En el libro Los santos óleos: Agonía de la industria petrolera en Colombia, Francisco Lloreda (2026) expone pruebas contundentes de la arremetida del Gobierno Petro contra los hidrocarburos.
Describe a una Ecopetrol en “camino al desolladero”, asfixiada por el estancamiento de sus reservas probadas de petróleo, para 7,2 años y para 6,2, de gas, y la ralentización de la producción diaria. Este deterioro amenaza la sostenibilidad fiscal y macroeconómica, programas sociales locales, la “seguridad e independencia energética” e incide en la “pérdida de autonomía”, cuando existe un riesgo crítico en el contexto de conflictos en Medio Oriente, Ucrania y otras latitudes.
La Unión Sindical Obrera (USO), el mayor sindicato de trabajadores petroleros, alzó la voz contra ese declive y cuestionó la orden de Petro de vender el proyecto de fracking en Texas. Esta operación no solo aporta el 10 por ciento de las reservas, sino que brinda liquidez para paliar el alto endeudamiento que alcanza ya las dos terceras partes de los activos de la compañía.
Varias políticas golpean el corazón de Ecopetrol: la energética, que prohíbe explorar nuevos pozos; la de transición, que la forzó a invertir más de 2.100 millones de dólares en proyectos “alternativos” (Suárez, 2025, pág. 289); y la comercial, que privatiza la importación de 80 millones de galones de gasolina mensuales (Lloreda, 2026) –con la participación de Terpel y Primax– y de 190 millones de pies cúbicos de gas diarios (Lloreda, 2026). Se suma una política fiscal que le “exprimió” 172 billones de pesos, 43 anuales, en cuatro años, por dividendos, regalías e impuestos, gracias a una opresiva tasa de tributación hasta del 36 por ciento (Suárez, 2025, pág. 293).
La crisis se agrava con los escándalos de su presidente, Ricardo Roa. La cuestionada gestión es propicia para una caída en la valoración de Ecopetrol en las bolsas internacionales por razones reputacionales, lo que eleva el riesgo de que los acreedores exijan el pago inmediato y total de los créditos.
El “prontuario” de Roa es extenso: desde presunto “tráfico de influencias” para el contrato de regasificación hasta injerencias en proyectos solares con Power China. En el primero, buscó cederlo a la empresa Gaxi, de Juan Guillermo Mancera, quien al parecer fue el pagador a precio de ganga de la remodelación de su apartamento matrimonial. El segundo lo denunció el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en la relación con la hidroeléctrica de Urrá en la construcción de un parque solar. Además, se investiga la entrega a dedo de cuotas de energía, también en Urrá, a las comercializadoras de Danilo Romero y se le imputa, como gerente, el delito de violación de topes en la financiación de la campaña de Gustavo Petro.
Estas barbaridades impelieron a cuatro miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, a accionistas minoritarios y a la Unión Sindical Obrera (USO) a exigirle a Petro, quien lo sostiene, la salida de Roa de la compañía.
Esa tensión entre el Gobierno y la USO podría estallar por el cambio del régimen especial de salud de los petroleros. Siguiendo la lógica de Petro de eliminar los regímenes exceptuados –como lo hizo con el magisterio–, se busca imponer un modelo de atención primaria que funcionará como filtro para los servicios especializados. Lo dijo el 15 de septiembre de 2025: “Dos cosas con las que yo no he estado de acuerdo, e incluso con mucha gente de la izquierda colombiana (…), es que existan regímenes especiales; existe uno para el Ecopetrol…” y lo comparó con el que “existía” para el magisterio (www.presidencia.gov.co).
Coincide con la misma iniciativa en 2008, en el Gobierno de Uribe, que intentó entregar la atención a una IPS, que cobraría por usuario atendido, centrada en prevención y en el nivel primario. Hubo intentos similares en 2011 y 2015 y se implementó en algunas ciudades entre 2017 y 2023. Hoy, en esa misma línea, se busca “personas jurídicas (…) interesadas en contratar con Ecopetrol para el servicio integral de salud” (convocatoria n.° 14906).
El objetivo es claro: reducir costos a cargo de la atención de 68.000 usuarios, integrándolos al deteriorado Sistema General de Salud (SGS), la obsesión de Petro y su ministro Jaramillo. Esta maniobra desmantela un beneficio que solo representa el 1 por ciento de los costos de Ecopetrol, pero que ha garantizado una expectativa de vida superior a la media nacional.
Los petroleros, sin régimen exceptuado, terminarían en la Nueva EPS gracias a Petro y Roa, entidad cuyo logro es liderar el índice de quejas y tutelas. Destruido el modelo de salud de los maestros, ahora quiere imponerse un nuevo Fomag a los trabajadores del petróleo. Ojalá la USO no claudique como Fecode ante un adefesio que los pensionados de Ecopetrol ya llaman, con amargura, una “simple serviteca”.