El presupuesto de la justicia en Colombia asciende a 16 billones de pesos: poco más que las utilidades de Ecopetrol en 2024 y menos de una quinta parte de lo que el Presupuesto General de la Nación destina a educación. En proporción al presupuesto total del país, equivale apenas al 3 %.

Sin embargo, la justicia colombiana funciona mal. En el factor de orden y seguridad ocupa el puesto 134 entre 143 países evaluados por el World Justice Project, y en justicia penal se ubica en el puesto 120.

La justicia colombiana refleja, en buena medida, el espíritu de la Constitución de 1991. En teoría y sobre el papel, funciona de maravilla: reconoce, enaltece y garantiza los derechos de los ciudadanos. En la práctica, sin embargo, es un desastre, a pesar de la dedicación y el compromiso de muchos de sus funcionarios. Por eso, anualmente se presentan cerca de un millón doscientas mil tutelas, principalmente relacionadas con el derecho a la salud y el derecho de petición.

En Colombia, independientemente de lo que establecen las normas, un proceso civil o penal puede tardar hasta ocho años. Muchos procesos penales, además, terminan por vencimiento de términos, lo que hace que la impunidad frente al delito sea más frecuente de lo que debería. Sin desconocer la responsabilidad que puede tener la Fiscalía, especialmente en algunos procesos de alta visibilidad dentro del sistema penal acusatorio, hay que concluir que los problemas de la justicia tienen menos que ver con la profesión del derecho que con la ingeniería de procesos.

En primer lugar, muchos de los casos que llegan a la justicia podrían resolverse de manera general y masiva, sin aumentar las demoras del sistema. Los ingenieros de sistemas ya lo han demostrado en la respuesta a los derechos de petición que reciben los bancos. Mediante herramientas de inteligencia artificial, analizan decisiones previas de la Superintendencia Financiera y elaboran respuestas automatizadas, sin intervención directa de abogados en cada caso.

En segundo lugar, es necesario emprender una reingeniería de los procesos y procedimientos judiciales, incorporar tecnología y adaptar los códigos para hacerlos más ágiles y eficaces. No hay duda de que la digitalización de las audiencias, así como su análisis e interpretación a la luz de las normas legales, puede realizarse en buena parte mediante algoritmos. De esta manera, los funcionarios judiciales podrían concentrarse en revisar los resultados, corregirlos cuando sea necesario y tomar las decisiones correspondientes.

Por último, no hay que subestimar otra área fundamental de la ingeniería de procesos: el dimensionamiento de los recursos. Si hoy un proceso puede tardar ocho años, una ampliación significativa de la planta de personal, acompañada de una adecuada reorganización del trabajo, podría reducir sustancialmente los tiempos de respuesta. En términos simples, si se duplicara el personal disponible para atender una carga de trabajo determinada, sería razonable esperar una reducción a la mitad en la duración de los procesos.

Organizar la justicia en Colombia —un país con un producto interno bruto cercano a los 1.800 billones de pesos— es un buen negocio. Hacerla funcionar adecuadamente, con una inversión inferior al 1 % del PIB, generaría seguridad jurídica y permitiría que los mercados operaran con mayor eficiencia. El efecto sobre la inversión y sobre el crecimiento del aparato productivo sería significativo.

Ahora que el país cuenta con un Gobierno sensato, sería conveniente que el ministro de Justicia, Iván Cancino, se reuniera con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, y con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para estudiar esta inversión que, a mi entender, sería altamente beneficiosa para Colombia.

La justicia no necesita únicamente más normas: necesita mejores procesos, tecnología adecuada, recursos suficientes y una gestión orientada a resultados. Organizarla no es un gasto; es una de las inversiones más rentables que puede hacer el país.