Salvar a Ecopetrol demanda, desde el Gobierno de De La Espriella, reemplazar la administración, particularmente la Junta Directiva, como ya lo anunció, y, sobre todo, corregir la estrategia. Es necesario poner el foco en el negocio original de hidrocarburos, abrir la puerta a la exploración y producción no convencional (fracking) y determinar con claridad en qué áreas la empresa y otras operadoras lo pueden hacer, a partir de criterios técnicos y no del mito político-ambiental.
Mantener en la Junta a los miembros que se apartaron de la visión de la administración anterior, al oponerse a la venta del Permian en Texas, y que marcaron su independencia de las decisiones erradas del Gobierno, como lo hicieron el actual presidente de la Junta, Luis Felipe Henao, y el representante de los trabajadores, César Loza, es una señal de que se busca fortalecer la empresa y de que las decisiones empiezan a ser guiadas por lo que le convenga a la compañía, no por un mensaje político. La USO, su principal sindicato, hizo lo propio al prender las alertas y pedir el relevo de Ricardo Roa.
Establecer el plan de negocios sobre hidrocarburos con metas definidas y redireccionar las inversiones hacia la búsqueda de nuevas reservas entrega un mensaje claro sobre el futuro, puesto que de las inversiones que se ejecuten hoy dependerá la producción de los próximos años. Agregarle a ese plan credibilidad en la administración y una gobernanza transparente permite confiar en que la empresa recuperará el rumbo haciendo lo que sabe hacer.
Para el país es muy importante que Ecopetrol esté bien administrada y tenga una estrategia clara para garantizar la continuidad de su negocio principal —producción, transporte y refinación—, desde donde se genera el 82 % del Ebitda.
El valor de Ecopetrol no es solo comercial; la empresa tiene un valor estratégico. Por un lado, están los ingentes aportes a la Nación, con transferencias anuales que promedian los $25 billones (1,2 % del PIB). Por el otro, produce el 65 % de la oferta local de hidrocarburos, es el único refinador, el principal transportador de crudo y refinados, realiza el 30 % de las exportaciones del país y controla, a través de ISA, el 75 % del transporte de energía eléctrica nacional. En resumen, la seguridad energética del país depende en buena medida de Ecopetrol y de su funcionamiento.
En contraste, en los últimos cuatro años, el mensaje que la administración y el Gobierno nacional enviaron fue el de un cambio de foco y un desplazamiento del negocio original. Hablaron de terminar la producción de hidrocarburos (gas y petróleo), de no suscribir nuevos contratos, de vender el Permian, que aporta el 15 % de la producción, y de enfocar los esfuerzos en energías renovables, aun sin ajustar el marco regulatorio para que la empresa fuera un jugador importante en la generación de energía.
Además, las controversias judiciales alrededor del expresidente de la compañía Ricardo Roa y la sombra de eventuales sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos deterioraron la credibilidad de la administración y el funcionamiento del gobierno corporativo para distinguir entre empresa con propiedad mayoritariamente estatal y una compañía administrada por el gobierno con más agenda política que empresarial.
Esas situaciones se vieron reflejadas en el precio de las acciones, que derrapó desde $3.600 en 2022 hasta mínimos de $1.600 en noviembre de 2024, y en los mayores rendimientos de los bonos, lo que significa desvalorización. Esto ocurrió a pesar de las coyunturas derivadas de la guerra de Rusia contra Ucrania y la de Estados Unidos con Irán, que llevaron los precios del Brent a máximos de US$120 por barril. Sin embargo, el precio de las acciones no logró recuperar los niveles previos porque, ante la falta de credibilidad en el plan de negocios de la empresa y en su administración, los inversionistas mantuvieron la cautela o liquidaron posiciones.