La tesis central de este análisis es que las iniciativas de paz en Colombia han oscilado entre dos propósitos: la búsqueda legítima de la reconciliación nacional y el aprovechamiento estratégico de esos espacios por parte de algunos grupos armados ilegales. Por ello, evaluar los procesos de paz exige distinguir entre los fines del Estado, las expectativas de la sociedad y los resultados reales en materia de seguridad, justicia, reparación y control territorial.
Como lo ha expresado públicamente el presidente electo, Dr. Abelardo De La Espriella, dentro de su política de seguridad para Colombia, a los grupos armados ilegales les quedarían dos alternativas: someterse a la justicia colombiana o enfrentar todo el peso de la ley, incluida la persecución armada. Esta postura implicaría dar por terminadas las conversaciones de paz, los ceses al fuego y las zonas de ubicación transitorias para algunos de estos grupos. Además, se suprimirían la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y el Comisionado de Paz, mientras quedarían reforzadas las funciones y responsabilidades del Comisionado Nacional de Seguridad.
En ese contexto surge una pregunta que hoy se hacen muchos colombianos: ¿para qué han servido estas iniciativas de paz si, después de tantos esfuerzos institucionales, el país vuelve una y otra vez a escenarios de confrontación armada?
La respuesta no es única y tiene muchos matices. Para abordarla, conviene partir de un contexto histórico: la violencia en Colombia no pertenece solamente a este siglo ni al siglo pasado, sino que se remonta a los albores de la República. Durante buena parte del siglo XIX, grupos políticos opuestos participaron en guerras civiles y solo en contados casos, después de armisticios, tratados de paz e indultos, se vivieron breves momentos de tranquilidad ciudadana antes de nuevos ciclos de confrontación. También es importante mencionar algunas intervenciones de países extranjeros por motivos ideológicos, estratégicos o económicos, como ocurrió en la Guerra de los Supremos y en la Guerra de los Mil Días, además de episodios relacionados con Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos y el istmo de Panamá. Según Jorge Holguín, entre 1830 y 1903 ocurrieron 28 calamidades públicas.
Al llegar al siglo XX, el conflicto dejó de expresarse principalmente como guerras civiles entre partidos y tomó la forma de una violencia partidista y luego insurgente, asociada a los partidos Liberal, Conservador y Comunista. Ese proceso se profundizó con la influencia de países comunistas interesados en exportar su ideología marxista-leninista a América. Corea del Norte, China, Albania, la Unión Soviética, Cuba y, en menor medida, algunos países centroamericanos y Venezuela, apoyaron de distintas maneras la creación, el entrenamiento, la ideologización, el equipamiento o el refugio de diferentes grupos guerrilleros desde los años 50 hasta el presente. En contraste, Estados Unidos, Israel y el Reino Unido han apoyado al Estado colombiano de gobierno a gobierno dentro de marcos de cooperación internacional.
Para entender los ires y venires de los procesos de paz en Colombia desde la segunda mitad del siglo XX, puede afirmarse que se han presentado diversas iniciativas, procesos y acuerdos con grupos subversivos, grupos armados con vocación antisubversiva y, más recientemente, estructuras asociadas al narcotráfico, disidencias y rearmados del proceso anterior:
1.1953, proceso de paz del presidente Gustavo Rojas Pinilla con las guerrillas liberales, principalmente las de Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales. Se desmovilizaron cerca de 7.000 hombres en armas. Su fracaso se atribuye al incumplimiento estatal de lo pactado y al asesinato de algunos de sus líderes.
2.1958, la Junta Militar creó la Comisión Investigadora para estudiar las causas de la violencia y orientar acciones de gobierno frente a la violencia ejercida en el centro del país por guerrillas liberales (Limpios), guerrillas liberales comunistas (Comunes), guerrillas conservadoras (Chulavitas) y delincuencia común asociada al bandolerismo. A pesar de amnistías y apoyos en tierras y dinero, esos acercamientos fracasaron. Algunas de esas estructuras derivaron o se transformaron, con apoyo externo, en guerrillas como las Farc, el ELN, el EPL, el PLA, el M-19, el ADO, el Moec, el Ricardo Franco, el ERP, el Quintín Lame, el PRT y otros 26 grupos más con incidencia local o regional.
3.Entre 1958 y 1976, y luego de manera extendida hasta la fecha, se presentaron numerosas desmovilizaciones individuales o de pequeños grupos. Mediante programas de reinserción y de desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil, estos procesos beneficiaron aproximadamente a 75.000 combatientes de grupos armados ilegales.
Pero esta laxitud de los gobiernos, que dejaron a las Fuerzas Militares y de Policía casi exclusivamente el manejo del orden público, sin el apoyo y direccionamiento político del gobierno central (véase el discurso del Teatro Patria Alberto Lleras, 1958, “Militares a la guerra, políticos a la política”), llevó a que poco a poco las guerrillas se fueran especializando más y creciendo en número y armas con la descarada injerencia internacional de Cuba, Venezuela y Nicaragua, apoyo político del Partido Comunista (PCC) y de la Juco con su doctrina ideológica de la Combinación de Todas las Formas de Lucha (CTFL) para la toma del poder (IX Congreso del PCC 1961).
4. Es importante hacer referencia al Estatuto de Seguridad de 1978, promulgado por el presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), como una estrategia para combatir a los grupos armados ilegales y a estructuras delincuenciales, y para reducir su accionar durante su gobierno. Turbay recibió el país después del gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978), marcado por fenómenos como la bonanza marimbera, la llamada “ventanilla siniestra” y las incursiones político-armadas de grupos armados ilegales, especialmente del M-19. También se hicieron acercamientos con el ELN, ya debilitado por la Operación Anorí de 1973, aunque dichos acercamientos no produjeron los resultados esperados y terminaron fortaleciéndolo.
