La realidad de la infancia en Colombia duele profundamente. El reciente informe de Medicina Legal que revela la muerte de, al menos, 65 menores de edad en operaciones militares, desnuda por completo la hipocresía de este Gobierno. Llegó al poder con una supuesta bandera de superioridad moral, prometiendo que jamás ordenaría bombardeos si había niños presentes. Hoy, los hechos demuestran que esa supuesta defensa de la infancia no fue más que un burdo cálculo político para atacar al contrario y cosechar votos.
Para entender la dimensión de esta contradicción, basta con recordar lo que decía Gustavo Petro cuando era oposición. Cuando el expresidente Iván Duque enfrentó situaciones similares en el marco de la ley y el orden, Petro y los líderes del Pacto Histórico desataron una feroz tormenta política y un implacable cerco de presión contra el mandatario. El propio Petro fue tajante al escribir en sus redes sociales que “el bombardeo a los niños en el Guaviare es un crimen de guerra” y que “sus planificadores deben renunciar de inmediato”.
Hoy, ante los 65 menores de edad fallecidos bajo su propia administración, el silencio y las justificaciones de su sector político evidencian un doble rasero imposible de ignorar. Lo que antes calificaban como un crimen de Estado, hoy lo presentan como una consecuencia inevitable de la guerra. Este Gobierno, que tanto repitió que la vida era sagrada, terminó dándole la espalda de la forma más cruel a los niños y adolescentes del país.
Pero no caigamos en la trampa retórica de los criminales. El verdadero debate no es el bombardeo. Aceptar que la presencia de un menor de edad impida atacar un campamento narcoterrorista equivale a regalarles la victoria a los violentos. De esta manera, se valida el uso de los niños como escudos humanos perpetuos para blindar laboratorios, rutas de narcotráfico y estos auténticos campamentos de la muerte.
El verdadero fracaso no está en la respuesta militar. Está en haber permitido que esos niños terminaran en campamentos de la muerte. Está en una política de paz total que terminó dándoles vía libre a los narcoterroristas.
Los informes periodísticos de Noticias Caracol y Noticias RCN lo evidenciaron de manera categórica. El Gobierno actuó con abierta complicidad hacia los grupos narcoterroristas a través de ceses al fuego bilaterales que maniataron a las Fuerzas Militares y de Policía. Esta inacción tuvo consecuencias devastadoras. Permitió que las organizaciones criminales ganaran un masivo control territorial, expandieran sus cultivos de coca y aumentaran exponencialmente su pie de fuerza. La consecuencia más grave de esta permisividad oficial ha sido el crecimiento del 300 % en el reclutamiento forzado de niños y adolescentes.
Mientras los violentos avanzan con el beneplácito institucional, el tejido social se debilita. En Colombia no existen actualmente programas reales, medibles y efectivos para prevenir el reclutamiento infantil. Las regiones más vulnerables están completamente desprotegidas. Los niños y adolescentes quedan a merced de los reclutadores ante la mirada indolente de un Ejecutivo que prefirió la retórica sobre la protección real.
Esto nos obliga a hacer un llamado urgente e inaplazable al país. Colombia entera no puede seguir durmiendo tranquila ni seguir sumida en la indiferencia mientras miles de niños están hoy en la selva, llorando por sus familias y temblando de miedo, cargando sobre sus hombros un fusil que pesa mucho más que ellos mismos.
Que los niños y las niñas sigan siendo las principales víctimas de los grupos narcoterroristas es una tragedia que no se puede normalizar. La paz no se construye maniatando a la justicia, dándole la espalda a la juventud, ni siendo cómplice de que la infancia sea reclutada en masa para luego lavarse las manos ante las trágicas consecuencias.