Las declaraciones de Eva Ferrer en la revista SEMANA causan un real estupor. Creíamos que la corrupción en el gobierno de Petro había superado todas las previsiones y los récords de pasados gobiernos y que íbamos a pasar años viendo a sus exfuncionarios transitar de un tribunal a otro respondiendo a los escándalos de la UNGRD, Ecopetrol y todo lo que se ha venido revelando en el mal uso de recursos públicos de diferentes ministerios. Sin embargo, hoy pasamos el límite del asombro.
El involucramiento del prófugo Carlos Ramón González —en el caso de la UNGRD— había llevado las investigaciones sobre posibles delitos a las propias oficinas de la presidencia, con la adicional imputación de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, por las contravenciones del lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Lo anterior, sin contar con las imputaciones de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla en los posibles delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. A ellos se suma la exministra del deporte, María Isabel Urrutia, acusada de suscribir contratos sin el previo cumplimiento de requisitos legales y también por la falsedad ideológica en documentos.
Pero las contundentes acusaciones de Eva Ferrer han elevado la corrupción al entorno inmediato del entonces presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. De resultar ser ciertos esos rosarios de acusaciones que involucran presumibles delitos ligados con el tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y concierto para delinquir, según Ferrer, desde quien fungía como primera dama de la nación; estaríamos asistiendo a la mayor degradación de la majestad de la jefatura de Estado desde la presidencia de Ernesto Samper Pizano.
Quienes están involucrados deberán responder a las imputaciones que haga la propia justicia. De manera alguna es tolerable que estas declaraciones queden en el vacío. Deberán llevarse hasta sus últimas consecuencias, tanto para los colombianos como para los extranjeros involucrados. No puede suceder que salgan del país —tal como pasó con Carlos Ramón González— y terminen desde el exilio, el olvido, y la mala memoria escatimando la verdad detrás de semejantes y tan aberrantes hechos.
Gustavo Petro le adeuda unas cuantas verdades a todo el país. ¿Desde, y hasta cuándo Verónica del Socorro Alcocer García fue su esposa y cuál ha sido el recorrido de la condición legal de ese matrimonio? Las declaraciones de Ferrer rompen el blindaje de su vida privada como funcionario público. Existe una diferencia importante, tanto legal como política, si Alcocer actuó como primera dama o como un tercero. Por supuesto que Petro tendrá que responder qué tanto sabía y qué actuaciones hizo para evitar la corrupción que aparentemente se generaba desde el propio lecho presidencial.
También existen otros personajes que deberían dar explicaciones como el ‘frondoso’ secretario de transparencia del gobierno pasado, a quien también lo ‘sorprendió’ la denuncia periodística sobre el escándalo de los camiones de la UNGRD y muchas otras execrables actuaciones del anterior gobierno. Pareciera que hubiese pasado una manada de elefantes, mientras él dormía plácido sobre la pradera. ¿Qué averiguaciones adelantó para conocer y actuar por hechos que presumiblemente estaban pasando unas pocas paredes más allá de su despacho?
No obstante, lo más importante para todos los colombianos es la celeridad con la que la justicia y los órganos de control deberán actuar para abrir las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos. En 2027 nos acercaremos a una nueva campaña electoral regional donde se cambiarán a todos los mandatarios departamentales y municipales. Esta nueva instancia redefinirá el panorama político y quienes sean elegidos tendrán completa autonomía sobre los presupuestos de los territorios.
Es urgente que conozcamos las imputaciones y responsabilidades asociadas a este nuevo escándalo para blindar los recursos públicos de aquellos que los puedan dilapidar y usar para su interés propio. Recursos que mal usados podrían empujar la elección presidencial en 2030. Parece temprano para hablar y actuar del tema, pero la lentitud de nuestra justicia no debe fallar, como la más poderosa herramienta para el esclarecimiento de la verdad.