Al revisar los principales indicadores laborales del actual Gobierno, se concluye, según la evidencia disponible, que el balance es desfavorable. Serios retrocesos se observan en la generación de empleo formal y la reducción de la informalidad, por lo que el cuatrienio que termina estuvo lejos de producir el “cambio” prometido en materia de generación de empleo formal. A este fracaso laboral se suma el deterioro del tejido empresarial, reflejado en un significativo número de liquidaciones de empresas durante los últimos años, incluso mayor que en la pandemia.
La discusión también ha estado marcada por la percepción de que los datos fueron presentados de manera parcial o descontextualizada, privilegiando aquellos indicadores favorables y restando atención a otros que muestran un panorama menos alentador del mercado laboral.
Según cifras de Comfecámaras, durante los tres años calendario completos de este gobierno 2023-2025, se cancelaron 240.448 empresas. Para dimensionar la catástrofe de liquidación de empresas, al compararla con los tres años calendarios completos del Gobierno Duque, 2019-2021, periodo que incluyó la pandemia, se registró un 14 por ciento menos de empresas cerradas (209.713). Es decir, este Gobierno fue peor que la pandemia, en lo que a cancelación de compañías se refiere.
Estos pésimos datos se agravan en el último año; según el Relab, entre marzo de 2025 y marzo de 2026 hay 23.000 empleadores que se retiraron como aportantes del sistema de seguridad social, es decir, ya no existen como fuente de empleo formal. La mayor afectación se concentra en las mipymes; entonces el Gobierno que decía ser el defensor de la economía popular terminó siendo su mayor liquidador.
Corolario: la reducción del tejido empresarial tiene efectos directos sobre el mercado laboral, especialmente en los niveles de formalidad. De hecho, la informalidad, el rebusque, hoy es el mayor porcentaje de la ocupación nacional (54,3 por ciento). Es importante advertir que este comportamiento contrasta con los registros observados antes de la pandemia, cuando el empleo formal era el que predominaba (52,8 por ciento formalidad y 47,2 por ciento informalidad en el trimestre septiembre-noviembre de 2019).
En ese orden de ideas, las políticas implementadas por el Gobierno Petro fracasaron y no lograron retornar los indicadores de formalidad a niveles previos a la crisis sanitaria. Después de varios años de recuperación económica, el país continúa enfrentando desafíos estructurales en materia de formalización laboral.
Otro punto de debate se refiere a la medición del desempleo. Mientras las cifras oficiales reportan un incremento en el número de ocupados, otras fuentes, como la Pila, muestran que no se han creado trabajos, sino, por el contrario, se han destruido 170.000 puestos de trabajo formal en el último año. Estos últimos resultados coinciden con los datos de la Relab que registran que, de marzo 2025 a marzo 2026, han dejado de cotizar 164.468 relaciones de trabajo (107.200 dependientes y 57.768 independientes).
De acuerdo con esta interpretación, los registros de la Pila y Relab evidencian una disminución en el número de cotizantes al sistema de seguridad social, lo que llevaría a conclusiones distintas sobre el desempleo. Bajo esta perspectiva, la tasa efectiva de desempleo sería superior a la reportada por las estadísticas oficiales, superando los dos dígitos.
Los datos del sistema de seguridad social constituyen una fuente valiosa para el análisis del mercado laboral formal, dado que toda relación laboral formal conlleva la realización de aportes. Por lo que estos registros tienen mayor relevancia que las encuestas manejadas por el actual Gobierno. En consecuencia, existe un debate sobre la lectura e interpretación de los distintos indicadores laborales disponibles.
El principal desafío hacia adelante consiste en promover una discusión pública basada en evidencia, sin eufemismos ni manipulaciones estadísticas. Solo reconociendo la verdadera dimensión de los problemas será posible avanzar hacia mayores niveles de empleo formal, productividad y crecimiento empresarial.
Lo que sí es evidente, sin perjuicio de las irreales cifras que muestra el Gobierno en empleo, es que la política pública laboral de este Gobierno fracasó; la informalidad superior a los datos prepandemia, que no es otra cosa que trabajo sin derechos, y la catástrofe de mortalidad del tejido empresarial como nunca en la historia sustentan con pruebas y registros esta afirmación. Estos datos no son una encuesta del Gobierno.