Iván Cepeda anunció que no reconocerá el gobierno de Abelardo de la Espriella y se declara en desobediencia civil si no se cumplen varias exigencias: que renuncie a la nacionalidad estadounidense, que aclare presuntos vínculos con agencias de seguridad de Estados Unidos, que se someta a la soberanía colombiana, que cese una presunta persecución política y judicial, y que se comprometa a no extraditar al presidente saliente Gustavo Petro.
Como si la legitimidad de un presidente ya no proviniera del voto de millones de colombianos, sino del permiso de la oposición.
Durante los últimos cuatro años, la izquierda colombiana criticó cualquier discurso que insinuara desconocer el resultado electoral. Defendió que el voto popular debía respetarse por encima de cualquier diferencia ideológica. Hoy Iván Cepeda manda el mensaje de que el mandato ciudadano vale solo mientras favorezca su proyecto político. Una contradicción difícil de ignorar.
Cepeda tiene todo el derecho a hacer oposición. Tiene derecho a vigilar al nuevo gobierno, a denunciar posibles abusos, a cuestionar sus decisiones y a movilizar políticamente a sus electores. Eso se llama democracia. Lo que no puede hacer es pretender que el reconocimiento del gobierno elegido en las urnas dependa de un pliego de condiciones. Eso se llama chantaje.
Más grave aún es que Cepeda hable de desobediencia civil, cuando el nuevo gobierno ni siquiera ha empezado.
La desobediencia civil es una forma de protesta pública, consciente y no violenta que implica incumplir deliberadamente una ley o mandato estatal con el objetivo de denunciar una injusticia y provocar un cambio político o social. Es, ante todo, un instrumento moral y político que exige criterios estrictos como la proporcionalidad, agotamiento de vías institucionales razonables, transparencia de objetivos y disposición a asumir las consecuencias legales. No es —ni debe ser— un pretexto para el incumplimiento indiscriminado de normas o el desconocimiento de la institucionalidad.
Lanzar un llamado a la desobediencia civil como advertencia preventiva frente a un gobierno entrante puede cruzar una línea peligrosa: convertir una herramienta democrática y en un mecanismo de presión anticipada.
De acuerdo con lo anterior, entre todas las exigencias de Cepeda para que no haya de su parte una desobediencia civil, hay un requerimiento que genera especial inquietud: que el gobierno de Abelardo de la Espriella se comprometa desde ahora a no extraditar a Gustavo Petro.
¿Por qué esa prioridad? ¿Por qué esa preocupación aparece antes que la seguridad, el empleo, la economía, la salud o las reformas sociales? ¿Por qué el primer gran mensaje político de quien liderará la oposición no gira alrededor de los problemas de los colombianos, sino del futuro judicial del presidente saliente?
Son preguntas que Iván Cepeda debería responder al país.
Porque la sensación que deja su discurso es muy preocupante. Pareciera que, más que preparar una oposición democrática, está intentando construir un escudo político alrededor de Gustavo Petro. Como si el verdadero objetivo no fuera hacerle control político al nuevo gobierno por el bienestar del país y su adecuado funcionamiento, sino blindar al anterior. Y ese detalle cambia por completo la naturaleza de su discurso como líder de la oposición.
Si existe o no una solicitud de extradición; si procede o no; si cumple o no los requisitos legales, es una decisión que corresponde a la justicia, a los tratados internacionales y al debido proceso. No a un ultimátum político. Pretender negociar anticipadamente una decisión judicial equivale a admitir que el temor no está en una persecución política, sino en la posibilidad de que la justicia haga su trabajo.
Pedir garantías para la oposición es completamente legítimo. Exigir garantías de impunidad para un expresidente, no.
Resulta imposible no preguntarse si estas declaraciones nacen de una convicción democrática o de un cálculo político. Porque ese anuncio de desobediencia civil antes de que exista un abuso concreto de derechos parece ser la decisión de desconocer un gobierno, no por lo que haga, sino simplemente porque quien lo ganó no es Iván Cepeda, ni ningún candidato de Gustavo Petro.
Si el gobierno de Abelardo de la Espriella viola la Constitución, persigue opositores o abusa del poder, tendrá que responder ante los jueces, el Congreso, los organismos de control y la ciudadanía. Ese es el camino institucional.
Si la principal bandera de la oposición frente al nuevo gobierno no es la seguridad, ni la economía, ni la lucha contra la corrupción, sino garantizar que Gustavo Petro, cuando salga, no sea extraditado, el mensaje es que para la izquierda la prioridad ya no es Colombia, sino que el líder de su proyecto político no sea sometido a un juicio.
Y esa no es una agenda de oposición; es una estrategia de supervivencia política disfrazada de defensa de la democracia.