Las revelaciones de Noticias Caracol y Revista SEMANA sobre lo que habría ocurrido dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro son de una gravedad que el país no puede pasar por alto. Los documentos conocidos apuntan a presuntas infiltraciones en campañas presidenciales, planes para espiar a expresidentes, intentos de interferir en los resultados electorales de 2026 y contratos millonarios bajo sospecha. ¿Qué estaba pasando dentro de uno de los organismos más sensibles del Estado? ¿Qué sabía Gustavo Petro y desde cuándo?
SEMANA reveló un informe reservado sobre la operación “Grecia”, mediante la cual se habrían infiltrado campañas presidenciales para conocer sus estrategias, reuniones, alianzas y movimientos internos. Entre los señalados aparecen Gustavo Lozano y Ricardo Rosanía, vinculados a la DNI, junto con tres españoles: Manuel Grau, Xavier Vendrell y Ramón Devesa González. También figura Andrés Gamero, quien presuntamente habría reclutado jóvenes para introducirlos en los equipos políticos y obtener información. Según la publicación, la campaña de Paloma Valencia habría sido una de las más afectadas, mientras que la de Abelardo De La Espriella habría logrado impedir el ingreso de los supuestos infiltrados. Falta establecer quién dirigía esa operación y qué destino tenía la información obtenida.
El caso tiene una conexión con Ecuador que merece atención. Ramón Devesa González, uno de los españoles mencionados en los documentos sobre la DNI, ya había sido señalado en 2022 por el entonces legislador ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado un año después. Villavicencio denunció que Devesa habría participado en actividades de ciberinteligencia y campañas de desprestigio relacionadas con el entorno del expresidente Rafael Correa. También lo vinculó con UC Global, la empresa española involucrada en el escándalo de espionaje a Julián Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Su aparición en los informes sobre Colombia obliga a examinar sus actividades en ambos países y los servicios que presuntamente prestó. También surge la pregunta de si existió alguna coordinación entre los entornos de Gustavo Petro y Rafael Correa.
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló documentos que mencionan a Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la DNI capturado el 6 de noviembre en Neiva. Según esos informes, presuntamente habría encabezado una red de hackers con planes para atacar desde Madrid los sistemas de la Registraduría y alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. El nombre del exdirector Jorge Lemus aparece relacionado con su traslado al área tecnológica de la entidad. La posibilidad de que un funcionario de inteligencia hubiera participado en una operación dirigida contra el sistema electoral exige establecer cómo llegó a ocupar ese puesto y qué controles existían sobre sus actividades.
La investigación también puso bajo escrutinio a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Un documento reservado de la DNI afirma que Carlos Andrés Oyola sostuvo reuniones con ella. Camargo lo negó. Los registros oficiales indican que Oyola ingresó al búnker de la Fiscalía, pero ese dato no acredita un encuentro con la fiscal. La información consignada en el documento debe contrastarse con registros, fechas y testimonios que permitan determinar si esas reuniones ocurrieron. Camargo tiene que aclarar por qué aparece mencionada y la Fiscalía debe establecer el origen de ese señalamiento.
Otra denuncia apunta a un presunto plan para instalar micrófonos y dispositivos GPS en vehículos destinados a expresidentes y exvicepresidentes. Los documentos divulgados también mencionan una posible sede clandestina de inteligencia cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y sospechas sobre equipos electrónicos entregados por Rusia. De confirmarse, la vigilancia de antiguos mandatarios mediante recursos oficiales constituiría una desviación especialmente grave de las funciones de inteligencia.
Los contratos de la DNI abren otro frente de cuestionamientos. Se trata de $8.340 millones en equipos antidrones, $1.314 millones en computadores que habrían presentado fallas y $580 millones en un sistema biométrico que no pudo utilizarse. Son recursos públicos cuyo manejo debe ser examinado. La Contraloría tendrá que determinar si las adquisiciones cumplieron su finalidad y si hubo detrimento patrimonial.
La responsabilidad política de Gustavo Petro ocupa un lugar central en este escándalo. La DNI formaba parte de su gobierno y las presuntas operaciones se habrían desarrollado durante su Presidencia. Corresponde establecer qué mecanismos de supervisión existían, quiénes conocían los informes reservados y cómo se ejercía el control sobre los funcionarios involucrados. Petro debe explicar qué información recibió y qué medidas adoptó frente a las posibles irregularidades. La ausencia de pruebas sobre su conocimiento o participación directa no elimina su obligación de responder políticamente por el funcionamiento de una entidad bajo su administración.
La DNI tiene la misión de producir inteligencia estratégica para proteger la seguridad nacional, identificar amenazas terroristas, redes criminales y riesgos contra las instituciones. No fue creada para infiltrar campañas presidenciales, seguir a dirigentes políticos ni obtener información que pudiera favorecer a quienes ejercen el poder. Las denuncias conocidas plantean la posibilidad de que funcionarios hubieran utilizado sus cargos y los recursos del Estado para propósitos incompatibles con sus obligaciones legales.
La Fiscalía debe determinar si se cometieron delitos y establecer las responsabilidades penales correspondientes. A la Procuraduría le compete examinar las posibles faltas disciplinarias, mientras que la Contraloría debe verificar el destino de los fondos comprometidos. Resulta indispensable reconstruir la cadena de mando de las presuntas operaciones y comprobar si hubo instrucciones provenientes de niveles superiores de la administración.
Petro no puede tomar distancia de las denuncias sobre la DNI como si fueran asuntos ajenos a su mandato. Lo revelado por Noticias Caracol y SEMANA pone bajo sospecha el manejo de uno de los organismos más sensibles del Estado. Si se comprueba que desde allí se intentó espiar a dirigentes políticos o interferir en las elecciones, el país habrá sufrido un abuso de poder que no puede quedar reducido a un escándalo de prensa. Petro y quienes dirigieron la DNI durante su gobierno tendrán que rendir cuentas.