5.Luego del gobierno de Belisario Betancur (1984), llegaron a unos Acuerdos de Paz con las Farc (acuerdo fallido de paz de La Uribe; nace la Unión Patriótica), M19 y EPL, colocando a las Fuerzas Militares en situación desventajosa, tanto en la moral de las tropas como en el equipamiento militar.
6.En 1990, el M-19 logró un acuerdo definitivo de desarme y desmovilización para buscar la paz de ese grupo guerrillero con el gobierno de Virgilio Barco. Dando paso a la acción política del movimiento Alianza Democrática M-19.
7.En 1991, en el gobierno de César Gaviria, se reinserta el EPL dando paso al partido político Esperanza, Paz y Libertad; muchos de sus miembros fueron asesinados por las Farc.
8.En búsqueda de una reivindicación de derechos económicos, sociales y políticos y como una oportunidad para lograr una paz tan anhelada, nace la Asamblea Nacional Constituyente (1991) y cambia la centenaria Constitución de 1886 por una más moderna y garantista.
9.Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), cuestionado por la legalidad de su elección y por su cercanía con sectores del narcotráfico, se produjo un deterioro profundo de la seguridad nacional. Colombia llegó a ser descrita como una nación inviable, con unas Fuerzas Militares cercanas a la derrota institucional y con una expansión de diversos grupos armados ilegales. Así recibió el país el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), que estrenó dos figuras polémicas: la Zona de Distensión del Caguán, convertida en área de refugio y crecimiento de las Farc, con apoyo de grupos terroristas como ETA e IRA; y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía mediante el Plan Colombia, con apoyo de los gobiernos de Estados Unidos e Israel.
10.El gobierno de Álvaro Uribe (2002–2010), con su Política de Seguridad Democrática (PSD), logró el control territorial de gran parte del país que estaba en manos de las guerrillas y de grupos de autodefensas, mediante el uso de la fuerza y el ofrecimiento de diálogos infructuosos con grupos de guerrilleros, siendo exitoso con la política judicial de Justicia y Paz, y consiguiendo el sometimiento de casi todos los grupos de autodefensas ilegales (Acuerdo de Santa Fe de Ralito, 2003). En sus dos periodos presidenciales, cerca de 53.810 individuos pertenecientes a grupos guerrilleros o de autodefensas ilegales se desmovilizaron y entregaron sus armas.
11.El gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), desde sus inicios, logró un acercamiento con las Farc e iniciaron unos diálogos de paz en La Habana, Cuba, producto de los cuales se firmó el Acuerdo del Teatro Colón (noviembre 2016) y se hizo su posterior implementación, dando nacimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR, CEV, JEP, UBPD). Este logró la reincorporación de la mayoría de los miembros de las Farc, quedando un grupo disidente significativo en armas, estratégicamente ubicado en zonas cocaleras o de frontera.
La mayoría de las zonas dejadas por este grupo guerrillero fueron ocupadas posteriormente por otros grupos armados con vocación de narcotraficantes.
12.Ahora, llegamos al programa presidencial de la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, el cual, en una forma muy amplia y generosa, invita al diálogo con todos los grupos armados ilegales del país, sin importar su verdadera esencia de guerrilla o narcosubversión. Sus resultados aún no son claros. El riesgo país aumentó considerablemente, la sensación de inseguridad es latente en muchas regiones de la nación y los cultivos ilícitos han alcanzado topes máximos de 300.000 hectáreas cultivadas con una potencial eficiencia de 2.500 toneladas anuales de cocaína pura.
Colombia, a pesar de todos los esfuerzos que ha realizado para la construcción de una paz estable y duradera, que le traiga progreso y seguridad, solo ha encontrado que ha sido una paz esquiva para los colombianos. La mayoría de esas iniciativas de paz han fracasado; no se ha dado por terminada la violencia armada en campos y ciudades, continúan los asesinatos de militares y policías, de estudiantes, trabajadores o campesinos, se sigue reclutando niños para la guerra y la violencia ejercida contra mujeres, población afro o indígenas crece cada día más. Muy por el contrario, los grupos con los que se dialoga salen fortalecidos política y socialmente y en sus capacidades armadas.
La violencia armada no ha terminado: muta, se recicla y se transforma en nuevas expresiones de violencia. En muchos casos, el rumbo ideológico ha sido reemplazado por las ansias de poder y de dinero asociadas al narcotráfico y a toda su cadena comercial, la minería ilegal, la corrupción y el daño al medioambiente.
Ahora viene el presidente electo, Abelardo De La Espriella, con una nueva política de seguridad con la creación de bloques de defensa para la seguridad urbana, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y cero negociación con los grupos armados ilegales, suspendiendo todos los procesos de paz actuales para que se sometan al imperio de la ley sin negociación y en el marco de la justicia actual.
Surgen entonces varias preguntas de fondo: ¿han servido estos esfuerzos para acercar al país a la paz y la reconciliación o han terminado ofreciendo ventajas políticas, territoriales y militares a algunos grupos armados ilegales?
¿La paz es esquiva para los colombianos o los colombianos somos esquivos a la paz?
¿Los grupos armados ilegales negocian y llegan a acuerdos de paz con el Gobierno colombiano con la idea de lograr una reinserción en la sociedad civil o como un mecanismo más de la CTFL para aumentar el poder político y militar?
¿El SIVJRNR ha sido lo que los colombianos y, en especial, las víctimas esperaban y han encontrado en este sistema su reparación integral?
¿En qué nos estamos equivocando en las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales?
El péndulo vuelve y regresa a la seguridad fuerte y a la aplicación de la ley. Quizás esta vez podamos “volver a pescar de noche”, como decía el maestro Darío Echandía (1958).