El presidente Abelardo De La Espriella asumió el pasado 7 de agosto con un compromiso claro, anunciado desde Cali y consignado en su Plan de la Patria Milagro: reactivar la actividad petrolera y gasífera mediante nuevos contratos de exploración y avanzar con determinación en el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia.

Comparto plenamente ese propósito. Colombia necesita explorar, producir y recuperar su soberanía energética. Pero esa reactivación debe venir acompañada de un mensaje igualmente contundente para las comunidades: la riqueza que se genera en los territorios debe traducirse también en desarrollo, inversión y oportunidades para las regiones productoras.

Por eso hemos radicado un proyecto de ley sencillo, de apenas cinco artículos, pero con un enorme impacto regional. La propuesta busca que una parte de los recursos que las empresas de petróleo, gas y minería ya pagan al Estado, llegue directamente a los municipios donde se desarrollan esas actividades.

Quiero subrayarlo, no estamos creando un nuevo impuesto, ni una nueva contribución, ni aumentando las cargas económicas sobre el sector minero-energético. Sería un error hacerlo en momentos en que Colombia necesita recuperar la inversión y la confianza. Estamos proponiendo distribuir territorialmente una parte de recursos que los operadores ya pagan y que actualmente son recaudados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM).

Cuando una empresa firma un contrato con el Estado colombiano para explorar o producir hidrocarburos, normalmente la ciudadanía piensa inmediatamente en las regalías. Sin embargo, existen otros derechos económicos asociados a estos contratos, entre ellos el canon superficiario y la participación en la producción.

El canon superficiario genera recursos desde etapas tempranas asociadas al área contratada. Por su parte, la participación en la producción, contemplada contractualmente como un derecho económico adicional, se genera cuando existe producción comercial. Son recursos que ya forman parte de las obligaciones económicas de los operadores.

Y las cifras demuestran que no estamos hablando de cantidades menores. Durante 2025, la ANH recaudó aproximadamente $ 109.970 millones por canon superficiario y $ 1,13 billones por Participación en la Producción. A su vez, la ANM recaudó cerca de $ 12.098 millones por concepto de canon superficiario minero. En conjunto, estos conceptos representaron aproximadamente $ 1,25 billones durante una sola vigencia.

Nuestra propuesta es sencilla, que una parte de esos recursos regrese directamente al territorio que contribuye a generarlos.

Para los contratos y títulos vigentes, el proyecto propone transferir a los municipios beneficiarios el 20 % de estos recaudos. Tomando como referencia las cifras de 2025, estaríamos hablando de aproximadamente $ 250.691 millones que podrían beneficiar a cerca de 505 municipios.

Pero queremos ir más allá con la nueva etapa de reactivación energética del país. Para los nuevos contratos que se suscriban bajo la vigencia de esta ley, la participación destinada directamente a los municipios sería del 30 %.

Ese porcentaje puede cambiar la relación entre las comunidades y los proyectos minero-energéticos. Los recursos llegarían directamente a las entidades territoriales beneficiarias, sin incorporarse al Sistema General de Regalías ni depender de la aprobación de los Ocad. Los alcaldes podrían incorporarlos a sus presupuestos de inversión y ejecutarlos de acuerdo con sus Planes de Desarrollo Territorial, priorizando necesidades esenciales como agua potable, saneamiento básico, salud, educación, vías terciarias y electrificación rural.

Esto es especialmente importante para los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta, donde unos cuantos miles de millones de pesos adicionales pueden significar la construcción de un acueducto, la pavimentación de una vía rural, el mejoramiento de una escuela, infraestructura de salud o energía para una vereda.

Ahí está el verdadero sentido de la iniciativa: que las comunidades puedan ver y sentir los beneficios de la actividad productiva que ocurre en sus territorios.

Durante años hemos cometido un error. Llegamos a las regiones a hablarles de exploración, producción, reservas, barriles, regalías y seguridad energética, mientras muchas comunidades preguntan algo mucho más sencillo: ¿qué gana nuestro municipio?

La reactivación petrolera y gasífera que propone el presidente De la Espriella abre una oportunidad extraordinaria. Si Colombia vuelve a adjudicar áreas, suscribe nuevos contratos y avanza responsablemente en proyectos de yacimientos no convencionales, las comunidades productoras deben convertirse en protagonistas de esa nueva etapa.

Para un alcalde del Piedemonte Llanero, del Magdalena Medio, de la Costa Caribe o de cualquier región productora, esta propuesta significa algo concreto: con un nuevo contrato en su territorio no tendría que esperar necesariamente hasta que comience la producción comercial para empezar a percibir beneficios económicos. Desde las etapas iniciales, el canon superficiario podría comenzar a generar recursos para inversión local. Y cuando llegue la producción, el municipio recibiría directamente el porcentaje correspondiente de la participación en la producción.

Esto también ayudará a construir confianza. Las comunidades estarán más dispuestas a respaldar proyectos responsables cuando puedan comprobar que la actividad minero-energética se transforma en mejores vías, agua potable, colegios, hospitales, electrificación y oportunidades para sus habitantes.

Colombia necesita recuperar la inversión, aumentar sus reservas, producir más petróleo y gas y desarrollar responsablemente sus recursos naturales. Pero también necesita construir una relación diferente con las regiones que hacen posible esa riqueza.

La Patria Milagro que propuso el presidente De La Espriella también debe construirse desde los municipios productores. No podemos pedirles a las regiones que aporten durante décadas a la riqueza nacional sin garantizar que una parte de esos recursos se traduzca directamente en progreso para sus comunidades.

Son apenas cinco artículos, pero contienen un principio poderoso: donde se produce la riqueza, también debe sentirse el desarrollo.

Es hora de saldar esa deuda histórica con las regiones productoras.