Durante décadas, la imagen internacional de Colombia estuvo condicionada por el narcotráfico, la violencia y la debilidad institucional. Iniciativas como el Plan Colombia contribuyeron a recuperar el control territorial y fortalecer las capacidades institucionales. Sin embargo, transformar la reputación internacional de un país es más complejo que modificar sus realidades inmediatas.

El Acuerdo de Paz de 2016 dejó pendientes desafíos estructurales. La justicia transicional (JEP) ha enfrentado cuestionamientos y críticas de sectores que consideran insuficientes sus sanciones contra las FARC. Paralelamente, la persistencia de grupos armados y economías ilegales puso a prueba la estrategia de «Paz Total», que terminó enfrentándose a una cruda realidad territorial.

Hoy Colombia se encuentra ante una nueva etapa. La administración del presidente Abelardo De La Espriella ha situado el orden, la inversión privada, el control fiscal, la justicia y el combate frontal a la criminalidad organizada en el centro de su agenda. En sus primeras semanas, el Presidente ha mostrado un admirable ritmo de trabajo, acompañado por la finura estratégica de la Cancillería y la discreción operativa de la Vicepresidencia. Sin embargo, el verdadero criterio para evaluar cualquier liderazgo será su capacidad para convertir esa energía en resultados verificables y constitucionalmente sólidos.

Si lo logra, Colombia podría superar las modestas expectativas a las que la ciudadanía se ha acostumbrado. La lucha contra la criminalidad ofrece un ejemplo. Las imágenes del presidente frente a los criminales abatidos buscaron transmitir firmeza frente a los grupos armados. El mensaje fue entendido y la imagen del presidente como un protector aporta a la esperanza del pueblo. Pero hacia el futuro convendría considerar una mayor sobriedad visual. Con los resultados a la vista, el monopolio estatal de la fuerza no necesita ser visualmente explícito para demostrar autoridad y dignidad institucional.

El éxito dependerá también de enfrentar las causas históricas de la fragmentación nacional. Como plantea Enrique Serrano López, hoy asesor presidencial, en ¿Por qué fracasa Colombia?, el aislamiento geográfico y el distanciamiento ciudadano de las instituciones han condicionado al país. Ese desafío sigue siendo central para su futuro. Superar esa herencia exige instituciones incluyentes, cero tolerancia frente a la corrupción y una justicia efectiva, sin importar la posición social del acusado.

La solidez interna es además indispensable para una política exterior pragmática y respetada. Colombia debe profundizar su cooperación estratégica con Estados Unidos y reconstruir con firmeza e integridad ética sus relaciones con Israel, un país que lleva décadas defendiendo su derecho a existir. Respaldar a Israel con claridad de principios frente a narrativas desproporcionadas no es únicamente un acierto estratégico, sino una demostración de coraje ético.

Simultáneamente, Colombia debe seguir explorando inversiones con los potentes Estados del Golfo Pérsico y aprovechar la proyectada conectividad aérea entre Doha y Bogotá. La actual diplomacia sofisticada de Colombia —evidenciada en Nueva York con las reuniones bilaterales sostenidas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas— ha permitido que la recomposición de sus lazos con Israel no afecte esa prioridad estratégica. También necesita mantener su relación pragmática con China, importante para infraestructura e inversión, pero administrada con tacto, pues una mayor cercanía comercial con Pekín podría generar fricciones en Washington, precisamente cuando la relación con Estados Unidos continúa siendo estratégica.

Esa lógica del interés nacional exige igualmente revisar relaciones con actores desestabilizadores. En este sentido, la decisión de cortar relaciones diplomáticas con el régimen de Irán resultó trascendental. La República Islámica actúa hoy como un Estado paria: obsesionado en exportar su revolución, ejecuta a más personas per cápita que cualquier otro país, mantiene vínculos con actores oscuros en América Latina y constituye el principal obstáculo para la estabilidad y prosperidad de su región. Dada la histórica asimetría diplomática —Irán mantenía una misión extraña en Bogotá mientras Colombia carecía de embajada en Teherán— y la total ausencia de lazos económicos válidos, la determinación de la Cancillería de clausurar definitivamente estos vínculos fue estratégica. Ahora, el Gobierno nacional y su esquema de inteligencia estarán atentos a cualquier represalia por parte de Teherán.

Estas decisiones no solo afectan la seguridad y los intereses estratégicos del país; también contribuyen a definir cómo Colombia es percibida internacionalmente. El Best Countries Index 2026ubicó a Colombia en el puesto 63 entre 85 naciones. Como índice de percepción, recuerda que la transformación debe reflejarse tanto en resultados como en la imagen proyectada internacionalmente.

Pero la reputación internacional es, en buena medida, reflejo de algo más profundo: la calidad de las instituciones. Como plantean Daron Acemoglu y James A. Robinson en Por qué fracasan los países, el progreso sostenido depende de instituciones inclusivas y capaces. El talento colombiano y su extraordinaria riqueza ecológica son reconocidos internacionalmente, pero ningún Estado alcanza influencia global basándose únicamente en sus recursos naturales, íconos culturales o triunfos deportivos.

Seguridad jurídica, disciplina fiscal, autoridad legítima, instituciones confiables y diplomacia refinada pueden convertir la simpatía hacia Colombia en confianza económica e influencia internacional. La hora de Colombia llegará si este gobierno logra acercar al país al ideal de una nación desarrollada y transparente, con instituciones y justicia sólidas, estabilidad económica y menos espacio para la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Ese puede ser el legado histórico de este gobierno. Hay razones para ser optimistas.