La siguiente es una columna que publico cada cierto número de años. Con leves adaptaciones al momento en que se publica, su esencia sigue vigente.
Desde hace 50 años, los poderes públicos en Colombia han estado al servicio del narcotráfico, de la corrupción y de los paramilitares. Hace medio siglo se inició también la etapa de fuerte expansión de las guerrillas, aunque las Farc firmaron un acuerdo de desmovilización en 2016.
Las guerrillas nunca han regido los destinos de Colombia. Nunca han tenido firma en la chequera del ministro de Hacienda. Nunca fijaron las políticas públicas. Nunca han expedido una ley de la República. Las guerrillas siempre han sido ilegítimas, siempre han estado alzadas en armas; por eso se les llama apropiadamente, como a otras agrupaciones delictivas similares, organizaciones al margen de la ley.
Con crímenes execrables como el secuestro, las guerrillas lograron enemistarse con toda la población. Invirtieron más de medio siglo en desacreditarse, aunque es igualmente cierto que el partido político civil de las Farc, la Unión Patriótica, fue víctima de un exterminio sistemático perpetrado por agentes oficiales.
Del derramamiento de sangre y de petróleo causado por las guerrillas –innegable, doloroso y afrentoso– se ha lucrado el establecimiento político para encubrir el enriquecimiento ilícito de las castas politiqueras y todos los delitos contra la administración pública cometidos desde el fin del Frente Nacional en 1974.
El lavado de cerebro a la población ha sido muy eficaz. Muchos ven las guerrillas y otros grupos armados ilegales como el principal problema del país y pasan por alto la aberrante inequidad en la distribución del ingreso y la privatización criminal del Estado por parte de mafias de la contratación gestadas en la elección impopular de alcaldes y gobernadores.
El fortalecimiento de las guerrillas en los últimos 50 años se debe atribuir a los poderes públicos que no frenaron a tiempo su expansión, que no crearon las condiciones de vida adecuadas para la población de las regiones marginadas o remotas donde pelecharon los insurgentes, que no realizaron la inversión pública para aclimatar las instituciones del Estado en territorios periféricos.
Por estar al servicio del narcotráfico, de la corrupción y de los paramilitares, los poderes públicos no sofocaron a tiempo la amenaza guerrillera ni llevaron el bienestar a los habitantes del Caquetá, del Meta, del Putumayo, de Nariño, del Cauca y de tantas regiones.
Correspondía a los partidos políticos y a las corrientes parlamentarias tomar las decisiones militares y no militares para enfrentar la guerrilla. Pero sus personeros, dedicados a saquear el presupuesto o a alcahuetear la depredación, claudicaron frente a sus deberes constitucionales y prefirieron aliarse con los paramilitares y con otros grupos ilegales o tolerarlos como estrategia para combatir a los guerrilleros. Permitieron que fuera el ejército el que decidiera, cuando según la Constitución los militares no son deliberantes y deben limitarse a ejecutar las decisiones del poder civil.
A lo largo de 50 años, los poderes públicos sacrificaron el bien común en el templo del peculado y del prevaricato, de las ejecuciones extrajudiciales y del concierto para delinquir. No hemos tenido gobiernos eficientes y modernos consagrados a velar por el bienestar de la población. Un Estado deslegitimado por su prontuario vituperable y por la reincidencia en el delito de sus agentes altos y bajos constituye la radiografía de los poderes públicos en los últimos 50 años.
El Gobierno Petro –de izquierda, del M-19, del progresismo, o como se le llame– continuó el patrón de los gobiernos de los últimos 50 años. Creció el área cultivada en coca, campeó la corrupción y se toleró a los grupos ilegales al margen de la ley.
¿Cómo puede librarse Colombia de este ciclo diabólico? Con desarrollo económico, con tasas de crecimiento superiores al 6 o al 7 por ciento anual, o idealmente con tasas de desarrollo cercanas al 10 por ciento anual. Y con megacárceles para los condenados por corrupción.