Miguel Castellanos Serrano dedicó 21 años de su vida al servicio de la Policía Nacional y también ocupó la Secretaría de Gobierno de Cúcuta. Hoy, su familia enfrenta una ausencia irreparable y su hijo de doce años tendrá que crecer con el recuerdo de lo ocurrido. Castellanos tenía la intención de aspirar a la Alcaldía en 2027, una decisión que pone sobre la mesa una preocupación que Colombia no puede ignorar: ¿qué garantías tiene una persona que decide participar en política en un territorio donde la violencia todavía pretende imponer sus propias reglas?

Lo ocurrido en Cúcuta va más allá de un caso particular. Es una señal de alerta frente a los riesgos que pueden enfrentar quienes decidan participar en las próximas elecciones territoriales. Aunque las autoridades deben establecer si este hecho estuvo relacionado con sus aspiraciones políticas, su condición de dirigente y precandidato obliga a examinar todas las hipótesis con rigor. La democracia no puede darse el lujo de ignorar las circunstancias que rodean hechos de esta naturaleza.

En 2027, Colombia volverá a elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Será una contienda que movilizará a miles de aspirantes y definirá buena parte del rumbo de las regiones durante los siguientes cuatro años. La disputa no será únicamente por los votos. También estará en juego la capacidad del Estado para garantizar que las decisiones de los ciudadanos no terminen condicionadas por las amenazas, la intimidación o el control territorial de las organizaciones criminales.

Las elecciones anteriores ofrecen una dimensión de lo que está en juego. En 2019 se inscribieron alrededor de 116.500 candidatos y en 2023 la cifra superó los 132.500 aspirantes, según los registros electorales reportados para esos procesos. Aunque todavía no existe un número oficial de inscritos para 2027, estos antecedentes permiten anticipar una participación de gran magnitud. Hablamos de más de cien mil personas que podrían buscar un lugar en las instituciones territoriales. Todas deberían poder recorrer sus municipios, presentar sus propuestas y buscar el respaldo ciudadano con garantías de seguridad.

Sin embargo, la historia reciente demuestra que esa garantía no está asegurada. Durante el calendario electoral de 2019, la Misión de Observación Electoral registró 290 hechos violentos contra liderazgos políticos. En 2023, esa cifra llegó a 506, un aumento del 74,5 %. La organización también documentó 42 asesinatos y 64 atentados contra liderazgos políticos durante ese último proceso. Estos antecedentes evidencian que la violencia sigue representando una amenaza para quienes ejercen el liderazgo público y que la protección de los participantes en la contienda no puede dejarse para última hora.

La violencia electoral no comienza necesariamente con un atentado. Muchas veces empieza con una llamada amenazante, un mensaje intimidatorio o una advertencia dirigida a los familiares de un candidato. Después vienen las restricciones para hacer campaña, el temor a visitar determinadas zonas y la presión sobre quienes apoyan una candidatura. Cuando esas prácticas se normalizan, los grupos criminales empiezan a ocupar un espacio que corresponde exclusivamente a los ciudadanos: el de decidir quién puede competir por el poder.

El panorama resulta especialmente preocupante en departamentos como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena y Norte de Santander, que estuvieron entre los territorios afectados por la violencia contra liderazgos políticos durante las elecciones de 2023. Cada región tiene sus propias dinámicas, pero todas enfrentan un desafío fundamental: impedir que los actores ilegales interfieran en la participación democrática. Allí donde existen disputas por economías ilegales y control territorial, la presencia institucional debe garantizar que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus representantes.

La responsabilidad principal recae en el Estado. La Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional, la Fiscalía y las autoridades electorales deben trabajar de manera coordinada para identificar riesgos, atender las denuncias y establecer medidas oportunas. No todos los aspirantes necesitan el mismo esquema, pero todos deben tener acceso a una evaluación seria y a una respuesta proporcional a las amenazas que enfrentan. La protección no puede depender de la capacidad económica del candidato, de sus contactos políticos o de la presión mediática que logre ejercer después de recibir una intimidación.

La anticipación es determinante. Las autoridades deben establecer rutas de atención claras, fortalecer la presencia en los territorios de mayor riesgo y garantizar que las denuncias sean investigadas con diligencia. También deben existir mecanismos que permitan reaccionar cuando las condiciones de seguridad cambien durante una campaña. Un esquema de protección no puede convertirse en un trámite interminable mientras aumentan las preocupaciones por la seguridad de un aspirante.

La seguridad no puede seguir siendo una excusa para que las autoridades se pasen la responsabilidad unas a otras. Los alcaldes y gobernadores, como primeras autoridades de sus territorios, tienen que actuar; la Fuerza Pública debe prevenir y responder, y la justicia debe investigar y sancionar. Pero la ciudadanía tampoco puede quedarse de brazos cruzados. Quien conoce una amenaza, advierte movimientos sospechosos o tiene información que puede salvar una vida y guarda silencio, deja pasar una oportunidad de prevenir una tragedia. Denunciar a tiempo, incluso de manera reservada, puede marcar la diferencia. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, la defensa de la democracia exige decisión institucional y compromiso ciudadano. No podemos permitir que el miedo termine haciendo el trabajo de los violentos y decida quién puede aspirar a gobernar.

Miguel Castellanos tenía derecho a aspirar a la alcaldía de Cúcuta. Su familia tiene derecho a conocer la verdad y encontrar justicia. Y los ciudadanos de su municipio tienen derecho a elegir libremente a quien consideren más preparado para gobernarlos.

La protección de los aspirantes debe ser una prioridad desde ahora, con medidas diferenciadas según los riesgos de cada territorio y una coordinación efectiva entre las instituciones responsables. No podemos esperar a que se intensifique la campaña para reconocer una amenaza que ya ha dejado suficientes señales de alerta. Garantizar la seguridad de quienes aspiran a gobernar es defender el derecho de los colombianos a elegir en libertad y evitar que el miedo termine ocupando el lugar que le corresponde a la democracia.