Hay una frase que el presidente Abelardo De La Espriella repite con la insistencia de quien sabe que la está cumpliendo: “En Colombia, los bandidos no van a tener un minuto de tranquilidad”. Durante años, esa promesa fue un eslogan de campaña, uno más entre los tantos que los colombianos hemos aprendido a recibir con escepticismo. Pero los números, tozudos como siempre, empiezan a contarle una historia distinta al país. Desde que asumió el poder el 7 de agosto de 2026, el balance de su Gobierno supera ya las 17.000 capturas en apenas 36 días, 75.613 kilogramos de estupefacientes incautados, 1.506 hectáreas de coca erradicadas, 1.761 armas de fuego sacadas de circulación, 463 sometimientos a la justicia y 73 extradiciones firmadas.

El balance operacional que están manejando las Fuerzas Militares y de Policía reporta 207 bajas de integrantes de grupos armados en operaciones, 612 capturas de personas que fueron retiradas de las estructuras criminales y puestas a disposición de las autoridades judiciales, y 49 sometimientos a la justicia. Estas cifras reflejan un despliegue que no se limita a los resultados en combate, sino que también busca afectar las estructuras mediante capturas y la desmovilización de integrantes.

Para entender la magnitud de ese cambio, hay que mirar hacia atrás, hacia un conflicto que ya no existe, aunque muchos insistan en describirlo con las mismas categorías de hace 20 años. Antes de 2016, Colombia libraba una guerra con nombre propio y con actores identificables: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructuras con mando vertical, con una narrativa política que las sostenía y con territorios que ocupaban a sangre y fuego en nombre de una causa. Los homicidios asociados directamente al conflicto armado pasaron de 2.713 en 2002 a apenas 210 en 2016, una caída de más del 92 % que reflejaba el desgaste militar de esas organizaciones y el avance de una negociación que, con todos sus defectos, logró sacar del tablero a la guerrilla más antigua del continente.

Lo que vino después no fue la paz que se prometió, sino una mutación. Donde antes había un enemigo político, hoy hay franquicias criminales al servicio del narcotráfico, sin ideología, sin proyecto de país, sin más bandera que el control de rutas, laboratorios y corredores de exportación. La Fundación Ideas para la Paz documentó un aumento del 23 % en el pie de fuerza de los grupos armados solo en el último año, junto con un incremento del 58 % en los ataques contra infraestructura civil y del 62 % en los ataques contra la Fuerza Pública. Ese es el conflicto que heredó De La Espriella: no una guerra de trincheras, sino una economía criminal descentralizada, más parecida a un cartel que a un ejército irregular, y por eso mismo más difícil de enfrentar y más urgente de desarticular con inteligencia, operaciones militares, extradición y golpes simultáneos al mando, a las finanzas y al territorio.

Y Santa Marta acaba de convertirse en el ejemplo más visible de esa nueva estrategia de seguridad. La operación contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada golpeó directamente la estructura de mando de la organización. Alias Cholo, señalado como segundo cabecilla y responsable financiero, murió en una operación desarrollada en zona rural.

El golpe no fue únicamente militar. También apuntó al dinero y a la capacidad logística de la organización. La muerte de este delincuente afecta una estructura que, según las autoridades, tenía entre sus responsabilidades la articulación de rutas de narcotráfico en el Caribe. Y cuando un grupo pierde simultáneamente un mando importante, capacidad financiera y armamento, su margen de operación comienza a reducirse.

La reacción fue inmediata. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada anunciaron un paro armado de 48 horas y se produjeron amenazas contra comerciantes y transportadores, cierres de establecimientos, suspensión del transporte y ataques contra vehículos y establecimientos comerciales. En la Troncal del Caribe fueron incendiados vehículos y también se reportaron hechos de intimidación en Riohacha.

La respuesta del Estado también fue inmediata y tuvo una característica que marca una diferencia importante: la Fuerza Pública no se retiró del territorio. El Gobierno ordenó la militarización de Santa Marta y reforzó la presencia del Ejército y la Policía en los puntos estratégicos de la ciudad y de la región. A ese dispositivo se sumaron comandos Jungla, cinco aviones Kfir, ocho helicópteros Black Hawk Arpía y, posteriormente, la llegada de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas para fortalecer las capacidades de reacción. Las tropas mantienen patrullajes en corredores como la Troncal del Caribe y la vía al mar, mientras continúa la búsqueda de alias Pinocho.

El presidente, además, se trasladó personalmente a Santa Marta y encabezó un consejo extraordinario de seguridad. El Gobierno informó que el Puesto de Mando Unificado permitió mantener habilitado el 100 % de las vías, incluida la Troncal del Caribe, mientras se reforzaba la presencia militar y policial.

Aquí está uno de los elementos centrales de lo que está ocurriendo en materia de seguridad. El Estado está intentando que la respuesta a las estructuras criminales no sea únicamente una operación aislada, sino una presión sostenida sobre todos sus componentes. Primero se golpea el mando, después las finanzas, se incauta el armamento, se persiguen las rutas, se aumenta la presencia territorial y se mantiene la capacidad de reacción cuando la organización intenta responder mediante intimidación.

Conviene leer ese paro armado también desde esa perspectiva. La violencia contra comerciantes, transportadores y ciudadanos demuestra que las estructuras criminales todavía tienen capacidad de intimidación, pero al mismo tiempo evidencia que están respondiendo a una presión operacional que las obliga a trasladar su reacción hacia la población civil. El reto para el Estado es precisamente impedir que esa presión termine convirtiéndose en control social para los criminales.

Y por eso el tema de seguridad no puede reducirse a cuántas personas son capturadas o cuántos integrantes de una estructura son neutralizados. El verdadero desafío es recuperar territorio, garantizar que un comerciante pueda abrir su negocio, que un transportador pueda circular, que una familia pueda salir de su casa y que ninguna organización armada pueda decidir cuándo una ciudad trabaja, cuándo se transporta o cuándo permanece encerrada.

Lo que está pasando en Santa Marta muestra esa disputa de manera concreta. De un lado están las estructuras criminales intentando demostrar que todavía pueden paralizar una ciudad. Del otro está un Estado que está aumentando tropas, desplegando capacidades aéreas, utilizando inteligencia, golpeando mandos y finanzas, y manteniendo presencia sobre el territorio. La militarización no sustituye la seguridad permanente, pero en una coyuntura como esta busca impedir que el crimen organizado aproveche el miedo para recuperar control territorial.

Y esa es precisamente la batalla que Colombia está viendo hoy. No se trata solo de perseguir a un hombre con un alias. Se trata de impedir que quienes manejan el narcotráfico, la extorsión y las armas vuelvan a convertirse en autoridad de facto en regiones enteras. Por eso la presión sobre estas estructuras tiene que ser simultánea y permanente: inteligencia para encontrarlos, Fuerza Pública para enfrentarlos, Fiscalía para judicializarlos, extradición cuando corresponda y presencia institucional para que el territorio recuperado no vuelva a quedar en manos criminales.

En Santa Marta, el mensaje del Gobierno ha sido claro. Frente a la amenaza de un paro armado, la respuesta no será retirar al Estado, sino aumentar su presencia. Más tropas, más inteligencia, más operaciones y más control territorial. Porque al final, la seguridad se mide también por algo mucho más sencillo: quién controla el territorio. Si lo controlan los criminales, mandan ellos. Si lo recupera el Estado, mandan las instituciones. Y la disputa que se está librando hoy en Santa Marta, en la Sierra Nevada y en buena parte del Caribe colombiano es precisamente esa: determinar quién vuelve a tener el control.