Imagine por un momento que usted es el comandante de una estructura narcoterrorista escondida en la selva colombiana. Sabe que la Fuerza Pública lo busca. Desde su campamento ordena homicidios, extorsiones, mueve cargamentos de cocaína y planea ataques. También sabe que puede convertirse en objetivo de una operación militar. Pero ahora tiene una información adicional. Si hay menores reclutados en ese lugar y existe información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre su presencia, una decisión judicial puede frenar una operación aérea mientras se cumplen las condiciones impuestas por el juzgado.
La pregunta es brutal. ¿En qué momento proteger a nuestros niños terminó significando proteger también al narcoterrorista que los recluta, los arma y los utiliza como escudo frente al Estado? Ese es el debate que Colombia debería estar dando. Un menor reclutado es una víctima. Lo era antes de recibir un fusil, antes de vestir un camuflado y mucho antes de que una bomba pudiera caer sobre el lugar donde sus captores decidieron mantenerlo. Lo inadmisible es empezar a contar la historia cuando despega el avión y borrar todo lo que ocurrió antes. Porque antes de la bomba estuvo el reclutador. Alguien llegó hasta ese niño, lo engañó, lo amenazó, aprovechó su pobreza y vulnerabilidad, lo separó de su familia, lo entrenó y le entregó un arma. Alguien decidió convertir su infancia en material de guerra. Ese alguien no fue la Fuerza Pública.
Pero vamos a los datos, con unas cifras que son una vergüenza nacional. Human Rights Watch documentó alrededor de 1.500 niños, niñas y adolescentes reclutados desde 2021 y un fuerte incremento de los registros desde 2023; es decir, el fenómeno se agravó en el nefasto gobierno de Gustavo Petro. Más del 30 por ciento de los menores documentados tenían entre 10 y 14 años. Los indígenas representan casi la mitad de los casos registrados. Y la realidad puede ser todavía peor porque existe un enorme subregistro. Hay padres que callan porque denunciar puede significar perder al hijo que todavía tienen en casa y comunidades enteras sometidas a los fusiles de quienes se llevan a sus muchachos.
¿Quiénes se los están llevando? Las disidencias narcoterroristas de las FARC encabezan los registros, seguidas por el ELN y el Clan del Golfo, entre otras estructuras criminales que continúan reclutando menores. Los utilizan para combatir, vigilar, transportar, obtener información y controlar comunidades. También los buscan por redes sociales, les prometen dinero y les ofrecen trabajos que no existen. Detrás de cada cifra hay un niño que debería estar pensando en una tarea, jugando fútbol, enamorándose por primera vez o regresando del colegio, pero que terminó aprendiendo a obedecer las órdenes de un criminal armado. Ese debería ser el verdadero escándalo nacional.
Petro llegó a la Presidencia prometiendo la Paz Total. Cuatro años después, el balance está ahí. Su Gobierno fue incapaz de contener el reclutamiento mientras poderosas organizaciones ilegales ampliaban su presencia territorial. Petro concedía ceses al fuego, nombraba gestores de paz, abría mesas y vendía al país la promesa de que su política desactivaría la violencia, mientras los grupos seguían reclutando niños, traficando cocaína y disputándose Colombia. No desaparecieron. Por el contrario, se fortalecieron y se expandieron.
Mientras desde Bogotá se pronunciaban discursos sobre la paz, en muchas regiones los hombres armados seguían decidiendo quién podía entrar, quién tenía que salir, qué familia debía pagar, qué comerciante tenía que cerrar y qué muchacho debía marcharse con ellos. Esa es también la herencia de la Paz Total. Petro puede envolverla en toda la retórica que quiera, pero no puede borrar los resultados. Durante su gobierno, cientos de menores continuaron cayendo en manos de estas estructuras y extensas zonas del país permanecieron bajo la influencia de organizaciones ilegales.
