; la ética solo se demuestra cuando obliga a aplicar el mismo rasero a los amigos y a los adversarios. El problema no es Juliana; el problema comienza cuando un gobierno deja de preguntarse quién es el más capaz y empieza a preguntarse quién es el más leal. Si Juliana Guerrero hubiera llegado al Estado respaldada por el mérito, la discusión pública giraría alrededor de sus capacidades y del valor de que una mujer joven, afro y con una historia de superación ocupara un cargo de semejante responsabilidad, pero ese no es el debate que hoy enfrenta el país. Por eso se desdibuja la narrativa según la cual las críticas obedecen a su condición de mujer, a su condición de mujer afro o a su historia personal. Los cuestionamientos públicos no recaen sobre quién es Juliana Guerrero, sino sobre las presuntas irregularidades que rodean su paso por el Estado y sobre los criterios con los que se distribuyó el poder.
Porque cuando el mérito deja de ser el filtro y la lealtad se convierte en el principal requisito, la ética termina derrotando al discurso moral. Ahí nace la política de los afectos, y ahí comienza la enfermedad.