Un colegio privado en Medellín. Un alumno de décimo grado, con un historial de desórdenes y agresiones, la emprende contra un compañero a punta de bromas pesadas que escalan de lo emocional a lo físico. La víctima denuncia, pero las directivas no actúan: no existe un protocolo antibullying. El caso llega al Ministerio de Educación, que sanciona al colegio con multas cuantiosas y le cancela la licencia por un año. La junta directiva despide a los administradores, pero la reputación ya está dañada, sobreviene una crisis financiera y, finalmente, la presión de la comunidad obliga a la junta misma a dimitir.
Un partido de fútbol en Bogotá. Los hinchas de América intentan robar una bandera a los seguidores de Independiente Santa Fe. La reacción de las barras bravas albirrojas no se hace esperar: bajan al gramado y se arma una batalla campal, sin heridos por fortuna. La Alcaldía y la Dimayor sancionan al club local con cierre de tribunas, multas y partidos sin público. Los directivos de Santa Fe son duramente cuestionados por el comportamiento de su hinchada, con consecuencias económicas y deportivas.
Una empresa de manufactura en Cali. Un empleado de cargo medio abusa de su posición y acosa laboralmente a un colega: le impide cumplir sus funciones y lo somete a vejámenes frente a sus compañeros. El afectado demanda ante el Ministerio del Trabajo, que repite contra las directivas por no implementar políticas antiacoso. La empresa termina pagando sanciones personales a sus directivos y una indemnización millonaria a la víctima.
En los tres casos, ni el colegio, ni el club, ni la empresa son responsables directos de mantener el orden entre sus alumnos, hinchas o empleados. No tienen facultades para sancionar penalmente ni para hacer justicia por mano propia; deben acudir a la Policía o al sistema judicial. Pero sí son responsables —y así lo determinan las autoridades— de instaurar los procesos, controles y la cultura organizacional necesarios para que estos fenómenos no ocurran. Cuando fallan en esa tarea, pagan con sanciones, multas, pérdida de reputación y, con frecuencia, con la salida de sus directivos.
¿Por qué, entonces, no se aplica el mismo criterio al evaluar el papel de las directivas de las universidades públicas frente a los desmanes de estudiantes que generan violencia desde sus campus? ¿Acaso no son ellas responsables de la política de admisiones, de los procesos disciplinarios y de garantizar un ambiente propicio para el estudio, libre de delitos cometidos desde sus propias aulas? ¿No merecen todos los colombianos un tratamiento equitativo ante la ley, sin distinción del tipo de institución involucrada?
Es evidente que los consejos superiores, rectores, decanos y personal administrativo de las universidades no deben —ni pueden— ejercer funciones de policía para contener los desmanes que se gestan en sus instalaciones. Pero es igualmente evidente que tienen la responsabilidad ineludible de tomar las medidas necesarias para impedir que se delinca desde sus predios: diseñar procesos que prevengan comportamientos nocivos, identificar a los responsables, denunciarlos ante las autoridades competentes y adoptar, dentro del marco legal, todas las acciones a su alcance para evitar que la violencia se repita.
Si a los administradores de las universidades públicas les incomoda la intervención de la Fuerza Pública en sus instalaciones, lo primero que deberían hacer es poner su casa en orden para que dicha intervención resulte innecesaria. Herramientas no les faltan: vigilancia, procesos claros, políticas de admisión rigurosas, sanciones a estudiantes y empleados que incurran en faltas. Y, sobre todo, les sobra la que se supone es su mayor fortaleza: la inteligencia. Ya es hora de que la pongan al servicio de sus propias comunidades o que, en su defecto, el ministerio de educación los obligue a dedicarse a otras labores.