Ahora el hipócrita exguerrillero se indigna por los bombardeos. No sorprende. Es la vieja narrativa con la que durante años ha romantizado a los grupos armados y ha convertido al Estado que los combate en victimario. El criminal termina presentado como producto de las injusticias sociales, mientras el soldado, el policía y las instituciones que intentan enfrentarlo ocupan el banquillo de los acusados. La Fuerza Pública enfrenta estructuras que asesinan, secuestran, extorsionan, trafican cocaína, desplazan campesinos, siembran minas, atacan poblaciones y reclutan niños para alimentar su guerra. Que el Estado tenga que cumplir unas reglas que los delincuentes desprecian no cambia quién puso al menor en el campo de batalla.
Y aquí conviene desmontar una idea peligrosa. El Derecho Internacional Humanitario no establece que la presencia de un menor reclutado convierta automáticamente en intocable un objetivo militar. Los niños gozan de protección especial y su reclutamiento y utilización por grupos armados están prohibidos. Pero el DIH también regula la participación directa en las hostilidades. Un civil pierde la protección contra el ataque directo mientras participa directamente en ellas. Eso no significa que todo menor encontrado en un campamento pueda ser atacado ni concede carta blanca para bombardear. Siguen vigentes las obligaciones de distinción, proporcionalidad y precaución. El punto es otro. El crimen de reclutar niños no puede convertir automáticamente en santuario a la estructura armada que los reclutó.
Por eso resulta todavía más grave utilizar la presencia de menores como argumento para desarmar operacionalmente al Estado. El DIH impone límites a la guerra, no inmunidad para el narcoterrorista. Las autoridades deben proteger a los niños y, simultáneamente, conservar la capacidad de combatir a quienes los arrastran al conflicto.
Por otra parte, Petro debería tener memoria. Según cifras de Medicina Legal citadas por El País, 62 menores murieron en operaciones militares durante su gobierno, frente a 42 durante la administración de Iván Duque. Petro también autorizó bombardeos. Bajo su mando también murieron menores reclutados en operaciones militares. Entonces, basta de memoria selectiva. Los principios no pueden cambiar dependiendo de quién duerma en la Casa de Nariño. Si hoy considera inadmisibles esas operaciones, que explique las ejecutadas mientras era comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Si ahora pretende erigirse en defensor de los menores reclutados, que responda también por qué su Paz Total fue incapaz de impedir que cientos de ellos terminaran bajo el dominio de las mismas organizaciones con las que su Gobierno negociaba.
Es importante mostrar que la diferencia política sí importa. En el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, la decisión es clara: combatir de frente al narcoterrorismo, perseguir a sus cabecillas y recuperar los territorios que durante años quedaron bajo el dominio de los criminales. Si de verdad queremos proteger a nuestros niños, hay que quitarles poder a quienes los reclutan, los arman y les roban la infancia. Hay que quitarles territorio, dinero, rutas, hombres y capacidad de hacer la guerra, impedir nuevos reclutamientos y rescatar a quienes ya cayeron en sus manos. Porque mientras estas estructuras sigan mandando en regiones enteras del país, seguirán teniendo menores a su alcance. A nuestros niños no se les protege dejándoles el camino libre a quienes se los llevan. Se les protege combatiendo y derrotando a quienes hicieron de su infancia otra arma para la guerra. El primer fusil que hay que sacar de esta guerra es el que un criminal puso en las manos de un niño. Esa es la prioridad de El Tigre.
Aquí es donde la historia se vuelve todavía más grave e inconcebible. Un juzgado de familia de Bogotá termina condicionando operaciones aéreas de la Fuerza Pública en plena ofensiva contra estructuras narcoterroristas. La medida provisional establece restricciones cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre menores reclutados o utilizados. Protegerlos es una obligación. Convertir esa protección en una barrera que termine favoreciendo operacionalmente a quienes los reclutaron es un despropósito.
