Medellín no puede renunciar al turismo. Sería un absurdo. Genera empleo, mueve la economía, proyecta la ciudad y les ha dado ingresos a miles de familias. Eso no se discute.
Lo que sí se discute —y con toda la razón— es si vamos a entregarle el ordenamiento territorial a las plataformas y a dejar que el mercado decida por sí solo qué barrio sigue siendo para vivir y cuál se convierte en un hotel de paso. Eso no es libertad. Es desorden.
Ese es el debate real del Plan de Ordenamiento Territorial que hoy estudia el Concejo de Medellín. No se trata de prohibir la vivienda turística. Se trata de regularla. Regular es lo que hace cualquier ciudad ordenada: definir dónde puede funcionar una actividad, bajo qué condiciones y con qué responsabilidades frente a los vecinos.
Han querido presentar esto como una pelea entre la libertad económica y los enemigos del turismo. Es falso. Medellín no tiene que escoger entre turismo y vivienda. Puede y debe tener ambos. Pero cuando el negocio de corta estancia choca con el derecho de una familia a descansar, a pagar un arriendo justo y a saber quién entra y sale de su edificio, la prioridad es clara: primero nuestra gente.
En Medellín pasamos de 521 prestadores inscritos en el registro nacional de turismo en 2019 a 8.322 en 2026, que representan más de 40.000 camas, incluso más de las que suman en el sector de los hoteles, hostales y apartahoteles, y de esas viviendas, aproximadamente 2.300 están ubicadas en sectores predominantemente residenciales. Mientras tanto, existe un déficit habitacional de más de 156.000 hogares y, entre 2015 y 2025, apenas se ofertaron 15.000 viviendas de interés social y prioritario. Nadie serio sostiene que una plataforma explique por sí solo toda la crisis de vivienda. Pero tampoco nadie serio puede negar que sacar unidades del mercado residencial para ponerlas a rotar cada tres noches aumenta la presión sobre quienes ya viven con enormes dificultades.
Y no se trata de perseguir a la familia que arrienda una habitación. Hay una diferencia enorme entre el anfitrión que vive en su casa y el operador que administra decenas de apartamentos. Un estudio citado en el debate local muestra que los propietarios con cinco o más unidades representan apenas el 8,5 % del total, pero concentran el 41 % de las unidades. Proteger al pequeño propietario no puede convertirse en la puerta de entrada para dejar sin control un negocio cada vez más concentrado.
El POT no está inventando una prohibición. La vivienda turística independiente ya no está permitida en las zonas de baja mixtura, donde predomina el uso residencial. Lo que se busca es precisar la regla, hacerla cumplir y concentrar el crecimiento donde la ciudad sí tiene capacidad: zonas de media y alta mixtura, corredores de transporte y áreas con vocación definida. El turismo tiene espacio. Lo que no tiene es carta blanca para comerse los barrios.
La propia simulación de la Administración habla de una capacidad normativa para hasta 179.521 nuevas unidades en las áreas habilitadas, en más de 16.000 lotes potenciales. Eso desmonta el cuento de que Medellín quiere cerrarles la puerta a los visitantes. Lo que no quiere es que la presión turística siga expulsando vivienda, aumentando el ruido, rompiendo la convivencia y transformando, de un día para otro, el entorno residencial.
Detrás de cada queja por ruido hay una familia que no puede descansar. Detrás de cada edificio convertido en alojamiento de paso hay vecinos que perciben inseguridad dado que ya no saben quién entra y sale. Detrás de cada apartamento que deja de ser un arriendo de largo plazo hay una madre que ya no puede vivir cerca del colegio de sus hijos o de su lugar de trabajo.
Por eso, este debate tiene que darse de frente. Las plataformas, los gremios, los propietarios y los operadores tienen todo el derecho a defender sus intereses. Pero deben hacerlo ante la ciudadanía. No es aceptable que el futuro urbano de Medellín se defina mediante presiones opacas, estudios sin claridad sobre quién los financia o cabildeos cuyos promotores no dan la cara en público.
Se nota que ya empezó la campaña a la Alcaldía de Medellín. Y si hay políticos dispuestos a poner el interés de unos pocos por encima del de la inmensa mayoría, también hay que ponerlos en evidencia. Que hagan el lobby de frente. ¿Quién financia toda esta campaña? La gente tiene derecho a saberlo. Que la ciudadanía mantenga los ojos bien abiertos.
El Concejo tiene que tramitar esto con rigor: revisar la cartografía, precisar las zonas de media mixtura, dar seguridad jurídica a quienes han actuado de buena fe y fijar transiciones claras. Debe distinguir, de una vez por todas, entre quien comparte su vivienda y quien convierte inmuebles residenciales en un negocio profesional de alojamiento.
Pero no perdamos el norte. El POT existe para ordenar la ciudad en función del interés general. La propiedad privada está protegida por la Constitución y debe seguir estándolo. Nadie le va a quitar a nadie lo que es suyo. La libre empresa se defiende. Lo que no se defiende es trasladarles a los vecinos el costo de un negocio sin reglas.
Llamar ‘socialismo’ a regular dónde puede funcionar una actividad es un absurdo. Regular no es prohibir. Ordenar no es atacar el turismo. Defender la vivienda familiar no es estar contra la inversión.
Medellín puede seguir abierta al mundo. Debe seguir estándolo. Pero no a costa de expulsar, en silencio, a quienes la construyeron y la habitan todos los días.
Primero la gente de Medellín.