Me da pena escribir por segunda vez en 15 días sobre el caso Yidis-Teodolindo. Pero es que me tiene muy impresionada porque desborda el sistema judicial. Las normas penales no alcanzan ni para procesar los eventos ocurridos ni a la cadena de gente vinculada, y hoy estamos ad portas de que tapone el sistema judicial.Por su fuero, los ministros y los altos funcionarios del gobierno deben ser investigados por la Fiscalía y directamente por el Fiscal General. Pero como el Fiscal está impedido por haber sido viceministro de uno de los inculpados por Yidis, la responsabilidad recae en el vicefiscal. La segunda instancia de este proceso recaería nuevamente en el Fiscal General, pero como, repito, está impedido, habría que nombrar un fiscal ad hoc, de una terna que enviaría el Presidente de la República. Pero como este también está impedido, porque el tema tiene que ver con su reelección, tendría que entrar directamente la Corte a nombrar a ese fiscal ad hoc.Pero ahí no para el motivo de mi profunda preocupación.En su columna de la semana pasada, María Ximena Duzán sostiene que el caso de Yidis Medina es mil veces más grave que el de Santiago Medina durante el proceso 8.000. Me parece inconducente comparar ambas 'gravedades'. Aquí lo que hay que analizar es si todo lo que está pasando hoy día es de alguna manera un coletazo del proceso 8.000 que, salvo contadas excepciones, fue una prueba de impunidad que convenció al país de que aquí podía pasar de todo sin que pasara absolutamente nada.Pasamos, pues, de financiar campañas políticas con dineros del narcotráfico, a hacer alianzas políticas con paramilitares asesinos y narcotraficantes. Si lo primero no había producido mayores consecuencias penales, ¿por qué tendría que producirlas lo segundo?El inconcluso caso del proceso 8.000 fue el germen de una clase política convencida de que está protegida por un paraguas de impunidad. Quién sabe cuántos yidis y teodolindos más aceptaron favores del gobierno para dar el sí a la reelección. Nunca lo sabremos.¿Y por qué nunca lo sabremos? Porque hubo un magistrado de la Corte Constitucional que cuando la Corte Suprema de la época andaba investigando si el gobierno Samper había comprado con prebendas clientelistas el voto a favor de la preclusión de su proceso, aceptó una tutela que pretendía proteger la inviolabilidad del voto parlamentario, aunque existieran graves indicios de la ocurrencia de un cohecho.Ese magistrado fue Carlos Gaviria Díaz, actual presidente del Polo, cuyos miembros no ocultan su entendible indignación por el caso Yidis-Teodolindo.Pero entonces, que los del Polo no se despeluquen tanto. En la época a la que me refiero, la Corte Suprema había llamado a indagatoria a cerca de 50 congresistas con el objeto de establecer si el voto a favor de Samper había sido motivado por favores burocráticos y hasta dineros públicos. Entre ellas figuraba la entonces congresista Vivianne Morales, a quien se le había nombrado un familiar muy cercano en un cargo consular en Nueva York. Muy hábilmente, la congresista Morales se hizo asesorar del entonces ex magistrado Jorge Arango Mejía, para presentar una tutela que sostuviera la tesis de que preguntarle a un congresista si le habían comprado el voto era equivalente a irrespetar la inviolabilidad de su voto, principio protegido por la Constitución en el artículo 185.Por mandato de la Corte Constitucional y con ponencia favorable de Carlos Gaviria Díaz y dos o tres salvamentos de voto, la Corte Suprema jamás pudo culminar la investigación que había iniciado contra esos congresistas, y los protegió con el manto de la irresponsabilidad absoluta.La doctrina Gaviria dejó sentada la tesis de que el voto es inviolable aunque su sentido haya sido motivado por un cohecho o un prevaricato.Pero ese principio constitucional de la inviolabilidad no está consagrado para tapar este tipo de delitos. Está inventado para garantizar precisamente lo contrario: que el congresista pueda votar sin temores o apremios de tener que revelar la motivación política del mismo. ¿Qué sucederá con los otros congresistas que pudieran haber cometido la misma conducta de Yidis y Teodolindo? Adivinen: nada.Nada, porque cuando era magistrado, el señor Carlos Gaviria Díaz impidió que los magistrados de la Corte Suprema pudieran saber si a Vivanne Morales le agradecieron su voto a favor de Samper con un cargo diplomático, o si al señor Heyne Mogollón le premiaron su actuación como representante-investigador llenándole sus bolsillos con platica para su región. ?ENTRETANTO… ¿Que será lo que carga Teodolindo Avendaño en la chuspa con la que siempre aparece ante las cámaras de la televisión?