Sobre el papel se escriben condiciones jurídicas. En la selva, los criminales entienden rápidamente dónde están sus ventajas. Si un cabecilla descubre que mantener menores cerca dificulta que su campamento sea bombardeado, tendrá una razón adicional para hacerlo. Recluta al niño, viola sus derechos, lo introduce en la guerra y después puede beneficiarse militarmente de su presencia. El bandido comete el crimen y la Fuerza Pública termina pagando el costo operacional. Eso es perverso.
¿A quién favorece semejante situación? Al niño, no. Seguirá sometido a los criminales, separado de su familia y expuesto a morir en una guerra que nunca debió ser suya. El beneficiado puede terminar siendo el cabecilla que lo reclutó y descubre que su víctima también puede servirle de protección.
Mientras tanto, aparecerán quienes quieran acabar con los bombardeos sin explicar cómo pretenden combatir organizaciones que se esconden en selvas y montañas, dominan corredores del narcotráfico y someten comunidades enteras. ¿Mandamos a nuestros soldados por tierra a cada campamento para que los masacren? ¿Cuántos soldados deben morir para que algunos consideren legítima una operación? ¿Cuántos territorios debemos abandonar mientras encontramos una manera de combatir que satisfaga a quienes juzgan la guerra desde un escritorio? No basta con decirle al Estado qué no puede hacer. Hay que explicar cómo impedir que esas estructuras sigan asesinando, extorsionando, traficando, desplazando y llevándose a nuestros niños.
Por eso, los colombianos ya conocemos este libreto y no comemos cuento: convertir al criminal en víctima y a quien lo combate en verdugo. La paz no consiste en dejar de perseguir a quienes siguen haciendo la guerra. Mucho menos en premiarlos con el estatus de gestores de paz mientras continúan delinquiendo. Tampoco consiste en permitir que acumulen territorio, hombres, armas y rentas del narcotráfico, mientras el Estado acumula mesas, protocolos, comunicados y buenas intenciones. Mucho menos puede consistir en abandonar a nuestros niños en manos de quienes los necesitan para mantener vivo el conflicto.
La discusión sobre los bombardeos empieza demasiado tarde cuando comienza con el avión. Empieza en una escuela rural donde un reclutador identifica a un niño vulnerable, en el mensaje por redes sociales que promete dinero fácil, en la oferta de trabajo que nunca existió, en la madre que sabe que se llevaron a su hijo, pero no denuncia porque tiene otros dos en casa, en el pueblo donde manda más un fusil que un alcalde, un policía o un juez. También empieza cuando un gobierno permite que los grupos armados acumulen suficiente poder para decidir quién entra, quién sale, quién paga, quién calla y qué niño se llevan.
Un menor reclutado es una víctima mucho antes de que caiga la primera bomba. Lo es desde el instante en que un criminal le roba la infancia, lo separa de su familia, le entrega un arma y lo convierte en instrumento de una guerra que jamás debió pertenecerle. El Estado tiene la obligación de salvar a esos niños y de perseguir sin tregua a quienes se los llevaron. Las dos cosas.
Colombia cometería una monstruosidad si, con el argumento de proteger a nuestros niños, termina amarrándole las manos a la Fuerza Pública y enseñándoles a los narcoterroristas que reclutar a un menor no solo les sirve para alimentar su guerra, sino también para protegerse del Estado.
Adelante, presidente Abelardo. No se deje amedrentar por la retórica mamerta de una extrema izquierda que durante cuatro años fue incapaz de frenar el reclutamiento de menores, mientras las estructuras criminales se rearmaban, aumentaban su pie de fuerza y extendían su poder. Colombia ya pagó demasiado caro la debilidad frente a los violentos. Ahora corresponde recuperar el territorio, respaldar a las Fuerzas Armadas y enfrentar a quienes convirtieron la infancia en instrumento de guerra. Con el narcoterrorismo no se negocia ni se claudica. Se le combate con toda la fuerza legítima del Estado y de la ley.