La película se repite una y otra vez: la izquierda radical visita cárceles para obtener declaraciones contra sus rivales políticos y ganar elecciones. El pacto de Valledupar no sería un hecho aislado, sino parte de una conducta sistemática con un solo objetivo: ganar y mantenerse en el poder. Es un mecanismo electoral. Me explico.

La estrategia es sencilla: ante sus propios errores y falencias, la respuesta es enlodar al adversario. En vez de convencer al electorado

con propuestas, gestión y resultados, algunos prefieren recurrir al juego sucio. Así, denuncias y testimonios se convierten en herramientas para atacar a sus rivales y obtener rédito político.

También debo decirlo: algunos medios han terminado amplificando esta estrategia. Lo que se presenta como búsqueda de la verdad o investigación rigurosa puede convertirse en un mecanismo de manipulación de la opinión pública. Por eso es indispensable verificar los hechos y distinguir entre una denuncia comprobada, una acusación interesada o un mandado político.

La memoria política del país obliga a recordar antecedentes preocupantes. En la campaña pasada, David Murcia Guzmán arremetió públicamente contra Abelardo De La Espriella. Después retiró sus declaraciones y afirmó que las había hecho porque le habían prometido beneficios en prisión. Un episodio que exige preguntas: ¿quién le ofreció esos beneficios y con qué propósito? ¿Dónde está el castigo?

El caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez también alimenta este debate. En el proceso ha tenido un papel central Juan Guillermo Monsalve, un oscuro testigo preso y beneficiario de enormes prebendas que le dejaban hasta hacer fiestas en su celda.

La justicia debe actuar con independencia. Pero también es legítimo preguntarse si alguien intenta instrumentalizarla para debilitar a sus adversarios o sacarlos del escenario público. La respuesta no puede darse por sentada: debe establecerse con pruebas y debido proceso.

El pacto de Valledupar es el episodio más reciente que ha reavivado estas preocupaciones. Sus detalles y las denuncias conocidas deben investigarse. Si hubo compromisos o beneficios ofrecidos a personas condenadas, el país tiene derecho a saber quién los propuso y con qué propósito. Los castigos tampoco deben hacerse esperar.

La alianza entre actores políticos y delincuentes condenados es una grave degradación del debate público. Pone en riesgo la confianza ciudadana en la justicia y en la democracia.

El pacto de Valledupar es una profundización del llamado pacto de La Picota, bajo el discurso de la paz total.

Para muchos, esta estrategia revela una derrota de ideas. En vez de debatir propuestas, se ataca al rival. En vez de explicar los errores propios, se busca desviar la atención. La difamación y la calumnia no pueden reemplazar la discusión de fondo.

El electorado debe castigar la corrupción, venga de donde venga, y rechazar cualquier intento de manipular la justicia con fines electorales. También debe exigir una política basada en la verdad, el debate y el respeto por el Estado de derecho.

Esta película de terror institucional tiene que terminar. La ciudadanía merece propuestas, no montajes judiciales. Y los medios, por su parte, tienen la responsabilidad de investigar y contrastar, no de amplificar acusaciones sin el cuidado que exigen. Entre tanto, ¿ya se descongeló la Fiscalía?