En 1997, de manera habilidosa y a dedo, el gobierno de Ernesto Samper adjudicó por 30 años la concesión Autopistas del Café a la firma Odinsa S. A. La inversión con capital propio fue de 1.250 millones de pesos, cifra ínfima frente a la magnitud del negocio, que se adjudicó con la “cédula”. Fue una decisión política y corrupta para granjearse apoyos de empresarios antioqueños en tiempos de apuros. Veinte años después, en 2015, Odinsa S. A. fue adquirida por completo por el Grupo Argos.

No se cumplió el contrato original. La red de autopistas tiene 188,5 kilómetros, y solo el 70 por ciento está en doble calzada. El “sueño” de César Gaviria de unir las tres capitales del Eje Cafetero por una superautopista se volvió una pesadilla de siete peajes, que se cobran por transitar, en buena parte, por la misma vieja vía, y a razón de pagar un dólar por cada ocho kilómetros recorridos. Récord mundial.

El 12 de abril de 2023 colapsó el puente El Alambrado, localizado en el corredor vial Calarcá-La Paila (un tramo que se les había adicionado en 2004), que une el puerto de Buenaventura con Bogotá. El siniestro causó la muerte de dos policías, fue una tragedia nacional y significó para Pereira que, de buenas a primeras, circularan 7.000 vehículos pesados a diario por sus calles.

La empresa Autopistas del Café S. A., concesionaria a cargo del mantenimiento, guarda todavía un culposo silencio tras insinuar que fue un atentado terrorista. Intentó eludir la responsabilidad para endosarle la reconstrucción al Gobierno nacional, pero, al descartarse el infundio, hubo de responsabilizarse debido a la fuerte presión de una ciudadanía desesperada. Instaló un puente de reemplazo el 12 de octubre de 2023; con ello, el Grupo Argos obtuvo el silencio cómplice de alcaldes, gobernadores y de dirigentes gremiales de la región, al permitírsele que quedaran ocultos los motivos del siniestro.

Tanta anomalía impelió la defensa de Risaralda y de sus habitantes, por lo cual un grupo de dirigentes conformamos la Veeduría Ciudadana-Concesión Autopistas del Café. Quedó integrada por el expresidente del Congreso Juan Guillermo Ángel; el excongresista Guillermo Botero Mejía; el expresidente de la Previsora de Seguros Juan Carlos Grillo; el empresario Diego Luis López; el constructor Luis Fernando Ossa; la empresaria Pilar Gaviria Botero; el profesor Juan Antonio Escobar; la señora Dora Siluan y Aurelio Suárez.

En su momento, la Veeduría encontró que Odinsa (Grupo Argos), junto con un socio internacional (el fondo de capital australiano Macquarie), pretendía, desde febrero de 2027, la prórroga de esa concesión por 30 años más a través de la argucia jurídica de la Iniciativa Privada (IP) Conexión Centro. El diseño, con base en los corredores Armenia-Manizales y La Paila-Calarcá (perteneciente al sistema Buenaventura-Bogotá), se montaba sobre la misma ventajosa plataforma financiera de siete onerosos peajes, con una tasa de retorno del 31 por ciento, cuando lo normal en este sector económico es 7 por ciento.

Con base en esa estructura de ingresos, recaudaría el 80 por ciento de Armenia a Manizales, pero en esta región solo se invertiría el 20 por ciento de la tal IP, mientras el grueso (80 por ciento) sería para el mencionado tramo La Paila-Calarcá; se aplicaba una insólita ley de Pareto al revés. La Veeduría siempre puso de presente –libre de cualquier prejuicio– que el negocio era leonino y lesivo para los intereses de Caldas, Quindío y Risaralda. No tenía arreglo, y por ello levantó la consigna: ¡No IP Conexión Centro!

La Veeduría asistió a las audiencias públicas organizadas por la ANI, donde manifestó la inconveniencia del proyecto para dos millones y medio de personas. Esta posición se ratificó en una carta pública (difundida con amplitud el 22 de agosto de 2025) del presidente de la Veeduría, Juan Guillermo Ángel, al presidente Petro, en la cual sentenció que la IP “es un negocio seguro para los banqueros, sin rendición de cuentas”. Los contundentes argumentos ciudadanos frente a tan aberrante proyecto, pese a conceptos favorables de la ANI, forzaron al Gobierno a rechazar la IP Conexión Centro por inconveniente, mediante la Resolución n.o 20267020005975 (25/5/26).

La Veeduría encontró eco en valientes voceras como Lina Arango, que con sus contenidos y escritos mantuvo viva a diario tan justa causa, y en la congresista Carolina Giraldo Botero, quien gestionó ante el Ministerio de Transporte –con firmeza y sin ánimos electorales– el reclamo de las gentes sensatas de los tres departamentos.

En materia de infraestructura vial del Eje Cafetero, quedó abierto el debate sobre los proyectos necesarios que les sirvan a los legítimos intereses de Colombia, de la región y de las comunidades locales. Habrá tiempo para adelantarlo.