Dentro del pensamiento y los planteamientos sociopolíticos de Petro-Cepeda, claramente se encuentran varios rasgos que los asemejan al modelo neofascista. El primero de ellos es que una constituyente (idea que no han abandonado, simplemente postpuesto) les daría un peso privilegiado y desproporcionado a “sectores sociales”, dejando de lado el concepto tradicional que, ante la ley, todos los ciudadanos somos iguales. Detrás de este corporativismo, Petro y Cepeda esconden una idea tan peregrina como peligrosa: que el ciudadano ya no vale por ser ciudadano, sino por pertenecer a un cuerpo organizado, a un sector, a un gremio, a una etnia, a una central, a una causa, a una multitud debidamente certificada por quienes reparten el poder. En las sociedades corporativistas como la que proponen Petro–Cepeda, el riesgo gigantesco es que sean ellos mismos los que decidan cuáles sectores cuentan, quién los representa, quién habla por ellos y quién queda reducido al silencio por no pertenecer a la corporación correcta. El ciudadano empieza a desaparecer cuando constitucionalmente es en la cúpula del gobierno en donde se decide quién representa a quién.

Por otra parte, está el tema de la intimidación, estrategia fundamental del neofascismo. ¿Cuándo es que estamos hablando de esta intimidación? Cuando el megáfono presidencial se pone al servicio de la presión callejera. Cuando el Ejecutivo, con presupuesto, tarima, símbolos oficiales y aparato comunicativo, sugiere que la legitimidad verdadera está en la plaza y no en las reglas constitucionales. Esa fórmula siempre suena heroica hasta que uno recuerda que las instituciones existen precisamente para que el país no sea gobernado por las turbas. Como lo señalaba recientemente un analista, Petro “apela al ‘pueblo’ como si fuera una masa única, moralmente superior, y como si las instituciones representativas fueran obstáculos ilegítimos cuando no aprueban sus reformas. Esa es una maniobra peligrosa porque convierte el desacuerdo democrático en traición”.

En una democracia, la línea roja no es querer que continúe un proyecto político; la línea roja es no aceptar la derrota o preparar a la opinión pública para desconocerla. Es esto lo que ha hecho Petro desde la primera vuelta y ahí es donde hay que poner toda la atención. Cuando la prestigiosa revista The Economist hace unos años le preguntó a la exsecretaria de Estado de EE. UU., Madeleine Albright (autora del libro Fascismo: una advertencia), ¿qué es el fascismo?, ella contestó: “No existe una definición consensuada, lo cual quizá explique por qué el término se usa de forma tan indiscriminada. En mi libro, el fascismo no es una ideología de izquierda, derecha o centro, sino más bien una forma de tomar y consolidar el poder por parte de un individuo o partido que afirma actuar en nombre de una nación o grupo. Para merecer esa etiqueta, los protagonistas deben estar dispuestos a usar la violencia y cualquier otro medio necesario para alcanzar sus fines. El fascismo es profundamente antidemocrático, aunque un gobierno fascista pueda llegar al poder mediante un proceso democrático”.

El fascismo moderno aparece jurando que solo necesita poderes excepcionales por un tiempo y entra explicando que los jueces son corruptos, que el Congreso es inútil, que la prensa está vendida, que los expertos son elitistas, que los opositores odian la patria. Entra con bandera, himno, indignación y una lista de traidores convenientemente actualizable. Y una vez en el poder, raramente lo abandona. Pueden intentar disfrazarlo como quieran, pero la realidad es que quienes buscan abolir o limitar gravemente los contrapesos, como Petro y Cepeda, lo que tienen en mente es un proyecto de corte fascista. Cepeda lo ha dejado claro: en el muy, muy remoto caso de llegar al poder, lo primero que haría sería promover una reforma política para abolir el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral, dos de los principales baluartes de nuestra Constitución. ¿No es esto una de las principales características de un proyecto neofascista?