Que enfrente 43 imputaciones por hechos ocurridos durante su alcaldía y aun así haya sido designado como superintendente de Salud deja claro que el criterio del nombramiento no es técnico ni reputacional. Tampoco responde a una suma simple; los 227.000 votos que obtuvo en la consulta no explican su designación, no son endosables y en buena medida respondieron más al rechazo a Roy Barreras que a un respaldo propio.

La llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud es una decisión operativa sobre uno de los pocos cargos desde los que hoy se puede incidir directamente en el sistema. La entidad está facultada para intervenir Entidades Promotoras de Salud, ordenar su liquidación, forzar el traslado de millones de afiliados y, con esas decisiones, alterar en la práctica su funcionamiento.

Para el presidente, Quintero es un mal necesario. No llega por su conocimiento del sector ni por una trayectoria en salud; llega porque está dispuesto a hacer lo que otros no harían, a asumir el desgaste y a defender decisiones impopulares mientras se ejecutan. Ese es su valor para el Gobierno.

Ni siquiera dentro del propio gabinete hay tranquilidad sobre la ética de su nuevo compañero. Carlos Carrillo, director de la UNGRD, lo calificó como un “pirómano y oportunista” y dejó claro que la decisión se tomó en la Casa de Nariño.

Quintero es un agitador con narrativa. Su principal activo no está en la gestión, sino en la facilidad que posee para polarizar el discurso, construir enemigos y convertir decisiones administrativas en disputas políticas.

Ante el aumento sostenido de quejas de usuarios del sistema de salud, ese perfil resulta útil en plena campaña electoral. Su tarea no es ordenar el sistema, sino justificar decisiones y trasladar culpas hacia los antagonistas de la izquierda, aun cuando es evidente que la crisis se gestó por la desfinanciación, los retrasos en los pagos y la incertidumbre regulatoria promovida por el propio Gobierno.

A esta administración le quedan pocos meses. No hay margen para procesos graduales ni para reformas estructurales. Hay presión por actuar rápido y producir resultados visibles, cueste lo que cueste. Daniel no busca estabilizar el sistema, sino avanzar en su estatización mediante intervenciones autoritarias y capitalizar políticamente su momento más débil.

Lo que Quintero significa es que el Gobierno anticipa el costo político de lo que ha hecho y de lo que hará con la salud de los colombianos, busca trasladar la culpa a sus opositores, señalándolos como responsables mediante una narrativa de confrontación para que no afecte en las urnas a Iván Cepeda, quien, pese a presentarse como un adalid de la moral, no rechazará una decisión que, en la práctica, refuerza el proyecto político que representa y beneficia directamente su campaña.