El fracaso de La Paz Total, que fue absoluto por su idealismo extremo y su pésima implementación, explican el rechazo a las negociaciones de paz y la vehemente petición de mano dura contra los violentos. Las acciones militares adelantadas por el nuevo gobierno contra los llamados “objetivos de alto valor” han sido posibles por el apoyo logístico y de inteligencia de los Estados Unidos. Ese respaldo, a su vez, obedece a la adhesión de nuestro gobierno con las radicales políticas plasmadas en “El Escudo de las Américas”. Ahora los intereses ser Estados Unidos son exactamente los nuestros. O así se supone.

Dar de baja a los capos de los carteles no es suficiente para recuperar el orden público. Se requiere también una presión militar constante, que fue lo que se logró durante el gobierno de Santos hasta cuando las FARC entendieron que su única opción era negociar un acuerdo de paz y desmovilizarse.

Duque, por el contrario, logró la captura y extradición del comandante del Clan del Golfo, sin que ello hiciera mella sobre esa organización criminal, que hoy es más poderosa que antes. Al parecer, se le acabó la gasolina para sostener el esfuerzo bélico. Una organización criminal como esa cuenta con la flexibilidad suficiente para establecer una nueva jerarquía si el jefe supremo muere o es capturado. Mientras existan las condiciones que hacen posible y rentable el negocio, habrá quien lo mantenga vigoroso y próspero.

Sabemos que la correlación de fuerzas entre las empresas criminales y nuestro poder militar no es el que tuvimos para forzar a las FARC a abandonar su pretensión de tomarse el poder. Por el contrario, los grupos violentos han crecido en pie de fuerza, en poder financiero y, lo que es muy importante, en el control de las comunidades en sus zonas de influencia.

Entre tanto el estamento castrense ha sufrido golpes demoledores como consecuencia de las purgas realizadas por Petro en los cuadros superiores y del retiro voluntario de muchos militares jóvenes. A lo cual se añade la falta de recursos para el mantenimiento y renovación de equipos. En este contexto uno se pregunta para qué queremos aviones de combate cuando la evidencia apunta a que lo que necesitamos son drones, inteligencia y capacidad de transporte de tropas.

Otro factor que dificulta las operaciones militares consiste en el respaldo de las comunidades a los diversos clanes armados, bien sea por intimidación o por interés económico. No podemos olvidar que los cultivos de coca, la minería ilegal, la tala de bosques para aprovechar las maderas y expandir la ganadería clandestina, generan ingresos cuantiosos en vastas zonas del país. Para los grandes criminales e igualmente para actores secundarios y meros peones, incluidos, en esta última categoría, los campesinos cocaleros. Recuerdo, por si a alguien le importa, que son cerca de un millón.

Si en verdad sucediere que se dan de baja los capos, y que eso condujere al colapso de sus organizaciones, la crisis económica en vastas zonas rurales sería generalizada. Esos jefes superiores lo saben y por eso movilizan a las comunidades que controlan para interferir la acción militar y policial.

Temo que pronto será mucho más complicado encontrar oportunidades para realizar bombardeos sin pagar costos sociales elevados. Los delincuentes se mimetizan entre el resto de la población sin problema alguno. En contra de una ingenua creencia, los militares son vistos en muchas regiones como fuerzas invasoras. Es elocuente el homenaje multitudinario rendido a un joven delincuente que fue dado de baja en la Guajira la semana pasada. Nosotros, habitantes de las ciudades, que vivimos en la modernidad, somos percibidos como los verdaderos enemigos del pueblo profundo.

No hay más remedio que recordar esta amarga realidad. A pesar de los enormes esfuerzos en la erradicación de los cultivos, la producción potencial de cocaína no ha dejado de aumentar, tanto porque las siembras crecen más rápido que las erradicaciones, como por mejoras en la productividad de los cultivos. A pesar de estas evidencias, los Estados Unidos nos empujan, con renovado impetú, hacia unas estrategias represivas en las que ellos y nosotros hemos fracasado con una eficacia insuperable.

La experiencia de la Ley Seca en ese país, que estuvo vigente entre 1920 y 1933, ofrece una lección que sigue siendo relevante en el debate sobre las drogas ilícitas. En ambos casos, la política pública se concentró principalmente en reprimir la oferta, bajo el supuesto de que limitar la producción y la distribución reduciría el consumo. Sin embargo, cuando la demanda es inelástica, la prohibición de la oferta desplaza el abastecimiento hacia actores criminales, se genera una corrupcion generalizada y se hace imposible controlar la calidad de licores y drogas.

La diferencia, hasta ahora, ha consistido, en que mientras los licores prohibidos eran producidos dentro del país, quienes envenenan a los norteamericanos con narcóticos somos los “hispanos”, a los que se puede matar en alta mar bajo la tesis falaz de que son “combatientes” en una “guerra”.

No se tiene en cuenta tampoco que la realidad subyacente del mercado está cambiando de modo acelerado. La cocaína fue el símbolo del narcotráfico en el siglo XX, pero el fentanilo se ha convertido en la droga dominante del siglo XXI. Ni esa ni otras drogas sintéticas son producidas por nosotros. Los yankees en breve plazo podrán drogarse con total autonomía. Es trágico imaginar que en unos cuantos años el Tío Sam nos dirá: “gracias, ya no los necesitamos. Los problemas de Colombia son de ustedes, no nuestros. Los Estados Unidos son grandes de nuevo”. En ese futuro hipotético se legalizaría el fentanilo…

La guerra de Afganistán constituye uno de los ejemplos más claros de la distancia que puede existir entre los objetivos declarados de una intervención militar y sus resultados finales. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos invadió Afganistán con el propósito inicial de destruir a Al Qaeda y expulsar del poder a los talibanes. A pesar de veinte años de presencia militar, nunca fueron derrotados. Por el contrario, conservaron capacidad de organización, control territorial e influencia política. El desenlace de 2021 fue revelador: apenas se retiraron las fuerzas estadounidenses, los talibanes recuperaron el poder en cuestión de semanas.

La conclusión parece evidente: eliminar militarmente una insurgencia profundamente arraigada en la sociedad resulta mucho más difícil de lo que suponen sus promotores. Sin embargo, el respaldo generalizado que recibe el presidente por sus hazañas castrenses me hace pensar que estoy equivocado. Ojalá.

Briznas poéticas. Ando en la vena de recordar los poemas leídos durante una juventud que se me fue perdiendo en los vericuetos de la vida. Por ejemplo, éste de León de Greiff que así comienza:

Pues si el amor huyó, pues si el amor se fue…

Dejemos al amor y vamos con la pena,

Y abracemos la vida con ansiedad serena

Y lloremos un poco por lo que tanto fue…