Hay un país que lleva dos años esperando una captura, una sentencia, un nombre, y hay una fiscal que lleva dos años explicándole por qué todavía no. Eso es, en una sola frase, la gestión de Luz Adriana Camargo. Prometió ser la fiscal más aburrida para los medios y ha cumplido con esa promesa: no ha convertido su despacho en un escenario de protagonismo mediático. Pero cumplir con la discreción también exigía estar a la altura de la responsabilidad del cargo. Porque a Colombia nunca le urgió una fiscal discreta, le urgió una fiscal que diera resultados. Y mientras ella se esforzaba por pasar inadvertida, los casos que más indignan a la nación avanzaban a un ritmo que ya no se puede llamar prudencia.

Quitémosles primero una excusa a sus defensores, porque a la fiscal no se la juzga por quién la nominó. Camargo fue elegida por la Sala Plena de la Corte Suprema con 18 votos, pero de una terna que el expresidente Petro rehízo a su manera, sacando a Amparo Cerón para meter a una jurista que había trabajado codo a codo con su ministro de Defensa. Nadie le exige un acto de contrición por eso. Lo que sí se le puede exigir es que ese origen la obligara a demostrar más independencia que cualquier otro fiscal y no menos, porque quien entra por esa puerta carga una sospecha, y la única manera de disolverla es con decisiones que incomoden al poder que la nominó.

Y el país ya le puso nota. Dos años y medio después, la fiscal ocupa el último lugar entre 18 líderes medidos por AtlasIntel en septiembre de 2026, con apenas un 8 % de imagen favorable frente a un 46 % de imagen desfavorable. Es justo decir que casi la mitad de los encuestados, un 47 %, ni siquiera sabe quién es. Pero ese dato, lejos de absolverla, es una condena en sí mismo, porque una fiscal que pasa dos años y medio sin que el país entienda para qué sirve ha fallado en lo esencial.

La lentitud no es una sensación, tiene expedientes. Está la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un presunto saqueo de más de 70.000 millones de pesos que debían atender la emergencia de los más pobres, donde los confesos hablaron, el país esperó, y la fiscal respondió que la Fiscalía no hacía concesiones graciosas a nadie y que investigaba con lo que la ley permite. Está el caso del senador Miguel Uribe, cuya familia ha reclamado en público el ritmo de las pesquisas. Está alias Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), con las órdenes de captura suspendidas mientras, según se ha denunciado, seguía delinquiendo. Y está el proceso contra Nicolás Petro, el hijo del expresidente, cuestionado una y otra vez por su paso de tortuga.

Ya sé lo que van a gritar sus defensores: que ahí están Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, los primeros exministros de Petro llamados a juicio ante la Corte Suprema. Es cierto, y se lo reconozco, pero miremos el calendario con honestidad. Esa acusación llegó en el último tramo de un gobierno que ya empacaba maletas, y llegó con un trámite tan accidentado que el Tribunal Superior de Bogotá acaba de revocar la detención de Velasco, mientras las defensas denuncian que recibieron archivos vacíos, cifrados o imposibles de abrir. Eso lo dicen ellos y la Fiscalía lo rebate, pero ni siquiera hace falta tomarles la palabra para entender el problema. Una investigación que tarda demasiado y llega con grietas es el peor de los mundos, porque ni castiga a tiempo ni castiga bien. Y entre tanto, Carlos Ramón González, mencionado por la propia Fiscalía en la imputación, sigue prófugo.

No voy a decir lo que no puedo probar. Nadie puede demostrar desde afuera que esa tardanza obedezca a un pacto con el poder, y las acusaciones graves se hacen con pruebas y no con rabia. Pero tampoco hace falta. Lo que sí puede afirmarse, y lo repiten analistas de todas las orillas, es que cuando la justicia se demora, se desploma la confianza de los ciudadanos y se reduce el costo político de los poderosos. Desde hace dos años sus críticos la llaman fiscal de bolsillo, y ella dice que es injusto. Quizá lo sea. Pero cuando la sensación generalizada es que la lentitud siempre termina beneficiando a los mismos, la gente deja de preguntarse si hay favores y empieza a darlos por hechos, y esa erosión, que no la causaron los medios ni la oposición, sino la propia demora, es un daño institucional que ningún comunicado repara.

Sin agenda, dice ella. Asegura que su Fiscalía es una Fiscalía sin agenda. Ojalá fuera cierto, pero una institución sin agenda es también una institución sin urgencia, y la urgencia es exactamente lo que necesita un país donde las víctimas esperan, las regiones no ven a un fiscal en años y los corruptos calculan que el tiempo juega a su favor. Ella misma avisó al Senado, el 15 de septiembre, que el presupuesto solo le alcanza hasta mediados de 2027. Es decir, que la entidad advierte que se le acaban los recursos, pero la pregunta es inevitable: ¿para qué necesita más presupuesto si todavía no se ven los resultados que el país espera? Los recursos públicos deben traducirse en investigaciones eficaces, decisiones oportunas y justicia para las víctimas, no convertirse en una justificación permanente para explicar lo que no se ha hecho.

Le queda apenas un año y medio, y esa es la parte que debería quitarle el sueño. Es tiempo suficiente para redimirse y también para consolidar un veredicto. A los colombianos que hacen fila en una fiscalía, a los funcionarios honestos que trabajan con las uñas, a las familias que enterraron a sus muertos y siguen esperando un nombre, no se les puede pedir una paciencia eterna. Señora fiscal, la discreción no es una política criminal y el silencio no es una forma de independencia. La independencia se demuestra con decisiones oportunas y valientes, contra quien sea y cuando corresponde. El país la está esperando, y la historia, como los ciudadanos, no suele tener paciencia con quienes confundieron la prudencia con la parálisis.