A veces parece que el país olvidara que hace solo un año fue asesinado a sangre fría un candidato presidencial. Miguel Uribe Turbay recibió un disparo en medio de un acto de campaña, ante los ojos de todos. A pesar de que luchó durante dos meses por su vida, este senador de tan solo 39 años murió de la misma forma infame en que había sido asesinada su madre cuando él solo tenía 4 años.

En un país que no estuviera anestesiado por la violencia como este, la muerte de Miguel Uribe habría puesto en jaque a cualquier Gobierno. Que un candidato presidencial y senador haya sido asesinado en plena campaña habría costado, al menos, la cabeza del encargado de responder por su seguridad, el entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez. Pero, más allá de trinos de condolencias destemplados, el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro no exigió ninguna responsabilidad a sus funcionarios por las fallas en la seguridad de un candidato cuya familia y abogado aseguran que había pedido reforzar su protección en 23 ocasiones.

La captura del menor que le disparó a Miguel Uribe y de los demás implicados, ya condenados o sancionados, ha hecho que muchos crean que este caso está resuelto. Pero lo cierto es que todavía no se sabe quién ordenó asesinarlo.

El adolescente fue el autor material. Élder José Arteaga, alias el Costeño, coordinó el operativo criminal y fue condenado a 26 años y tres meses. Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, fue el enlace entre quienes habrían ordenado el crimen y quienes lo ejecutaron. Recibió 22 años y cuatro meses. Pérez aseguró que quien lo contactó fue Kendry Téllez, alias Yako, y que la orden provenía de la Segunda Marquetalia.

Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, recogió y transportó el arma utilizada en el atentado y fue condenada a 21 años y dos meses. Carlos Eduardo Mora González condujo uno de los vehículos utilizados en la operación. William Fernando González, alias el Hermano, facilitó la huida de Arteaga y Martínez y recibió 21 años y nueve meses. Harold Daniel Barragán fue condenado a 21 años y cuatro meses: la Fiscalía estableció que participó en la selección del adolescente que disparó. Estos son los condenados.

Hasta ahora, y a partir de la confesión de Simeón Pérez, el nombre que aparece como el determinador de este magnicidio es el de Zarco Aldinever.

José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, fue un comandante histórico de las Farc y luego uno de los hombres importantes de la Segunda Marquetalia. Tras el acuerdo de paz de 2016 se acogió al proceso y coordinó la zona veredal de Mesetas, Meta. Dos años después abandonó el acuerdo y volvió a las armas junto con Iván Márquez.

En 2024, el Gobierno Petro lo reconoció oficialmente como representante de la Segunda Marquetalia en los diálogos de paz y su orden de captura fue suspendida. La mesa con ese sector se fracturó en noviembre de 2024, pero la orden de captura de Aldinever solo se restableció el 17 de julio de 2025. El atentado contra Miguel ocurrió el 7 de junio de 2025, cuando Aldinever, que se cree estaba refugiado en Venezuela, caminaba libre sin requerimiento judicial.

Nadie ha podido establecer judicialmente si realmente fue Aldinever quien ordenó asesinar a Miguel Uribe ni por qué. Según dijo el entonces comisionado Otty Patiño, Aldinever habría sido asesinado por el ELN y su cuerpo arrojado al río Arauca. Incluso sobre su muerte han existido versiones contradictorias.

Pero esta semana María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe, reveló una información profundamente preocupante. Según explicó, recibió unos chats dos meses antes del atentado contra su esposo. El mensaje aseguraba que se preparaba un ataque contra Miguel Uribe o Paloma Valencia: “Marcos Calarcá está organizando a ocho bandidos para ir a cometer el atentado”, leyó Tarazona. Según quien le informaba, el crimen se estaba organizando en Caquetá y la información provenía de una fuente muy cercana. Y sentenciaba: “La orden salió del Senado”.

La información es gravísima. Primero, porque menciona directamente a Marcos Calarcá, nombre de guerra de Luis Alberto Albán, quien para el momento del atentado era representante a la Cámara por Comunes, gracias a una de las curules surgidas del acuerdo de paz con las Farc. Segundo, porque, si estos mensajes son veraces, se tenía conocimiento desde antes de la intención de matar a Miguel Uribe y ni la Fiscalía ni el Gobierno de Petro hicieron nada para evitarlo.

Tarazona entregó desde el primer momento estas comunicaciones a la Fiscalía. Según ha dicho, incluye fotografías, nombres y la identificación de la persona que supuestamente tenía la misión de organizar el ataque, además de la afirmación de que el dinero para financiarlo venía de Venezuela.

La pregunta inevitable es: ¿quién realmente mandó matar a Miguel Uribe? ¿No le cabe responsabilidad a la UNP y a su entonces director, Augusto Rodríguez, por las fallas de protección de un senador que, además de tener una amenaza explícita, había pedido en 23 ocasiones reforzar su seguridad?

Luis Alberto Albán, el excongresista, ha negado rotundamente cualquier responsabilidad. Comunes sostiene que se trata de una campaña de “ataques, desinformación, estigmatización y falsas acusaciones” contra los firmantes de paz. Albán ha dicho que está dispuesto a atender cualquier requerimiento de las autoridades y anunció, junto con otros excongresistas, acciones legales para defender su honra y buen nombre.

El crimen de Miguel Uribe Turbay tuvo un enorme impacto político. Es claro que se buscaba desestabilizar las elecciones, generar zozobra y golpear al Centro Democrático en su corazón. El país tiene la obligación de exigir saber quién dio la orden de asesinarlo.

La fiscal Luz Adriana Camargo no puede ser inferior a esa responsabilidad. A Miguel ya le fallaron en vida. No pueden fallarles ahora a su familia ni a la necesidad de justicia y verdad que exige el país.