Así como el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ha puesto como prioridad de su política de gobierno la tolerancia cero frente a la corrupción y la violencia, también sería bueno que, junto con el vicepresidente de la República y demás integrantes de su equipo de gobierno, la complementara con una política pública de diálogos sociales en cada uno de los municipios colombianos. Para ello, se debería procurar que en estos espacios participen, entre otros, los delegados del Gobierno nacional, los gobernadores departamentales o sus delegados, los diputados a las asambleas departamentales, los alcaldes y concejales municipales, los comandantes militares y de la Policía, así como representantes de la población que habita en dichos municipios.

Como el presidente de la República no puede convertirse en una especie de “Espíritu Santo” que está en todas partes, sí puede delegar en el vicepresidente de la República o en varios integrantes de su equipo de gobierno para que lo representen en dichos diálogos sociales municipales; siempre bajo el principio ético de evitar comprometerse con lo que luego no pueda cumplir. En otras palabras, y en términos coloquiales, es lo que se llama “meterle pueblo” a sus diversas propuestas de gobierno.

Confieso que pude comprobar las bondades de la participación de la ciudadanía en el acompañamiento de los programas de gobierno, pues permite un mayor compromiso en el desarrollo de estos, así como en la consecución y verificación de los resultados y en la destinación de los recursos. Así lo pude ver cuando los puse en práctica en los 42 municipios del Valle del Cauca, cuando fui gobernador de dicho departamento, y como vicepresidente de la República, en un buen número de municipios colombianos, mediante el impulso de la política pública de derechos humanos.

Esa política democrática, en mi opinión, contribuirá a convertir la lucha por la tolerancia cero frente a la corrupción y la violencia en algo permanente hacia el futuro y en una gran enseñanza sobre el hecho de que la corrupción y la violencia son almas gemelas. La lucha contra ellas es urgente y necesaria para el logro de una Colombia donde primero sea la gente.

De lo contrario, como cuatro años de gobierno pasan muy rápido, puede suceder que los corruptos —aliados con los diversos grupos armados ilegales al servicio del narcotráfico— se mimeticen fácilmente en instituciones legales al servicio de la corrupción y la violencia, con el fin de contribuir, como ya lo hicieron en el pasado, a la elección de un buen número de gobernadores departamentales o alcaldes municipales en el año 2027.

Como dice la sabiduría popular, no se puede cantar victoria antes de tiempo. Por eso, millones de personas en el país tenemos el deber democrático de preocuparnos también por conocer los valores éticos de las personas que elegiremos como gobernadores departamentales y alcaldes municipales para el período de gobierno que va del 2028 al 2031.

En ese camino, es necesario y urgente que se implemente en el país, en un buen número de sus municipios y departamentos —con la colaboración del Gobierno nacional y del Estado en su conjunto—, una política basada en nortes éticos, como la tolerancia cero frente a la corrupción y la violencia. No olvidemos que ambas le vienen haciendo mucho daño a la población urbana y rural, así como a su legítimo derecho a vivir mejor, empezando por los niños y las niñas.