Sesenta días no son suficientes para transformar un país, pero sí para comenzar a definir el rumbo de un gobierno. Desde su posesión, el pasado 7 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella ha enfrentado una realidad nacional compleja, marcada por la inseguridad, las dificultades fiscales y una emergencia humanitaria provocada por el terremoto que sacudió varias regiones apenas tres días después de su llegada a la Casa de Nariño. En medio de estas circunstancias, sus primeras decisiones comienzan a mostrar hacia dónde quiere conducir al país, con la recuperación de la autoridad del Estado, el fortalecimiento de la seguridad, la promoción de la inversión privada y la atención de las necesidades más urgentes de los colombianos.
La seguridad ha ocupado buena parte de la agenda presidencial. Durante décadas, la violencia y las economías ilegales han limitado el desarrollo de numerosas regiones, afectando a comunidades, comerciantes y productores. Según el balance gubernamental del 9 de octubre, desde la posesión se habían registrado 32.503 capturas y 3.456 armas retiradas de circulación. A estos resultados se suman importantes incautaciones de estupefacientes, destrucción de laboratorios y 119 extradiciones firmadas, estas últimas confirmadas por Presidencia el 8 de octubre. El balance da cuenta de las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.
Entre los operativos más relevantes figura el realizado el 4 de septiembre en Riohacha, La Guajira, en el que murió alias Bendito Menor, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En el mismo procedimiento murieron alias La Bebecita, vinculada por las autoridades con las finanzas de la organización, y dos integrantes de su esquema de seguridad. La muerte del cabecilla afectó la estructura de mando de un grupo armado que había extendido su influencia mediante amenazas, extorsiones y control territorial en el Caribe colombiano.
La ofensiva militar se ha extendido a otras organizaciones narcoterroristas. Según el balance presidencial de septiembre, en la operación Azarías murieron 24 integrantes de grupos armados y en la operación Amón, otros siete. El informe del 9 de octubre registró, además, dos integrantes del Clan del Golfo muertos en combate en Yarumal, Antioquia. Estas acciones forman parte de la estrategia para debilitar las organizaciones armadas y recuperar la presencia del Estado en las regiones afectadas por la violencia.
El Gobierno impulsó un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio para erradicar cultivos ilícitos de coca en el Putumayo. La iniciativa busca evaluar una nueva herramienta contra las plantaciones que alimentan las finanzas del narcotráfico y de las organizaciones armadas. El problema trasciende las fronteras colombianas y afecta también la seguridad de Estados Unidos, uno de los principales destinos de la cocaína. Combatir estas economías ilegales forma parte de una estrategia que incluye operaciones militares, interdicción y cooperación internacional.
La administración también prepara el Estatuto Antiterrorista, que contempla un registro nacional de organizaciones terroristas, congelamiento de activos, endurecimiento de penas, un régimen penitenciario especial para cabecillas y mayores mecanismos de cooperación judicial. La propuesta busca ampliar las herramientas del Estado para perseguir tanto a las estructuras armadas como a sus redes de financiación. Su contenido deberá discutirse en el Congreso dentro del marco constitucional.
Sin seguridad, muchas regiones seguirán encontrando dificultades para atraer inversión. Los empresarios necesitan territorios donde puedan desarrollar sus proyectos sin extorsiones, amenazas ni restricciones impuestas por grupos criminales. Recuperar el control territorial puede abrir oportunidades para la agricultura, la industria, el turismo y el comercio. El acercamiento del presidente al sector privado responde a esa realidad. El Estado debe garantizar estabilidad y reglas claras, mientras las empresas aportan capital, actividad productiva y oportunidades laborales. Colombia necesita esa colaboración para recuperar la confianza y ampliar su capacidad de generar empleo.
El terremoto del 10 de agosto obligó al Gobierno a atender una emergencia nacional cuando apenas comenzaba su mandato. La creación del Fondo Milagro, cuya entrada en operación se anunció en el Consejo de Ministros del 6 de octubre, busca organizar la reconstrucción de viviendas, hospitales, colegios, vías y acueductos. El mecanismo cuenta con un billón de pesos inicial y participación de representantes empresariales en su dirección. La vinculación del sector privado puede aportar experiencia y capacidad de ejecución a una tarea que exige respuestas oportunas para las comunidades damnificadas.
A este esfuerzo se suma una línea especial de crédito de 20.000 millones de pesos, anunciada el 9 de octubre a través de Bancóldex para empresarios del Quindío. El programa busca respaldar la actividad productiva, el turismo y el sector cafetero, fundamentales para la economía regional. Con esta financiación se pretende que los negocios afectados puedan recuperarse y volver a generar empleo.
En el frente fiscal, De la Espriella ha denunciado el deterioro de las finanzas públicas recibido de la administración anterior. El llamado presupuesto de la verdad para 2027 y las medidas de austeridad forman parte de su respuesta a los compromisos que, según el Ejecutivo, carecen de respaldo suficiente. Ordenar las cuentas del Estado permitirá establecer prioridades y determinar cuánto puede destinarse a inversión sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
El Gobierno presentó, además, El libro de la verdad, un documento de 135 páginas que reúne denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas y posibles hechos de corrupción. Estos hallazgos deberán ser examinados por las autoridades competentes, responsables de establecer si existieron conductas ilegales y quiénes deben responder por ellas. Es una oportunidad para esclarecer el manejo de los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre su utilización.
La salud también ha ocupado un lugar destacado en los consejos de ministros. En la sesión del 6 de octubre, el presidente informó que el plan de choque había permitido entregar más de 7,2 millones de unidades de medicamentos a 177.048 pacientes y resolver 120.586 procedimientos pendientes, beneficiando a más de 70.000 personas. Según el Gobierno, las entregas representan un avance del 31,2 % frente a los medicamentos pendientes identificados. El balance oficial recoge los resultados reportados en la atención de pacientes que llevaban meses esperando tratamientos y procedimientos médicos.
El presidente ordenó igualmente auditar y sanear las cuentas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), establecer la magnitud de sus obligaciones y proteger la atención de los maestros. En el sector energético, el Ejecutivo activó un plan de choque para reducir el riesgo de apagón, con medidas de ahorro, disponibilidad de gas y combustibles, mayor aprovechamiento de las centrales térmicas y responsabilidades definidas antes del 31 de diciembre. En infraestructura, planteó agilizar y digitalizar los procedimientos de consulta previa, respetando los derechos constitucionales de las comunidades, para facilitar proyectos estratégicos como el canal del Dique.
Otra decisión del Consejo de Ministros fue revisar el destino de los 1,13 billones de pesos que, según los registros estatales citados por el presidente, fueron entregados en el marco de los planes concertados con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La instrucción consiste en examinar contratos y convenios para establecer cómo se ejecutaron esos recursos. El mandatario reafirmó el respeto a la protesta pacífica y al diálogo con las comunidades indígenas, al tiempo que rechazó los bloqueos y las acciones violentas como mecanismos de presión. La revisión permitirá esclarecer el manejo de los fondos públicos, sin anticipar irregularidades que todavía no han sido demostradas.
Abelardo de la Espriella ha comenzado a imprimirle su sello a la Presidencia con decisiones que reflejan las prioridades que defendió durante su campaña. Los golpes a las organizaciones narcoterroristas, la respuesta a la emergencia humanitaria, las medidas para atender la crisis de salud y la participación del empresariado en la recuperación económica dan cuenta de un Gobierno que ha pasado del discurso a la acción. En apenas dos meses, el presidente ha puesto en marcha una agenda que reivindica la autoridad del Estado, la seguridad de los colombianos y la confianza en la iniciativa privada como motores del desarrollo nacional.