El 9 de abril de 2026 –a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial–, René Guarín, entonces director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia, exigió a la Registraduría una copia del censo electoral con los números de cédula, las edades, los grupos poblacionales y los puestos de votación de más de 41 millones de colombianos.

Conviene recordar que Guarín, quien desde hace años cuestiona la actuación del Ejército Nacional en los hechos del Palacio de Justicia, fue capturado cuando militaba en el M-19, en relación con el intento de secuestro del publicista Jorge Valencia Ángel, entonces gerente de Atlas Publicidad.

Con esos antecedentes y otros más, no es de sorprenderse que la carta del entonces director de la DNI llevara por asunto “Envío de información de contrainteligencia” y que, además, careciera de soporte. Afortunadamente, la Registraduría rechazó la solicitud. Entonces, nos preguntamos: ¿para qué querían saber quién podía votar y dónde?

En vísperas de una elección, la independencia del árbitro se mide en su capacidad de ponerle límites al Gobierno, y la Registraduría hizo valer su autonomía. Al Ejecutivo, por su parte, le corresponde proteger la confianza en la autoridad electoral, incluso si el resultado puede serle adverso. Gustavo Petro agitó el temor al fraude y la DNI alertó sobre posibles ciberataques antes de pedir el censo completo. Por consiguiente, la DNI debe explicar qué pretendía con el acceso a los datos de los electores.

Siendo suspicaces, los datos de quienes reciben beneficios del Estado podrían cruzarse con los del censo electoral. Pensemos en un votante que depende de un subsidio y al que amenazan con quitárselo si no vota por el candidato indicado. Pensemos también en las promesas de campaña con las que el Gobierno de turno puede engañar al elector. El secreto del voto protege su decisión en la urna. La obligación del Estado empieza antes. El ciudadano debe llegar a ella con la certeza de que ningún Gobierno podrá castigarlo por su voto.

Venezuela mostró hasta dónde puede llegar el uso político de los datos personales. En 2004, más de 3 millones de venezolanos firmaron la solicitud de un referendo revocatorio contra Hugo Chávez. El diputado chavista Luis Tascón publicó sus nombres y números de cédula. La lista se usó para discriminar a firmantes en el acceso a empleos públicos. Después vino el programa Maisanta, que cruzó esa información con el registro electoral. Firmar para ejercer un derecho constitucional terminó convertido en criterio para decidir a quién le abría o le cerraba las puertas el Estado.

Sé lo que significa ejercer la oposición bajo la sospecha de que alguien nos vigila. A varios congresistas nos advirtieron que podían estarnos grabando. Llevé mi carro a revisión y detrás del radio apareció un dispositivo con tarjeta SIM. Un compañero de bancada encontró tres. Defender a la oposición es defender el derecho de millones de colombianos a fiscalizar al Gobierno y a reemplazarlo mediante el voto. Cuando disentir tiene un costo personal, ese derecho empieza a perderse.

En 2011, el Gobierno de Juan Manuel Santos suprimió el DAS y creó la DNI. El cambio dejó en pie la pregunta que hoy vuelve a plantearse: ¿quién controla al organismo de inteligencia cuando es el propio Gobierno el que debe dar explicaciones?

La pregunta también vale para el acceso a los archivos reservados. Según un informe interno de la DNI divulgado por Noticias Caracol, el hacker y contratista Carlos Andrés Oyola participó en el desarrollo del sistema donde debían quedar registradas las misiones de inteligencia y contrainteligencia. El documento señala que el sistema nunca se entregó y menciona el posible hurto del equipo en el que se trabajaba. Fuentes del caso afirman que Oyola tiene una copia. La DNI le debe al país una explicación sobre quién tuvo acceso a esos archivos y qué pasó con ellos.

El hermano gemelo de Oyola también aparece en esta historia. Con una autorización enviada desde el CNE, participó en una reunión en la Registraduría sobre escrutinio y asignación de jurados. De ambas entidades esperamos una respuesta concreta sobre quién lo autorizó, con qué propósito y bajo qué controles.

Colombia necesita una inteligencia eficaz para enfrentar al narcotráfico y al terrorismo. Precisamente por el poder que esa tarea exige, cada operación debe tener fundamento legal y dejar constancia de quién la ordenó. La reserva protege las operaciones legítimas. Los jueces deben poder examinar si esa reserva se usó para encubrir un abuso.

La Fiscalía, por su parte, debe establecer quién ordenó pedir el censo, para qué lo quería y si la DNI obtuvo por otra vía alguno de los datos solicitados. Al Congreso le corresponde ejercer el control que justifica la existencia de su Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia. Esclarecer lo ocurrido también es una manera de proteger la próxima elección. Cuando el poder usa los datos de los ciudadanos para tener control, para intimidarlos o para modificar un resultado, una elección puede empezar a torcerse mucho antes de que se abran las urnas.