Recientemente, la estatal petrolera venezolana, PDVSA, ha procedido a la toma de control —bajo el eufemismo de una revocatoria de concesión — de los campos petroleros Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto. Estos activos, que formaban parte de la empresa mixta PetroDelta, contaban con una participación mayoritaria del Estado por el 60 %. La narrativa oficial de PDVSA es simple y conveniente: argumentan que la empresa mixta no cumplió con sus metas de inversión y que la producción se estancó en unos modestos doce mil barriles diarios, muy lejos del potencial de cien mil que, según el discurso gubernamental, habrían sido posibles.

Sin embargo, detrás de esta versión oficial se esconde una realidad mucho más compleja y turbia. Durante más de una década, PDVSA ha sistemáticamente omitido cumplir con sus obligaciones —entre otras— el pago del porcentaje de producción que le correspondía al socio privado, DP Delta Finance B.V. Al acumular pasivos superiores a los ochocientos millones de dólares, el Estado venezolano colocó al socio privado en una situación financiera insostenible. Resulta, cuando menos, cínico culpar al privado de ‘falta de inversión’ cuando ha sido la propia petrolera estatal la que, mediante el impago, ha asfixiado la operatividad del proyecto.

Esta maniobra de apropiación no es un acto administrativo aislado, sino una operación orquestada con la colaboración de Pacific Coast Energy Company (PCEC), un operador con sede en California cuya trayectoria y solidez financiera han sido cuestionadas. PCEC no solo opera campos en decadencia en Los Ángeles, sino que su modelo de negocio —basado en la venta de ingresos futuros a fondos vinculados a la banca de inversión— sugiere una estrategia de extracción de valor a corto plazo más que una apuesta por la sostenibilidad energética.

Detrás de este entramado surge la figura de Alejandro Betancourt, quien ha facilitado acuerdos de financiamiento por 800 millones de dólares para que la empresa de Klaus Hasbo, relacionada a su vez con el inversionista Alshair Fiyaz, tomara las riendas de los yacimientos. Betancourt, cuya carrera ha estado marcada por escándalos y múltiples investigaciones por presunto blanqueo de capitales en Estados Unidos, España y Suiza, parece gozar de una extraña inmunidad. Según informes recientes de The Washington Post, altos funcionarios del Gobierno estadounidense habrían intervenido ante las autoridades suizas para evitar la imputación de cargos contra el empresario, una revelación que pone en duda la supuesta cruzada anticorrupción de Washington en Venezuela.

La pasividad —o complicidad— de las agencias estadounidenses ante este despojo es, cuanto menos, sorprendente. DP Delta Finance, B.V. a través de su accionista mayoritario, el recordado Oswaldo Cisneros, había garantizado al Estado venezolano, bajo el marco legal vigente, una inversión superior a los mil millones de dólares para optimizar la producción del campo, sujeto a que PDVSA cumpliera —como indican los representantes de DP Delta Finance, B.V.— con todas sus obligaciones legales y contractuales. Que los intereses geopolíticos hayan pesado más que la legalidad y el Estado de derecho es un golpe a la credibilidad de quienes dicen abogar por la libertad en Venezuela.

Esta contradicción fue señalada con precisión quirúrgica por el economista Ricardo Hausmann, quien, en un mensaje dirigido al senador Marco Rubio, sintetizó el sentir de muchos venezolanos ante la política exterior estadounidense: “Acabas de perder toda confianza que los venezolanos tuvieran en ti, y eso te perseguirá. Optaste por usar el poder estadounidense, no para liberar venezolanos, sino para acostarte con nuestros opresores”. Hausmann enfatiza que este acuerdo carece de legitimidad constitucional y es una señal clara de que el pragmatismo a corto plazo ha sustituido a los principios democráticos.

Este episodio nos deja una lección dolorosa: en la política internacional, los países operan bajo el imperio de los intereses, no de las amistades. Para naciones como Colombia, el caso venezolano es un espejo inquietante sobre los peligros de la dependencia de una sola potencia, especialmente cuando se carece de soberanía económica para equilibrar la balanza. Un ejemplo reciente es el del fondo Pimco, que gestiona activamente más de 2 billones de dólares en activos para bancos centrales, fondos soberanos, fondos de pensiones, empresas, fundaciones y fondos de dotación, así como para inversores individuales en todo el mundo. Pimco, bajo la tutela del Gobierno americano, acaba de realizar una operación con rentabilidad de más del 30 % prestándole al gobierno Petro a tasas superiores al 14 % en un acuerdo privado que tiene hoy al país en grandes dificultades en su balanza fiscal.

Mantener relaciones internacionales provechosas no es un acto de fe, sino una danza sobre la cuerda floja que exige, ante todo, un equilibrio estratégico y una astucia que, a la vista de los hechos en Venezuela y Colombia, parece escasear en nuestra región.