Resulta diciente que Fecode, el sindicato más poderoso del sector educativo colombiano, haya renunciado a ejercer una oposición frontal al Gobierno de Gustavo Petro. Durante este periodo, los maestros han padecido las consecuencias de un deficiente modelo de atención en salud, impuesto como piloto de una reforma que pretendía extenderse a todo el sistema, y han sido testigos del desorden administrativo que ha afectado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Sin embargo, pese a esas dificultades, el sindicato mantuvo su respaldo al Gobierno y prefirió la cercanía política a la defensa efectiva de sus afiliados.

La educación pública colombiana maneja recursos de enorme magnitud. Su presupuesto anual ronda los 90 billones de pesos, de los cuales cerca del 90 % se destina al pago de la nómina de aproximadamente 300.000 docentes, a las obligaciones del Fomag y al personal administrativo, compuesto por cerca de 50.000 funcionarios. Con esos recursos se atiende a unos 7,5 millones de niños y adolescentes en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. El costo promedio anual por estudiante se aproxima a los 10 millones de pesos anuales: una cifra superior a la de Perú, Argentina y México; semejante a la de Brasil, e inferior a la de Chile.

El problema, por tanto, no consiste únicamente en cuánto se invierte, sino en cómo se utilizan esos recursos y qué resultados producen. Las pruebas Pisa han demostrado que existe una relación importante entre la inversión por estudiante y la calidad educativa. No obstante, el dinero, por sí solo, no transforma las aulas. La calidad depende también de la formación de los maestros, de la pertinencia de los currículos, de la disciplina institucional, de la participación de las familias y, especialmente, de la capacidad del Estado para evaluar y corregir.

En Colombia, esa capacidad ha sido severamente limitada. Por la oposición de Fecode, resulta prácticamente imposible establecer un sistema serio, transparente y periódico de evaluación del desempeño docente. Esta resistencia contradice una regla elemental de la administración pública: lo que no se define no se puede medir; lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora termina deteriorándose. La frase, atribuida al físico británico William Thomson, lord Kelvin, debería estar grabada en las oficinas del Ministerio de Educación.

Evaluar a los maestros no significa desconocer su dignidad ni convertirlos en simples cifras. Significa identificar buenas prácticas, ofrecer capacitación a quienes la necesiten, reconocer a quienes sobresalen y tomar decisiones frente a los casos persistentes de incumplimiento. En cualquier profesión seria se mide el desempeño. Se evalúa a los médicos, a los pilotos, a los ingenieros y a los funcionarios públicos. ¿Por qué habría de ser diferente con quienes tienen a su cargo la formación de millones de niños?

La pregunta inevitable es por qué Fecode se opone con tanta firmeza a la evaluación. ¿Teme que una medición objetiva revele diferencias profundas entre los docentes? ¿Le preocupa que algunos deban mejorar sus competencias o, en casos extremos, cambiar de actividad? Si el sindicato confía en la calidad de sus afiliados, debería ser el primer interesado en promover evaluaciones rigurosas, justas y acompañadas de incentivos. La defensa de la educación pública no puede confundirse con la defensa de la mediocridad.

Existe, además, un problema de carácter cultural e ideológico. Buena parte de la dirigencia sindical y de algunos sectores del magisterio continúa interpretando la realidad desde una visión marcada por la lucha de clases, la desconfianza hacia la iniciativa privada y la convicción de que el Estado debe controlar todos los ámbitos de la vida social y económica. Esa concepción no solo es anacrónica; también les resta a los estudiantes herramientas indispensables para desenvolverse en el mundo contemporáneo.

La escuela pública debe enseñar a pensar, no a repetir consignas. Debe formar ciudadanos capaces de ejercer sus derechos, cumplir sus deberes, emprender, competir y cooperar. El mercado no es una amenaza para la sociedad; bien regulado, es una herramienta poderosa para generar empleo, innovación y movilidad social. Presentarlo como el origen de todos los males equivale a privar a los jóvenes de una comprensión completa de la realidad.

El Gobierno entrante ha entendido que el Ministerio de Educación necesita una conducción con autoridad, experiencia administrativa y capacidad de enfrentar intereses enquistados. La designación de Vivianne Morales puede interpretarse en esa dirección. Aunque no proviene específicamente del sector educativo, su trayectoria como senadora y en la administración pública como fiscal general de la nación, enfrentando organizaciones poderosas, le otorgan una perspectiva distinta y, sobre todo, el carácter necesario para impulsar reformas.

La tarea no será sencilla. Fecode seguramente protestará ante cualquier intento de modificar sus privilegios, y algunos sectores políticos presentarán toda evaluación como una persecución ideológica. Pero una democracia responsable no puede someter sus políticas públicas al veto permanente de un sindicato. Los derechos laborales deben respetarse, pero también debe respetarse el derecho superior de los niños a recibir una educación pertinente y de calidad.

Para hacer herraduras se necesita un herrero. Para transformar la educación colombiana se necesitan liderazgo, disciplina, evaluación y decisión política. El país no puede seguir aumentando el gasto mientras acepta resultados mediocres y permite que los intereses corporativos estén por encima de los estudiantes. La nueva administración tiene la oportunidad de poner la educación en el centro del desarrollo nacional. Con la ministra Morales, no la desaprovechará.