El pasado 21 de junio, se llevó a cabo la segunda vuelta electoral en Colombia para elegir, por mayoría de votos, a los nuevos presidente y vicepresidente de la República. Como resultado de esta, ese día fueron elegidos Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo, respectivamente.

Anoto que, en esas mismas elecciones, el candidato Iván Cepeda, por haber ocupado el segundo lugar, fue designado automáticamente nuevo senador de la República y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, nueva representante a la Cámara. Esta corporación, junto con el Senado, conforma el Congreso de la República de Colombia.

Anoto, igualmente, que dichos mandatos constitucionales ya fueron avalados tanto por los diversos organismos de control del Estado como por el Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad en materia electoral en Colombia. Asimismo, fueron reconocidos por los organismos internacionales que participaron como observadores en dichas elecciones, al igual que, inicialmente, por el candidato que obtuvo el segundo lugar en la votación y por el propio presidente de la República. A ello debemos agregar el reconocimiento público de diversos sectores políticos, sociales, económicos y de los medios de comunicación en Colombia.

De modo que, desde el punto de vista democrático y constitucional, resultan inentendibles las recientes declaraciones del senador Cepeda al llamar públicamente a la desobediencia civil a partir del próximo 7 de agosto y, más aún, las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, al poner en duda la legalidad del triunfo electoral de De la Espriella y Restrepo. Esos inentendibles hechos me recuerdan a algunas personas que viven proclamando: “¡Que viva la democracia si me conviene y conspiro contra ella si no me conviene!”.

A lo anterior debemos agregar la desafortunada suspensión del proceso de empalme entre los gobiernos entrante y saliente, olvidándose con ello de que los procesos de empalme y de rendición pública de cuentas son, de acuerdo con las leyes colombianas, de obligatorio cumplimiento.

En tal sentido, por mi propia experiencia como exconstituyente de 1991 y exvicepresidente de la República, pero, ante todo, por el sentido común que vamos aprendiendo con el correr de los años, muy fraternalmente me permito sugerir tanto al presidente de la República, cuyo mandato constitucional termina el 7 de agosto del presente año, como al presidente de la República legalmente elegido, cuyo mandato constitucional inicia ese mismo día, que, por el bien del presente y futuro de Colombia y de su pueblo, traten de desarmar la palabra, dejar a un lado los egos y encontrar caminos de diálogo y entendimiento.

Pero, sobre todo, que entiendan que las elecciones ya terminaron y que su responsabilidad está con la población urbana y rural de Colombia, así como con el cumplimiento de los deberes éticos de mantener una política de cero tolerancia frente a la corrupción, el despilfarro, la violencia (venga de donde venga o la ejerza quien la ejerza), las desigualdades sociales, las contaminaciones ambientales y la cultura de las personas avivatas que no tienen gobierno malo y que siempre ven al Estado como su vaquita lechera.

En el propósito de democratizar e innovar los procesos de empalme en Colombia, me parecen muy importantes las iniciativas de la Contraloría General de la República para contribuir a descentralizarlos por áreas específicas de la administración pública central, así como la iniciativa del propio presidente electo, Abelardo De La Espriella, de realizarlos por departamentos y regiones específicas.

Cuando estoy próximo a cumplir 80 años de edad, y en la vida he visto pasar tanta agua por debajo de los puentes, solo le pido al Dios de los cielos que le dé sabiduría tanto a los presidentes Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella, como al senador Iván Cepeda, para que concentren toda su sabiduría en la tarea de avanzar en la construcción de un país reconciliado, en paz y en el fortalecimiento y desarrollo integral de nuestra democracia.