De los mayores fracasos del saliente Gobierno de Petro es el legado en el sector TIC. Un retroceso hacia un duopolio en la oferta, incubado por los cuatro ministros que tuvo esa cartera, en menoscabo del consumo de 95 millones de líneas activas, 27 en la modalidad prepago.

En marzo de 2026, el Dane reveló que la inflación general fue 0,78 por ciento, pero la de información y comunicaciones varió 2,96 por ciento, casi el cuádruple. Empezó a reflejarse la fusión Tigo-Movistar, que consolidó un oligopolio por la acción de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien le dio vía libre para beneplácito de los españoles de Telefónica y los franceses de Millicom. El disparate no es obstáculo para que Rusinque presente su gestión como Gobierno “para el pueblo”. No importa que se pague más por un servicio que será peor debido a factores estructurales de oferta, según afirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en un debate de control político (Cámara de Representantes, 15/4/26).

La actual ministra de las TIC, Carina Murcia, dijo que “no tenemos una hipótesis clara de por qué subieron las tarifas en los planes celulares” y, al contrario, declaró que “no podemos identificar que [la fusión] haya sido [la causa]” (Valora, 17/4/26). Trata de ocultar que, con la venia oficial, se marchó hacia un mercado todavía más concentrado, con menor competencia, tarifas al alza, calidad a la baja y condiciones perjudiciales para los consumidores.

La fusión Tigo-Movistar gestó un duopolio que, junto con Claro, concentra cerca del 90 por ciento del mercado y la ministra Murcia lo quiere más robusto. Presentó un proyecto de decreto que desplaza la atribución de modificar los topes establecidos de espectro electromagnético para los operadores –un bien finito de la nación– del presidente de la república, quien hoy la ostenta, al ministro de turno.

No importa ni el gazapo jurídico, que subdelega una facultad presidencial a golpe de resolución, ni que los efectos (como sería “una subida exprés de topes”) puedan reforzar la posición dominante de quien tenga la suficiente palanca financiera y la liquidez de caja para acceder a un mayor control de las frecuencias. Hoy por hoy, en Colombia esto tiene nombre propio: Claro.

¿Se expondrá en el empalme de ese ministerio que solo salieron políticas públicas a favor de dicha preponderancia? Los gremios, los operadores menores, la academia y voces del Congreso (17 de 18 intervinientes) advirtieron el despropósito de subir los topes sin siquiera una subasta de espectro. El proyecto de decreto coincide con la petición de Claro a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de levantarle la declaratoria de posición dominante, impuesta en 2021.

Paralelamente a estos movimientos institucionales, Claro pretende quedarse con la red troncal de fibra óptica que operaba la compañía Azteca –de propiedad de otro magnate mexicano, Ricardo Salinas–. Esa red nació en 2011, en el Plan Vive Digital durante el primer Gobierno de Juan Manuel Santos, y se pagó con plata pública, más de 415.000 millones de pesos del Fondo TIC, a los que se sumaron aportes del presupuesto general por 235 millones de dólares. Cubre 900 municipios y 32.000 kilómetros –el 83 por ciento del territorio– y fue concebida como red neutra para mantener la competencia que entró en agonía en los tiempos “progresistas” del petrismo.

La fibra que se pagó con los impuestos de los colombianos de un golpe podrá quedar en manos del mayor operador TIC a través de un proceso de privatización disimulada si Salinas la cede a Slim. Resulta ser un negocio llamativo porque mientras aquí se coluden, en México se enfrentan con fiereza. A propósito, sería bueno que, en el empalme, los delegados abelardistas expresaran cuánto tienen que ver los aplausos que Ricardo Salinas ha lanzado en su cuenta de X al Gobierno de “el tigre” (X, @RicardoBSalinas, 24/6/26 y 25/6/26).

La Ocde, en el documento Digital Connectivity Review of Colombia (2026), indicó que la dominancia de Claro quedó sin medidas regulatorias que la contuvieran, y que la fusión de los operadores (Tigo-Movistar) exige acciones oportunas y equilibradas para evitar que se afiance una inicua concentración en perjuicio del consumidor, ya que esto limita la libre elección y elimina la presión competitiva.

El índice de concentración (IHH) del sector TIC alcanza 3.993 (el más alto del mundo), producto de un duopolio que controla 93 por ciento del mercado. Ese diseño hará que el pueblo –que tanto se nombra– participe en un sistema asimétrico, de demanda masiva y oferta limitada que traerá, como ha pasado, más persecución sindical. Petro prometió combatir la privatización de activos públicos y los monopolios, pero hizo todo lo contrario, algo más de “el cambio en reversa”.