Hablar de salud en Colombia no se limita a contar con hospitales, acceso oportuno a citas médicas o medicamentos, se trata de garantizar un derecho fundamental, de proteger lo esencial, la vida. Actualmente el sistema de salud atraviesa serias dificultades: problemas con el flujo de recursos, deudas acumuladas, medidas de intervención que no logran corregir los problemas estructurales y, en este caso, el riesgo, además de financiero, se convierte en una amenaza para la continuidad y la calidad en la atención de millones de usuarios.

Para la Contraloría General de la República ha sido prioritaria la vigilancia y el control fiscal a los recursos que se destinan y gestionan en el sector de la salud. En el marco de este trabajo, se ha venido advirtiendo acerca de la ineficacia de las intervenciones a las EPS, que lejos de registrar una recuperación patrimonial han profundizado su situación de insolvencia y deterioro financiero.

A esto se suma la sobrecarga de la red pública hospitalaria: de los procesos de liquidación revisados para 11 EPS entre 2019 y 2024, de un monto inicial de cuentas por cobrar de 3,05 billones de pesos, solo se materializó un recaudo efectivo de 186.000 millones, equivalentes al 6,07 por ciento, lo que afecta directamente a proveedores de servicios y trabajadores del sector.

Un aspecto que sigue generando gran preocupación para la Contraloría es el constante aumento de las acciones judiciales relacionadas con la garantía del derecho fundamental a la salud. Entre 2024 y 2025, el número de tutelas se incrementó en un 18 por ciento, al pasar de 265.173 a 312.573, lo que evidencia un incremento de las barreras de acceso a los servicios de salud. Este comportamiento constituye un indicador de las dificultades estructurales que continúan afectando la garantía del derecho fundamental a la salud.

De manera adicional, las peticiones, quejas, reclamos (PQR) presentadas ante la Superintendencia Nacional de Salud registraron un incremento del 27 por ciento en 2025 frente a 2024, pasando de 1.618.140 a 2.061.661. Este comportamiento constituye una señal de alerta sobre el deterioro en la experiencia de los usuarios y refleja la persistencia de deficiencias en la oportunidad, continuidad y calidad de la atención en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El acceso a los medicamentos es también uno de los factores más sensibles en el sector, donde la cartera de 29 EPS asciende a 2,85 billones de pesos con los operadores farmacéuticos. Cuando el sistema no paga a tiempo, la consecuencia puede ser una fórmula no entregada, una terapia interrumpida o una complicación evitable.

Este panorama ha llevado a la Contraloría a realizar advertencias a la Superintendencia Nacional de Salud, que deben entenderse como un llamado preventivo y no como una controversia institucional. Su propósito es proteger los recursos de la salud y servir como herramienta para prevenir posibles daños y afectaciones a los usuarios.

La crisis de la salud no admite medidas inmediatistas, requiere acciones de salvamento que se tomen con estricta responsabilidad financiera y normativa. La prioridad debe ser corregir las fallas para evitar más deuda, más tutelas, más barreras para los pacientes y más muertes injustificables.

Defender la salud exige rigor técnico, disciplina fiscal y pensar primero en las personas. Cuidar los recursos, en últimas, es cuidar la vida y por eso ambos son sagrados.