Un Estado laico no es un Estado ateo, ni uno que le prohíba a su gobernante profesar su religión o creencias públicamente. Para algunos, una confusión de jardín; para otros, más bien un manual malintencionado que profesa la laicidad solo cuando le conviene y la quiere usar para pisotear el nombre de Dios.

Estado laico significa que no tiene una religión oficial, que no impone una creencia y que garantiza la libertad de culto, es decir, que cada quien crea en lo que quiera creer, incluido el presidente de la República y su gabinete.

Un presidente puede creer en Dios, nombrarlo y mencionarlo en sus discursos sin romper la laicidad del Estado, pues para los que somos creyentes, es Él quien guía las decisiones que se toman, y más cuando se es jefe de Estado, a quien le toca tomar decisiones difíciles donde se tiene en cuenta a Dios como apoyo permanente.

Tengamos en cuenta este importante dato que casi nadie es capaz de poner sobre la mesa; según IPSOS, el 96 % de los colombianos cree en Dios, el 3% dice no creer y apenas el 1 % se considera ateo puro. Es decir, el malestar profundo que lleva casi un mes en la conversación pública es de una minoría muy pequeña que hace mucho ruido, pero es eso, una minoría que no entiende, o prefiere no creer que el presidente tiene plena libertad de profesar su religión.

Entonces, ¿quién decide cuándo se rompe la laicidad del Estado y cuándo no?

Porque yo sí quiero recordar que Gustavo Petro hizo un acto de posesión en 2022 donde incluyó una ceremonia espiritual indígena con chamanes y rituales ancestrales, y en ese momento nadie habló del rompimiento del Estado laico, y se escudaron en la diversidad cultural. Y está bien, el expresidente Petro es una persona con creencias variadas, porque salía de algún ritual extraño a querer visitar al papa en Roma, muy laico de su parte…

Pero lo que definitivamente sí rompe nuestro Estado laico, como lo reveló el medio digital Desigual, fueron más de 33.000 millones de pesos los que el Gobierno Petro habría destinado a la realización de rituales indígenas durante cuatro años, como las ‘ceremonias de armonización con sabedores de la guardia indígena’, y nuevamente todos muy callados con que parte del presupuesto de nuestro país se usara para enaltecer las creencias religiosas del presidente.

Ahora que llega un presidente que cree en Dios y dice cosas como “que viva Cristo Rey” o “Dios bendiga a Colombia”, y que como símbolo de pluralismo invitó a un arzobispo, un rabino y un pastor a su posesión presidencial, ponen el grito en el cielo, meten una tutela y lo obligan a pedirle disculpas al país que prácticamente en su totalidad es creyente. ¿No les parece muy peligrosa la agenda de las minorías? Es totalmente absurdo.

La batalla cultural es muy importante, y no darla es un riesgo, porque la izquierda no defiende la neutralidad religiosa del Estado, solo es una excusa para, sin decirlo abiertamente, imponer creencias de primera y de segunda importancia, así los creyentes seamos mayoría. El cristianismo es tratado como un virus, pero rituales pagados con dineros públicos los tratan como sagrados e imposibles de tocar o criticar. Dios no, chamanes y rituales sí.

Un presidente puede profesar su religión y acudir a ella para tomar las decisiones que el país necesita, pero lo que no puede es usar la billetera de la Nación para enaltecer sus creencias, como lo hizo el gobierno anterior, que pisoteó casi toda nuestra Constitución sin que nada le pasara. Pero en este caso, que un presidente mencione su fe personal no es una imposición ni convierte al Estado en católico.

Colombia es uno de los países más creyentes de nuestro continente, los números lo respaldan y eso no se puede traducir en que una minoría, por el odio per se al cristianismo, con una o dos sentencias aisladas, haga un berrinche ruidoso para pisotear la religión y use la laicidad para lograr su verdadero objetivo: acabar con ella.