En 1991, Francisco Mosquera utilizó la palabra “patulea” para referirse al M-19, que “ayuda a consolidar la reacción a nombre de la revolución”. Pasados 35 años, con ocasión del cuatrienio de Petro, este término recobra vigencia.
Empecemos por las cacareadas “reformas sociales”. Colombia está entrampada en una crisis fiscal en la que, por cada tres pesos que desembolsan los prestamistas, se les pagó uno en promedio de 2022 a 2025. No nos salvó que el FMI prescribiera la reforma tributaria de 2022 –que denominan “progresiva”–, la cual gravó con impuesto al consumo del 25 por ciento a bebidas y alimentos. Por ese concepto, de 2023 a 2026, se recogerán más de 10 billones de pesos, que, sumados a otros como el impuesto “al carbono”, recaudarán la cuarta parte de dicha reforma. Para 2025, los tributos regresivos predominan sobre los directos, como el del patrimonio y renta. Los ricos no lloraron.
Sucede igual con la reforma laboral, aplaudida por la Ocde y Estados Unidos. El dirigente de la CUT del Valle César Collazos concluye que fue una “contrarreforma”. El domingo ya no es el día de descanso obligatorio (art. 14); se flexibiliza más la jornada laboral; se permiten aportes a pensión por debajo del mínimo; se mantienen la tercerización e intermediación; se dejan puertas abiertas para no pagar recargos por extras o festivos (art. 11); se desregula el trabajo suplementario y se retrocede en la protección de los sindicalizados y de la incapacidad laboral reforzada (ver soberania.co).
La reforma pensional –paralizada en la Corte Constitucional e inspirada en el sistema de pilares del Banco Mundial– reduce la solidaridad social e intergeneracional. Según Collazos, excepto para el 13 por ciento de los asalariados formales, la pensión será de un salario mínimo, y los bonos para los desposeídos no son jubilación, son óbolo. Para una mesada adicional de otro mínimo, deberán ahorrarse 600 millones de pesos; privilegio para menos del 1 por ciento (ver soberania.co).
Es peor en otras de las reformas por las que saca pecho el petrismo. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) solo cumplió el 7 por ciento de la meta de entregarles 1.500.000 hectáreas a los beneficiarios con títulos; fueron apenas 98.000. Quedaron sin distribuirse 642.000 hectáreas, de ahí que sea ahora la mayor terrateniente de Colombia.
En la atención a la niñez, de 75 indicadores, 30 no se cumplieron y 10 tuvieron avance insuficiente (El Colombiano, 30/6/26). En energía, tras la merma patrimonial de Ecopetrol en un 30 por ciento frente a 2022 y la disminución de reservas, se perdió la soberanía con la importación del 20 por ciento del gas para uso interno. También son ya más de 16 millones las toneladas de géneros extranjeros necesarios para completar la alimentación.
Cunde la extorsión y las cárceles siguen en caos; aumentó el ingreso por narcotráfico al 4,4 por ciento del PIB (Eafit) y la minería ligada a las fuerzas violentas surte buena parte de las exportaciones auríferas. Del 7 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2026, hubo 349 masacres y 800 personas –entre líderes sociales y firmantes de paz– asesinadas (Indepaz). En el mismo periodo, en el gobierno de la “Paz Total”, los integrantes de los grupos armados organizados aumentaron en un 90 por ciento, de 15.120 a 28.802 (Indepaz).
Las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes del sistema de salud pasaron de 1.149.403 en 2022 a 2.048.435 en 2025, con ocho EPS intervenidas; el promedio mensual de tutelas cambió de 156.274 a 312.753 y se quebró el Fomag, que atiende la salud del magisterio.
Al estado trágico de Colombia deben sumarse denuncias y procesos por corrupción que enlodan al entorno de Petro. La lista abarca a la exesposa Verónica, al grupo de catalanes amigos con una rosca de amistades, a su hijo Nicolás, a su hermano Juan Fernando, y a las allegadas Sarabia, Guerrero, Cortés y Muñoz; al exgerente de campaña y expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, al coordinador personal de prensa, Andrés Hernández, junto con Carlos Ramón González, su excompañero del M-19, Sandra Ortiz, Olmedo López, Sneyder Pinilla y César Manrique; a los exministros Bonilla, Velasco y Urrutia, y a los políticos cercanos Calle, Karen Manrique, Name y Manzur, entre otros. Esas barbaridades y otras que aparecerán le pondrán una mancha vergonzosa al Pacto Histórico.
En Petro nadie puede identificar a un revolucionario, ni siquiera él. De ahí que no extrañe que el desastre del fallido gobierno de esta patulea tuviera como otro legado al “tigre” De La Espriella, el candidato de Trump. Entre tanto, a los demás nos compete, como invocó Mosquera, oponernos a que “Estados Unidos cure sus falencias, ni libre sus disputas comerciales, ni salga de su actual ciclo recesivo, a costa de las bancarrotas, las miserias y los sufrimientos de los pueblos de América”, incluida Colombia.