Durante 11 años, Colombia vivió una paradoja absurda: mientras el porte legal de armas quedó sometido a una prohibición general, conseguir un arma ilegal siguió formando parte del negocio cotidiano del crimen. El Estado restringió al ciudadano registrado, identificado y sujeto a controles, pero no logró desarmar al atracador, al secuestrador ni al sicario. El resultado fue tan previsible como injusto: el delincuente armado y su víctima, demasiadas veces, indefensa.

La semana pasada, el Gobierno levantó la suspensión general del porte de armas y devolvió eficacia a los permisos individuales vigentes. No abrió una feria de armas ni autorizó a cualquiera para llevar una. Lo que hizo fue devolver el equilibrio y la dignidad a los colombianos de bien.

Conviene decirlo con claridad porque la izquierda ya desempolvó su vieja caricatura. Nadie está proponiendo que el Estado reparta pistolas en las esquinas. Portar legalmente un arma supone permiso, identificación, antecedentes, evaluaciones y trazabilidad. Quien la porta está individualizado y responde por ella. Esa es precisamente la diferencia con el delincuente, que no solicita permiso, no registra su arma y no espera autorización alguna para atracar, secuestrar o matar.

La experiencia internacional tampoco admite dogmas. Existen sociedades que permiten el porte legal bajo requisitos rigurosos y mantienen niveles muy bajos de violencia. Y también hay países con restricciones severas donde la criminalidad sigue siendo elevada. La conclusión no es que portar armas produzca seguridad ni que prohibirlas produzca violencia. La diferencia la marcan unas instituciones fuertes, una justicia eficaz, el control del mercado ilegal y un Estado capaz de castigar al delincuente.

Venezuela deja una advertencia inquietante: el chavismo profundizó el desarme de la población civil mientras grupos armados progubernamentales conservaron su capacidad de intimidación. Human Rights Watch documentó su actuación junto a las fuerzas de seguridad y, tras las elecciones de 2024, registró a civiles armados disparando cerca de manifestantes ante la pasividad de agentes estatales.

La lección no es que todo control de armas conduzca a una dictadura, sino que, cuando el Estado restringe al ciudadano legal y tolera o no logra desarmar a los violentos, las armas no desaparecen; quedan en las manos equivocadas. El debate no es entre armas y paz, sino entre legalidad e indefensión.

Durante años, mientras el ciudadano cumplidor debía atravesar un laberinto de permisos excepcionales, influencias y decisiones discrecionales, las organizaciones criminales siguieron acumulando arsenales. Al Estado le resultó más fácil restringir al que obedece la ley que quitarle las armas al que la viola.

La legítima defensa tampoco es una concesión ideológica. Nuestro ordenamiento reconoce la posibilidad de defender un derecho propio o ajeno frente a una agresión injusta, actual o inminente, dentro de los límites establecidos por la ley. Eso no convierte el uso de la fuerza en una licencia general ni exonera de responsabilidad a quien exceda esos límites.

El monopolio legítimo de la fuerza pertenece al Estado y la legítima defensa no pretende sustituirlo. La fuerza pública tiene el deber primordial de protegernos. Pero ningún policía puede estar en cada casa, cada finca, cada comercio o cada carretera en el instante exacto en que aparece un criminal armado. Entre la agresión y la llegada de la autoridad pueden transcurrir segundos en los que esté en juego una vida.

Juan Manuel Santos impuso en 2015 la suspensión general del porte. Iván Duque la mantuvo y Gustavo Petro prolongó esa política. Una medida presentada como excepcional terminó convirtiéndose durante más de una década en regla. Todavía en diciembre de 2024, el Gobierno prorrogaba formalmente la suspensión general.

El problema adicional fue la discrecionalidad. Cuando una autorización legal depende excesivamente del favor o del criterio particular de un funcionario, aparecen la influencia y el privilegio. La protección personal no puede convertirse en un lujo reservado para quien tiene contactos. La ley debe establecer requisitos estrictos, objetivos, iguales y verificables.

Esto tampoco significa que toda reacción armada sea legítima. Portar un arma exige madurez, entrenamiento y una enorme responsabilidad. La libertad sin responsabilidad degenera, pero el control sin libertad se convierte en abuso.

Colombia necesita abandonar la idea de que el ciudadano responsable debe ser tratado preventivamente como sospechoso. El Estado debe perseguir las armas ilegales, desmantelar los mercados criminales y garantizar que los permisos legales estén sometidos a evaluaciones rigurosas. El propio Gobierno informó que entre enero y comienzos de septiembre de este año la fuerza pública había incautado 15.700 armas, más de 14.000 relacionadas con delitos. Ese es precisamente el arsenal que debe perseguirse.

Después de 11 años termina una prohibición general que convirtió la excepción en regla. Ahora corresponde aplicar la nueva disposición con rigor: permisos exigentes, entrenamiento, trazabilidad, cero privilegios y toda la fuerza del Estado contra las armas ilegales.

Una democracia seria no tiene que escoger entre autoridad y libertad. Debe garantizar ambas. El Estado está para proteger al ciudadano, no para convertir al ciudadano que cumple la ley en el eslabón más débil frente al criminal.